En el ámbito de las finanzas personales, un consejo que escuchamos comúnmente es: “No gastes el dinero que no tienes”. Salvo que invirtamos en activos o en casos de emergencia, es fundamental mantener un equilibrio entre nuestros ingresos y gastos para evitar caer en un sobreendeudamiento.
Esta máxima financiera, que nos aplica tanto a los individuos como a los hogares en nuestro día a día, vale también -con sus matices- para los gobiernos, que enfrentan restricciones presupuestales a las que deben sujetarse, en mayor o menor medida, en aras de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas.
No obstante, en contra de la sabiduría popular y la ortodoxia macroeconómica que ha prevalecido en México desde finales de la década de los 80, en los últimos nueve meses de la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector público federal ejerció recursos significativamente mayores a los disponibles.
Según la edición más reciente del reporte “Hacienda en la Mira” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre los meses de enero y septiembre de 2024, el sector público obtuvo ingresos por 5.62 billones de pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 6.71 billones. Esto significa que, por cada 100 pesos de ingresos, ejerció 119 pesos: 19 por ciento más.
Este nivel excesivo de gasto se tradujo en el mayor desequilibrio registrado entre ingresos y gastos para un periodo enero-septiembre desde, por lo menos, 1990. Durante este periodo, el déficit presupuestal fue de 1.08 billones de pesos: monto 55 por ciento mayor, en términos reales, al observado en el mismo lapso de 2023 (667.1 mil millones de pesos).
Para cubrir este déficit, el Gobierno recurrió a un mayor endeudamiento, por lo que el saldo de la deuda pública se incrementó en 2.65 billones de pesos, 14 por ciento en términos reales, en tan solo nueve meses: de 15.09 billones de pesos en diciembre de 2023 a 17.74 billones en septiembre de 2024.
Este aumento de la deuda no sólo carece de justificación al no destinarse exclusivamente a inversión en infraestructura, sino que ocurre en un contexto de altas tasas de interés y calificaciones crediticias relativamente bajas, las cuales reflejan la ya limitada capacidad del Gobierno mexicano para hacer frente a sus obligaciones financieras. Actualmente, por ejemplo, las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s sitúan la calificación soberana de México entre uno y dos niveles por encima del grado especulativo.
Ante este panorama, la primera Presidenta de México enfrenta el desafío de ajustar el desequilibrio fiscal que heredó de su predecesor, ya sea a través de una reforma fiscal que incremente los ingresos públicos o mediante un recorte al gasto que afecte la provisión de bienes y servicios a la población.
La magnitud del ajuste, que conoceremos a más tardar este 15 de noviembre, cuando la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2025 al Congreso, enviará una señal clara a los mercados, a las agencias calificadoras y a la ciudadanía sobre el compromiso, o no, de su administración con la disciplina fiscal. Entonces sabremos si el significativo desbalance en las finanzas fue tan solo un desliz de la administración anterior o si marcará la pauta del nuevo gobierno, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
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El autor es Diego Díaz Pérez (@Diego_DiazP), coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.
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