Con la corrupción pasa un fenómeno particular. Sabemos que está ahí, que no se ha acabado, lo vemos cuando destellan en el foco mediático casos particulares como la contratación de empresas fantasma por parte de instituciones municipales y el abuso de un cargo para celebrar eventos privados en lugares públicos -por mencionar algunos-. Sin embargo, a pesar de que es un problema que preocupa a la ciudadanía, la corrupción puede persistir como el elefante en la sala que está presente, pero no hacemos nada para moverlo.
Los datos más recientes del INEGI señalan que, de 2013 a 2023, aumentó la prevalencia de la corrupción de 12.1 a 14 por ciento. También, por ejemplo, el porcentaje de víctimas de la corrupción por trámites a nivel municipal ha alcanzado su cifra más alta desde 2013: 16.5 por ciento. Otras mediciones, como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, indican que México es un país altamente corrupto. A pesar de esto, las consecuencias de cometer actos de corrupción alcanzan a muy pocos responsables y los casos muy graves parecen no afectar la popularidad de los encargados de combatir este problema.
Esto sucede porque solemos pensar que la corrupción es de todos y de nadie -“somos corruptos culturalmente”, afirmó una vez algún gobernante-. En el momento de enfrentar la sanción, se diluyen las responsabilidades o se intenta matizar la gravedad: “robé, pero robé poquito” o “no estaba al tanto de...”. Tenemos miles de ejemplos en la vida pública nacional. Y así dejamos pasar colectivamente la deshonrosa impunidad; a todos nos indigna la corrupción, pero no exigimos necesariamente la sanción y su combate efectivo.
En términos generales, no es viable ser un estado o un país competitivo sin enfrentar efectivamente la corrupción. ¿Cómo podríamos atraer la mayor inversión y talento posible en un contexto de ‘mordidas’, extorsión institucionalizada e incentivos de mercado distorsionados por la corrupción?
Por ejemplo, en las compras públicas a nivel federal, se observan riesgos de corrupción considerables. De acuerdo con la edición 2024 del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) del IMCO, se mantienen irregularidades como el uso sin justificación de adjudicación directa y la contratación con empresas sancionadas (2 mil 506 millones en contratos solo en 2023) que afectan la competencia y la efectividad de la contratación pública. Además, a nivel federal existe un subreporte en la plataforma Compranet que supone un escenario de opacidad: en 2023 no fue posible conocer el tipo de procedimiento de más de 13 mil contrataciones.
Millones de recursos públicos son gastados a través de malas prácticas que han derivado en hechos de corrupción. En el caso Segalmex, por ejemplo, la primera señal de alerta fueron cientos de millones otorgados sin licitar, así como la adjudicación directa a empresas fantasma. También, en el caso en el que murió una niña por falta de mantenimiento en un elevador del IMSS, había señales de que era una empresa con malas prácticas en contratos públicos.
Para que la corrupción deje de causar los efectos negativos en la economía y en el sistema político es necesario que superemos la paradoja según la cual la corrupción nos indigna muchísimo, pero no lo suficiente para levantarnos de nuestra comodidad -así sea solo para votar- y sancionar a quienes han hecho parte de grandes desfalcos. Sólo así podremos salir del eterno retorno de la corrupción sin fin.
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La autora es Natalia Campos (@nataliacampos7), coordinadora de Administración Pública del @imcomx.
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