La madre indígena que se juzgó a sí misma
María no entendió nada; la justicia tampoco

Debiéramos los sinaloenses estimar la profundidad del abismo de la indolencia en cuyo borde estamos, antes de asimilar como un hecho más de nota roja la muerte de la mujer indígena María Luisa mientras enfrentaba el proceso judicial en el penal de Angostura por el supuesto asesinato de su hija, la niña de 4 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado el 21 de marzo en un dren del poblado Juan José Ríos. Nos hemos convertido en testigos distantes de tragedias tan cercanas que por su proximidad pareciera que somos protagonistas, tal vez hasta corresponsables.

Una historia que conmocionó a la gente sin distingos, por los componentes de pobreza extrema que llevan a los límites entre la razón y la locura a quienes la padecen, pudo tener un final distinto si las instituciones que enjuiciaban a la mujer tarahumara, y aquellas obligadas a protegerla, hubieran entendido la naturaleza del caso y actuado con el ineludible principio de la solidaridad con las dos víctimas, menor y madre arrastradas hacia la desesperación por el torbellino de la miseria que a muchos los mata poco a poco.

La acusada que no entendió nada, que en su dialecto poco supo de fundamentos incriminatorios, que para los que la conocían era incapaz de quitarle la vida a la hija, que en condiciones de ignorancia no pudo defenderse, es ahora enormes signos de interrogación que dejan de atormentar a la indiciada y se revierten abrumando a los querellantes. Qué importa si la iban a declarar culpable o inocente; ahora ella es otra víctima. Ni caso tiene determinar estado de cordura o insensatez; el desenlace evidencia la locura colectiva.

La Fiscalía General del Estado optó por la simplificación del hecho al proceder contra la mujer tarahumara que acudió a reclamar el cadáver de la niña y enseguida cedió a los interrogatorios del Ministerio Público declarándose culpable del crimen. Desde el primer momento se manifestaron indicios de incapacidad mental en la indiciada, mismos que ahora se utilizan para justificar la posible hipótesis de la autoinmolación. ¿Por qué 70 días después de la vinculación a proceso no llegó la indispensable valoración siquiátrica?

Ahora, de un posible homicidio de origen se transmuta a dos, ampliando también la lista de presuntos responsables. En tanto se determina la causa del deceso de María Luisa, el sentido común imagina los factores que intervinieron en que fuera encontrada sin vida en su celda sin que la autoridad y vigilancia carcelarias hayan impedido el fallecimiento. He allí en el banquillo de los acusados todo el sistema de investigación, sanción y readaptación del delito.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, emerge en medio de la confusión a explicar que precisamente el día que murió María Luisa se obtuvo la autorización para trasladarla a un centro de atención psiquiátrica con tal de lograr la valoración médica que al confirmar alguna afectación mental facilitara la exoneración de cargos y saliera en libertad. Agréguese aquí el pasmo de la Secretaría de la Salud como colaborador adyacente en este enredo con saldo letal.

Cuando una desgracia se resuelve con otra tragedia a nada ayudan las explicaciones que tienen el propósito de lavarles las conciencias a copartícipes colaterales que apuntaron con el dedo flamígero a aquellos que ya no pueden hablar en defensa propia y que pasaron por carpetas de investigación y procedimientos de punibilidad exprés que desde antes aniquilaron el derecho a dar la otra versión. Una pregunta a destiempo a propósito del pesar tardío por la muerte de María Luisa: ¿quedó probado a satisfacción del enjuiciador que fue ella la que asesinó a la niña y descartada la hipótesis inicial del fallecimiento por infección pulmonar?

Y por si alguna enseñanza dejara este tipo de dislates de los sistemas de procuración e impartición de justicia, tendría que ser el ajuste al modelo penal cuando se trate de delitos donde concurren factores sociales que hacen difícil determinar la intencionalidad de consumar los ilícitos. Ninguna madre en su sano juicio va atentar con la integridad de los hijos y si lo hace ha de responder por sus actos ante fiscales y jueces, siempre y cuando durante el proceso, la sentencia y la prisión sea acompañada por el aparato público que está allí, no de adorno sino para garantizar el debido castigo y reinserción social en condiciones dignas.

Lo irremediable consumado está, en esa mezcla de abandono y satanización a probables perpetradores del delito donde median factores siquiátricos, dejándolos en la indefensión jurídica y social que no permite identificar las razones intrínsecas del móvil que en ocasiones no es otro más que la fatalidad como último reducto de la desesperanza. A pesar de tener a su favor la presunción de inocencia, el imprudente veredicto popular los pone al ras del voladero donde deben decidir si tiene o no caso esperar a que los fiscales jueces hagan sus alegatos.

Aunque a estas alturas ni caso tiene que la madre de la pequeña Reina sepa que pudo ser absuelta del infanticidio con base al principio judicial de duda razonable, debido a la incertidumbre sobre la salud mental que supuestamente la llevó a quitarle la vida a su hija. ¿Aberratio ictus? Podría ser.

Confiaste a ciegas, María,

En la justicia de los cabochis,

Sin creer que te llevaría,

A tu laberinto de sicosis.

La Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada dijo que en el asesinato del ex líder del partido Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela López, no es descartable ninguna línea de investigación, inclusive ni la relacionada con el móvil político. La institución del Ministerio Público tendrá que dar resultados pronto antes de que en la conversación pública resulten tantas hipótesis como la imaginación las permite. ¿Otro crimen fácil de resolver? Las evidencias apuntan a que sí.

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