La negligente indecisión en Carnaval. Importa la vida humana, no la fiesta
Desde el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hasta el Gobernador Rubén Rocha Moya deberían de darse un espacio para pensar en los habitantes de Mazatlán y lo que de allí deriva hacia el resto de Sinaloa e inclusive del País. En la gente que ni síntomas presenta al ser contagiada por el Covid-19 o aquella que al resultar infectada muere por la edad, por no vacunarse o por formar parte de la franja letal que constituyen las enfermedades crónico degenerativas. Ese alto obligado en los intereses económicos, ambiciones políticas y afición a la comparsa y al oropel, que permita poner por delante la salud pública.
El juego del Gobernador y de “El Químico” por resolver en el límite de los tiempos si se realiza o no el Carnaval reta al sentido común. Las actitudes de ambos apuntan a forzar la realización de la fiesta con el argumento de que todo está dispuesto para hacerla, tal como avanza con exacta puntualidad el itinerario de los reinados, los contratos con cerveceras y la ocupación hotelera, que hacen prácticamente irreversible la festividad planeada del 24 de febrero a 1 de marzo.
Lo del análisis del comportamiento epidemiológico es el ardid del premeditado “sí” con la prolongación del “no” como mera expectativa distractora. El Carnaval ya empezó sin que a las autoridades estatales y municipales les importe el número de contagios o decesos que empieza a ceder, pero podría repuntar por las concentraciones humanas, de mazatlecos y turistas, que se encargarán de dispersar el virus y contravenir los pronósticos de que a mediados de marzo o inicios de abril se logre la tan esperada estabilización de la pandemia.
A ver. Desde que el 24 de diciembre de 2021 fue confirmada la presencia de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 en Sinaloa hasta el 13 de febrero de 2022, han sido registrados por la Secretaría de Salud estatal alrededor de 37 mil nuevos casos de contagios agregados a los que ya existían en aquella fecha, y 442 muertes añadidas en el mismo lapso. Esos sinaloenses, así fuera una sola muerte o un contagiado, tienen que adquirir la importancia fundamental a la hora de decidir por los que continuamos vivos y con cualquier descuido podríamos pasar al inventario letal del coronavirus.
De igual manera está probado que la capacidad y velocidad de transmisión de la variante Ómicron ha puesto de cabeza a los sistemas sanitarios de todo el mundo y frente a dicha realidad el gobierno caería en negligencia al permitir eventos masivos como los playoffs y final de la Liga de Beisbol del Pacífico y el concierto del cantante Marco Antonio Solís en el Estadio Ángel Flores de Culiacán. ¿Alguien se tomó la molestia de investigar cuántos se contagiaron o murieron después de asistir a la megafiesta que promovió el Alcalde de Mazatlán para recibir el Año Nuevo?
El Carnaval, al que asisten en su mayoría los jóvenes, representa un foco de contagio que desde allí se propaga a las familias con adultos mayores, niños sin vacunar y personas con padecimientos crónicos que reciben lo peor de la fiesta sin haber asistido a ella. Esa alegoría trágica sin oropel ni confeti sino con el crespón de luto en la cual lo mismo tienen la culpa los que irresponsablemente descuidan los protocolos sanitarios que los políticos que gobiernan encima de los muertos cuya vida, digan lo que digan, sí hubieran podido salvar.
El problema es el apego a necrológico que gana adeptos en el servicio público al justificar la muerte de ciudadanos con el simple ejercicio de sumas y restas del dinero que se puede ganar o perder por cancelar, aplazar o realizar eventos masivos. Y que desde la comodidad de una oficina lavan el mea culpa con justificaciones de que los fallecidos por la Covid-19 son pérdidas necesarias, daños colaterales, y descartan que las víctimas sean por el abandono en que las dejó el Estado cuando al ingresar a los hospitales no tuvieron otra oportunidad más que la de la muerte.
Hoy indigna de nuevo esa especie de insaciabilidad del Gobierno estatal y municipal en cuanto a la cantidad de sinaloenses contagiados y muertos por la pandemia. ¿Por qué no adoptar medidas drásticas que corten de tajo la cadena de contagios sin mayor deliberación que aquella que plantea la incidencia del virus en Sinaloa y el elemental humanismo que obliga a luchar por la vida de los ciudadanos sean niños, adultos mayores, pacientes con padecimientos crónicos, e inclusive de antivacunas y funcionarios que incitan al suicidio colectivo?
El Carnaval de Mazatlán daría inicio en nueve días y el hecho de ofrecer que en una o dos semanas se decidirá la autorización o negativa a celebrarlo es una tomada de pelo a los ciudadanos y abuso con los turistas que requieren de tiempo para cancelar o reprogramar su estancia en la Perla del Pacífico. Esto dejó de ser asunto de mediciones de poder, fobias o filias del Alcalde Benítez, ganancias o pérdidas económicas. Es cuestión de cuidar o desproteger la salud y la vida de los sinaloenses.
Y perdonen por sugerir la prevalencia de la vida, aun sabiendo que la decisión despiadada ha sido de antemano acordada.
Venga junto con el Carnaval,
La frase del poeta ahora,
Con aquella sentencia vital:
¡Cuántas veces al reír se llora!
En la conferencia de prensa semanera de ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya declaró que para determinar si el Carnaval de Mazatlán se realiza, posterga o cancela se tomará en cuenta no nada más el cambio al color amarillo en Sinaloa que es casi seguro en el semáforo epidemiológico nacional, sino también la estadística de muertes y contagios. ¿Y si se establece el criterio de previsión para evitar multitudes donde la gente se pase el virus de unos a otros y lo lleven a sus casas para volver a acercarnos a la zona roja?
