La sabiduría popular dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esta frase refleja la realidad como la vieron los filósofos pragmáticos, donde lo que importa no son las aspiraciones internas sino el efecto de las acciones que se llevan a cabo. Las buenas intenciones nunca han resuelto un problema público serio sin una estrategia de implementación adecuada. Y en este caso, no se ve claro cómo se pueda implementar correctamente el ambicioso libreto para el regreso a clases que la Secretaría de Educación Pública ha publicado recientemente.
Dicho documento explica los principios rectores del regreso a clases, su sustento jurídico, las etapas que se sucederán para recuperar la actividad escolar y cuál es el marco de gobernanza que deberá seguirse a nivel local para lograr “un regreso presencial a clases seguro y controlado, con medidas sanitarias, por medio de los 32 sistemas estatales”. (Comunicado Conjunto no. 15).
Por una parte, el documento denota un trabajo serio de documentación y consulta sistemática de la generosa literatura respecto al regreso a clases que se ha generado a nivel internacional. Y por otra, transmite una preocupante sensación de liviandad respecto al nivel del conocimiento que se tiene del sistema educativo nacional y de su capacidad para llevar a cabo las recomendaciones que se señalan. Y es en el “detalle” a veces minimizado y otras ignorado de la implementación, que se esconde el diablo, como dice Michael Fullan.
Lo digo primero en palabras simples, para no despistar al lector con tecnicismos. El documento básicamente busca traspasar a docentes y directores, la responsabilidad de que el regreso a las escuelas cristalice un sistema educativo a la finlandesa (o elija usted el sistema educativo ejemplar de su preferencia). Pero no explica con suficiente detalle ni de manera concreta, qué apoyos técnicos y económicos se estarán desplegando y ofreciendo a las escuelas para generar las capacidades necesarias para implementar ese mejor sistema al que debiéramos regresar.
El reporte habla, por ejemplo, de la importancia de asegurar vías de comunicación y participación efectivas para la comunidad escolar durante la reapertura de escuelas. También plantea la posibilidad de utilizar el verano y horarios escolares extendidos con un propósito de restitución de los aprendizajes. Y desarrolla aspectos que desde Mexicanos Primero Sinaloa también hemos sabido reconocer como claves: priorización curricular y lograr una gobernanza intersectorial del proceso de regreso a clases.
Sin embargo, la principal debilidad del documento radica en centrar la construcción de capacidades requeridas para la implementación de la estrategia en mecanismos que la evidencia actual considera de alcance limitado, tales como entrega de materiales y cursos en línea. Aunque hoy sabemos que en los sistemas educativos que mejoran, una de las claves del desarrollo continuo sea construir comunidades de práctica y aprendizaje profesionales, la estrategia de la SEP no explica en ningún momento cómo se apoyará a las escuelas en establecer relaciones de colaboración e innovación mediante la guía del Servicio de Asesoría y Acompañamiento, del que forman parte supervisores, jefes de sector y otras figuras.
Y más preocupante aún resulta que en el documento se acepta que hoy, el sistema educativo nacional navega a ciegas. Pues a la fecha, sólo se cree, que el problema de abandono en educación básica no sería tan grave como en media superior, pero no se dispone de información confiable con la cual analizar su propio desempeño y progreso. Preocupa, ver a la principal autoridad educativa del país tener que adivinar la magnitud de sus problemáticas. Y preocupa verla pensar que, sólo por declararlo, todas las escuelas en México tengan de pronto la capacidad de ser un refugio de bienestar socioemocional y un oasis de aprendizaje.
Augusto Monterroso nos regaló décadas atrás un provocador microrrelato acerca de cómo ciertos problemas persisten, aunque nosotros soñemos siempre con lo contrario. A pesar de las buenas intenciones, dinámicas de exclusión e injusticias estructurales en el sistema educativo mexicano que la pandemia ha empeorado no desaparecerán por la publicación de recomendaciones en un manual. Volver a una escuela pública más justa, que verdaderamente garantice el derecho a aprender, requiere construir efectivamente las capacidades que permitirán implementar una estrategia nacional de mejora educativa gradual y progresiva. No basta sólo con cerrar los ojos y pedir a las estrellas un sistema educativo a la Finlandia.
