Las últimas dos columnas publicadas en éste diario han provocado múltiples respuestas, tanto en las redes sociales como de parte de las autoridades del Estado, aunque sólo se refirieron al ejercicio de un derecho constitucional ciudadano sobre la revocación de mandato, así como en referencia a los actos violentos en Sinaloa y en todo el País, sobre lo cual pareciera que el Estado no tuviese alguna solución viable, aunque fuese de atenuar un poco esta especie de “guerra interior” entre delincuentes y contra el Gobierno.
Aquí en Sinaloa el problema es mucho mayor, lo que ha generado la pérdida de confianza en las autoridades responsables de proporcionarnos seguridad y tranquilidad a la sociedad sinaloense.
A pesar de que durante varios días se estuvo anunciando la llegada de cientos de soldados, algunos de élite y con armamento pesado, sin embargo, a pesar de esos anuncios sobre refuerzos militares, la violencia sigue en Sinaloa y hasta parece aumentar:
El periódico Noroeste publica el 27 de octubre que entre viernes y sábado hubo 25 muertos, la mayoría de ellos en Culiacán, pero igualmente los ha habido en Mazatlán y en el sur del Estado. Ya el propio titular de Sedena, General Ricardo Trevilla Trejo, reconoce que “la actual ola de violencia en Sinaloa se debe a la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada”.
Esta violencia se acerca ya a una especie de terrorismo, puesto que no sólo es una lucha intestina entre grupos de delincuentes, sino que atacan al Ejército, asesinan soldados, usan “coches bomba”, se apoderan de poblados, bloquean carreteras, secuestran, desaparecen gente, expulsan a maestros y alumnos de las escuelas y lo hacen con total impunidad; vale la pregunta: ¿cuántos asesinatos y actos violentos se han investigado, aclarado, enjuiciado y castigado?, realmente muy pocos.
Las extrañas circunstancias en que se dio el secuestro de “El Mayo” Zambada es lo que ha provocado esta especie de “genocidio” entre los grupos principales del Cártel de Sinaloa, entre la gente de “El Mayo” y los de “El Chapo” Guzmán; ni el Gobierno federal sabe cómo fue que “Los Chapitos” traicionaron a su eterno jefe “El Mayo”, lo amordazaron, lo subieron a un avión y se lo llevaron a Estados Unidos, tal vez con la complicidad y la intervención de la DEA o de alguna otra autoridad de Estados Unidos.
Pero además, todo se complicó cuando en el mismo acto aparece asesinado el ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del PAS y que estaba en conflicto con el Gobernador, quien además se vio envuelto en el llamado “montaje” en el que se trató de explicar que “la muerte de Cuén fue en un auto en una gasolinera, en donde le habrían disparado, llevándolo herido a una clínica en donde finalmente falleció”.
El propio “Mayo” Zambada, en una carta firmada por él mismo, denunció que acudió a la cita donde lo secuestraron porque estarían ahí el ex Rector Cuén y el Gobernador, para “arreglar sus diferencias”; aunque el Gobernador ha explicado que él había salido fuera del estado esos días.
Las diferencias entre Melesio Cuén y el Gobernador, además de por cuestiones políticas, está la cuestión del control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no sólo por el rico presupuesto sino por la fuerza política que significan los miles de maestros, de alumnos y de trabajadores administrativos; el mismo Gobernador fue Rector y sabe mucho de lo que significa la UAS como fuerza política.
Así pues, la violencia incontenible, la incompetencia de la autoridad, las inexplicables circunstancias del secuestro del máximo jefe del Cártel de Sinaloa y la lucha por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha ocasionado la pérdida de confianza en el Gobernador y en su equipo, y por todo ello ha habido ciudadanos que han solicitado se aplique la nueva Ley de Revocación de Mandato, Ley que fue promovida a nivel federal por el ex Presidente López Obrador y que también fue propuesta y firmada por el propio Gobernador y aprobada por el Congreso del Estado. Ante todo esto, un grupo de ciudadanos han recurrido a esa ley para manifestar su descontento por la deficiente y sospechosa actuación de las autoridades del Estado. En medio de este desorden han quedado tanto la sociedad sinaloense como el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Ejército, el PAS y hasta autoridades federales, y por eso muchos ciudadanos han perdido la confianza en el Gobernador.
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