Entre el 13 y el 15 de septiembre el Estado mexicano compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED de la ONU), instancia que evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en su informe emitido en 2022, elaborado tras se visita a nuestro país en 2021. En dicho Informe, el Comité dejó trazada una hoja de ruta que de seguirse podría contribuir a revertir la dolorosa crisis de desapariciones que vive México, mediante la adopción de una verdadera “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”.
La delegación de México estuvo integrada por autoridades de nivel intermedio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República (FGR), conformada mayoritariamente por directores generales. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) compareció mediante encargado de despacho, tras la reciente renuncia de su titular en medio de cuestionamientos sobre la decisión del gobierno de revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En su intervención inicial, la representación mexicana reportó algunas medidas administrativas y, respecto de la revisión del Registro, señaló que actualmente se realiza “un proceso de verificación” por instrucción presidencial. Además, el Estado presentó cifras sobre los pocos casos investigados y judicializados por la FGR.
Por el CED, sus integrantes Carmen Rosa Villa, Horacio Ravenna y Juan Pablo Alban fueron los encargados de sostener el diálogo. A través de una serie de preguntas, que mostraron su profundo conocimiento de la realidad mexicana y su cercanía con las familias de las víctimas, la y los expertos expresaron su consternación por la continuidad de la crisis de desapariciones, advirtiendo que éstas no están disminuyendo.
El Comité enfatizó sus preocupaciones en torno a la crisis forense, la impunidad que impera en estos casos, el riesgo que enfrentan las familiares que buscan personas desaparecidas, así como la falta de coordinación interinstitucional y las acciones del Estado para modificar el registro de personas desaparecidas.
El papel de la FGR causó especial preocupación a los expertos, quienes cuestionaron las cifras presentadas por la propia institución, haciendo notar la muy escasa judicialización de casos y el bajísimo número de sentencias frente a la cantidad de desapariciones registradas. Además, enfatizaron que la autonomía de las fiscalías no debe ser un impedimento para coordinarse con otras autoridades en la materia.
En cuanto a la crisis forense, la atención del Comité se centró en el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), pues al ser cuestionadas sobre su implementación, las autoridades evidenciaron que esta herramienta sigue sin funcionar plenamente, a pesar de que la Ley General en materia de desapariciones establece que debía operar desde el 2019.
Otra de las preocupaciones expresadas por el CED fue la situación de riesgo de quienes realizan labores de búsqueda, incluyendo autoridades, y con referencia especial a las y los familiares de las personas desaparecidas. La y los expertos alertaron sobre las agresiones contra madres buscadoras, destacando los recientes asesinatos de varias de ellas.
Los miembros del Comité manifestaron sus inquietudes por el censo que está realizando el Estado y pidieron una explicación sobre los objetivos que con ello se persiguen, haciendo notar que la forma en que se está realizando revictimiza a las familiares. Claramente, este tema causó enorme preocupación y las aclaraciones del Estado fueron insatisfactorias. El Comité sugirió respetuosamente al Estado que los esfuerzos deberían centrarse en la búsqueda, reparación e identificación de cuerpos. “Medidas que sí dan solución a los problemas que a ustedes aquejan, respecto a la búsqueda de una mala iniciativa que sería a mi ver un Censo (...) Nos parece que la búsqueda de la verdad tiene que pasar por un trabajo muy respetuoso de las víctimas”, dijo el experto Ravenna
Frente a preguntas concretas, las respuestas de las autoridades no fueron adecuadas pues la representación atendió la totalidad de los aspectos solicitados, eludió brindar elementos concretos y en algunos aspectos presentó una versión distorsionada de la realidad, como al aseverar que el BNDF ya funciona -y luego aclarar que si bien “no está terminado sí está operable”-. Más aún, al responder los cuestionamientos a la estrategia de seguridad pública militarizada, en tanto que las desapariciones han persistido a lo largo de todos estos años de despliegue castrense, la delegación mexicana ahondó en acciones preventivas locales, como la creación de equipos de béisbol, que si bien son aplaudibles no abonan directamente a solucionar el drama terrible de las desapariciones.
En suma, en esta importante comparecencia internacional quedó expuesta una vez más la magnitud de la crisis de desapariciones en México y la falta de efectividad de las acciones que ha emprendido el Estado para su atención. Una vez más quedó de relieve la ausencia de una política pública verdaderamente nacional y coordinada para hacer frente a esta tragedia. Frente a esta realidad, seguramente el Comité en sus observaciones de seguimiento planteará sus preocupaciones principales. Dada la magnitud de la crisis de desapariciones, ejercicios como el realizado por el Comité son esenciales para hacer un corte de caja, analizar el estado real de los esfuerzos en la materia y -ojalá- corregir el rumbo.
