La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, abre un abanico de preguntas críticas sobre la impartición de justicia en México. Aunque la reforma se ha justificado como una medida para eliminar la corrupción, también conlleva el riesgo de comprometer la imparcialidad y equidad del sistema judicial, particularmente en lo que respecta a los derechos de grupos históricamente oprimidos.
Como mujer, lesbiana y abogada, una de mis mayores preocupaciones es cómo la tiranía de las mayorías podría infiltrarse en la impartición de justicia. Siguiendo el principio de justicia en un Estado democrático garantista, como señala el jurista Luigi Ferrajoli, todos los poderes -públicos y privados- deben someterse a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La protección de estos derechos no debería depender de la voluntad de las mayorías, las cuales, en muchos casos, han sido precisamente quienes los niegan o limitan.
El Poder Judicial ha sido clave en la apertura de derechos en México, especialmente para grupos históricamente marginados, como la comunidad LGBT+ y las mujeres. Gracias al litigio estratégico, hemos logrado avances como el matrimonio igualitario, la seguridad social para parejas del mismo sexo, el derecho a la identidad de género y la interrupción legal del embarazo. La duda sobre si la “democratización de la justicia” afectará estos derechos, ahora que serán las mayorías quienes decidirán quiénes deben juzgarnos, es real y urgente.
Una consecuencia de esta reforma es que los ministros podrán permanecer en su cargo por 8, 11 o 14 años, dependiendo del respaldo de los votos obtenidos; en el caso de jueces y magistrados, podrán ejercer por un periodo fijo de nueve años, con opción a reelección consecutiva. Esto implica que si desean mantenerse en el cargo, deberán esforzarse por conservar la simpatía de las mayorías. Este nuevo esquema de popularidad judicial podría hacer que los jueces, en lugar de seguir principios jurídicos sólidos y protecciones constitucionales, se vean tentados a emitir resoluciones que reflejen los prejuicios o valores de las mayorías.
Un ejemplo de lo preocupante de este enfoque es el reciente caso que ocurrió en el estado de Querétaro, donde una niña de 14 años fue vinculada a proceso por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. La niña, quien quedó embarazada debido a una violación que no denunció por amenazas de su agresor, desconocía su embarazo hasta que ocurrió el aborto espontáneo. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que perseguir y penalizar con cárcel a quienes abortan va en contra de la Constitución, la fiscalía estatal procedió contra la niña, argumentando que el feto respiró al nacer y falleció debido a estrangulamiento, por lo cual la acusación fue de homicidio y no de aborto.
¿Qué pasará con esta niña en un sistema de justicia donde los jueces buscan la aprobación de mayorías conservadoras? La presión de una sociedad que sigue siendo mayoritariamente conservadora en estados como Querétaro podría fácilmente inclinar a los jueces a actuar en contra de los derechos individuales, poniendo en riesgo no solo a esta menor de edad, sino a cualquier persona cuya causa sea impopular.
La justicia no debe ser un reflejo de los valores o prejuicios de las mayorías, sino un pilar que garantice y proteja los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que no pueden contar con el respaldo de la mayoría. Si convertimos el Poder Judicial en un concurso de popularidad, los avances en derechos humanos conseguidos durante las últimas décadas podrían verse comprometidos, dejando a las minorías nuevamente vulnerables y desprotegidas.
En un Estado democrático de derecho, los jueces deben tener la independencia para actuar conforme a los principios de justicia, equidad y derechos humanos, sin preocuparse por su popularidad. De otra forma, corremos el riesgo de que sentencias y resoluciones pasen a estar dictadas por el deseo de agradar a las masas, sacrificando la esencia misma de la justicia. La sociedad mexicana, en toda su diversidad, merece un sistema judicial que esté al servicio de todas las personas que integran su ciudadanía, no sólo de las mayorías.
Por último, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué tanto influirá la voluntad de las mayorías en la impartición de justicia con esta reforma al Poder Judicial? ¿Podrán estos jueces, ahora expuestos a la aprobación pública, garantizar la continuidad de estos derechos en un país que aún lucha con altos índices de homofobia y machismo? Aunque se han ganado varias batallas, hoy en día, tres de cada cuatro estudiantes LGBT+ han sido víctimas de acoso; asimismo, México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio hacia esta comunidad; seis de cada diez personas LGBT+ considera que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un empleo y de las personas que logran obtener un empleo, y el 70 por ciento percibe que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales. 1 En cuanto al machismo, diez mujeres son asesinadas a diario en México por el simple hecho de serlo, y 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia de género.
Es crucial que observemos y vigilemos de cerca las decisiones y sentencias emitidas bajo este nuevo esquema para asegurar que no retrocedamos en la protección de los derechos fundamentales que tanto han costado conquistar.
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La autora es Teresa López Barajas (@tereLpez) es investigadora en temas anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
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