La deuda malovista que Rocha no pagará
Marrazo a la celada de ‘el que sigue paga’
Por lo menos la era moderna de la administración pública estatal, contada a partir del inicio del tercer milenio, no registra el antecedente de que el Gobierno de Sinaloa haya logrado resolución judicial como la que obtuvo el Gobernador Rubén Rocha Moya que lo exime de hacerse cargo de deudas heredadas por mandatarios anteriores. La trascendencia está en la ruptura del abusivo esquema que le endosaba al jefe del Ejecutivo en turno las cuentas sin saldar que el antecesor incluía en el esquema de “el de adelante paga”.
Se trata de dos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que protege el primero al Gobierno del Estado de la demanda de dos abogados de Jalisco contra un despacho jurídico que supuestamente le brindó servicios de asesoría a Mario López Valdez durante el período en que éste fue Gobernador, acumulándose la deuda hasta llegar a los 360 millones de pesos y alcanzando a Sinaloa por considerarlo deudor solidario.
Lo otro se refiere al Fondo de Vivienda para Jubilados que reclama recursos económicos que el Gobierno local nunca entregó durante 28 años, determinando la Corte la preponderancia del actual Fondo de Vivienda para Trabajadores del Estado que sí recibe las aportaciones correspondientes, por encima de lo que ocurrió antes donde no se cotizó ni formalizó tal bolsa de apoyo a burócratas en situación de retiro.
Los gobernadores salientes habían institucionalizado la costumbre de entregarles a los relevos “papas calientes” y carteras vencidas que significaban conflictos sociales y parálisis a las finanzas públicas durante los inicios de cada gestión sexenal. La deuda pública, por ejemplo, ha sido la loza que agobia a los gobernadores y se la transmiten unos a otros para soportarla sin abatirla. Cómo olvidar que al asumir el cargo Renato Vega Alvarado en 1993 recibió pasivos por pagar de 482 millones de pesos y al irse en 1998 el saldo que le transmitió al sustituto Juan Millán creció a casi 2 mil millones de pesos.
Los mandatarios estatales han funcionado como los “Pípilas” del endeudamiento y padecen las repercusiones de tan tremenda carga que manejan pero sin reducirla. El gobierno de Juan Millán acabó en 2004 con saldos negativos por 4 mil millones de pesos (deuda directa e indirecta), continuando el efecto dominó con Jesús Aguilar Padilla que fue el único que logró bajarla levemente al cerrar con 3 mil 675 millones de pesos en números rojos. Enseguida Mario López Valdez rompió récord en endeudamiento al acumular en 2016 la escandalosa suma de más de 13 mil millones de pesos de déficit en las finanzas públicas.
Malova brincó no sólo las trancas del PRI al abandonar este partido para ser candidato a Gobernador por el PAN, sino también saltó todas las proyecciones respecto al endeudamiento y uso indebido de los recursos públicos. Nadie olvida el megacrédito por 2 mil 600 millones de pesos que contrató a inicios del sexenio sin saberse a ciencia cierta en qué aplicó dicho préstamo. Además al irse del cargo se le hallaron delitos por corrupción en Salud, Administración y Finanzas, seguridad y obras públicas.
Quirino Ordaz logró abonarle a la deuda sobre todo en lo concerniente a pendientes por créditos bancarios, retenciones de pensiones y pagos a proveedores, además de que no contrajo nuevos pasivos. En términos de arcas públicas se considera que salió “tablas” al evitar crecer la fastidiosa losa de débitos que recibió de López Valdez y al cerrar el período de gobierno, el ahora Embajador de México en España dejó 6 mil 350 millones de pesos en deuda pública, la mitad de la que recibió.
De aquel remanente de derroche y malversación malovista todavía emana la deuda por 360 millones que unos abogados que le sirvieron a López Valdez le pretendieron cobrar a Rubén Rocha, aunque esta vez el desenlace resultó aleccionador. A partir de que la máxima Corte echó abajo la alevosa cobranza, podrían darse dictados similares de la justicia que hagan jurisprudencia para que en Sinaloa y el resto del País ningún gobierno entrante deba hacerse cargo del manejo irresponsable del erario en que incurrieron los antecesores.
Los gobiernos estatales y municipales en funciones están obligados a mayor disciplina del gasto, ejerciendo lo que disponen y sin hipotecar a las administraciones públicas siguientes invadiendo la temporalidad de los que siguen al obligarlos a saldar empréstitos que no les corresponden. Sí se puede al rechazar pesadas broncas financieras acudiendo a la acción de la justicia como lo logró el Gobernador Rocha, e implementando el uso racional de los presupuestos, combate a la corrupción y abatiendo la ostentosidad del aparato público.
Rocha Moya ha prometido disciplina financiera de tres vertientes. La primera consiste en ajustarse al dinero del que dispone para gastar sin acudir a más deuda pública, además de abonarle a la que le dejaron los anteriores gobernadores como ya lo hizo con mil 184 millones pagados a cuentas pendientes de pasado, con corte a julio de 2023. La segunda tiene que ver con realizar obra pública sin contratar créditos bancarios y, tercera, mantener el plan de austeridad establecido desde que asumió la titularidad del Ejecutivo estatal.
Más seguido debe asestar,
Esos golpes fulminantes,
La Ley a los gobernantes,
Que son expertos en endeudar.
La posibilidad de que el Gobernador Rocha decida enviar Juan de Dios Gámez a entrenarse en las grandes ligas senatoriales revivió las aspiraciones de quienes le tiran a la Presidencia Municipal. Es decir, si el actual Alcalde de Culiacán decidiera no ir a la reelección, el brete estaría en cómo armar los enroques para que aquellos que se creen candidateables al Senado y Cámara de Diputados acepten buscar el gobierno culichi. ¿Qué hacer entonces con Graciela Domínguez, Pedro Villegas, Jesús Valdés, Ricardo Madrid, Merary Villegas, Omar López y los que se acumulen?
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