Avanzar en el combate a la corrupción en Sinaloa debe asumir un nuevo enfoque. Uno que vaya más allá de meras acusaciones individuales, para comenzar a tratar el problema desde una perspectiva sistémica, en donde la finalidad sea el desmantelamiento de redes completas de corrupción.
La corrupción no opera de manera individual. Tampoco es un delito cuya responsabilidad sea exclusiva de funcionarios de gobierno. La corrupción es siempre un entramado de actividades ilícitas en el que intervienen múltiples actores públicos y privados.
Dos importantes casos de corrupción han impactado a Sinaloa en los últimos meses: uno relacionado a la administración del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; el otro al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el marco del control que ejerce el Partido Sinaloense sobre la institución.
El caso de Mazatlán presenta irregularidades en múltiples ámbitos, lo cual lleva a considerar como sospechoso que a “El Químico” Benítez tan sólo le estén imputando cargos por la rifa de unos automóviles, cuando todavía queda pendiente por resolver el asunto de la compra de unas luminarias a sobreprecio, y los acuerdos y concesiones que se le hicieron a grupo ARHE tras la pérdida de una demanda millonaria que obtuvo el municipio años atrás.
Aquí el riesgo que se corre no es sólo que Benítez logre esquivar penas más severas a cambio de la simple reparación del daño, como ya ha ocurrido anteriormente con otros funcionarios. Lo más lamentable sería que la Fiscalía dejara intacta toda esa red de complicidad política empresarial que ya fue expuesta por periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
El problema con la UAS es similar. Las autoridades trabajan como si solo quisieran encontrar a un único responsable de la mala gestión de los recursos en la Universidad. Una investigación más severa comenzaría con designar una comisión especial para rastrear a todos los involucrados.
Hay tanta evidencia del mal manejo del presupuesto universitario, que la controversia sobre si la ASE tiene o no atribuciones para auditar a la UAS se vuelve en este punto irrelevante, porque la Fiscalía tiene la capacidad de intervenir haciendo un uso amplio de sus facultades para recolectar pruebas que hagan más complejas sus acusaciones.
Esta semana se renovó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con tres integrantes que tienen el reto de presionar a la Secretaría Ejecutiva para que funcione de manera coordinada y con un enfoque sistémico, sobre todo en la persecución de estos dos casos de corrupción que serán de suma importancia para disminuir los índices de impunidad en Sinaloa.
Resulta alentadora la designación de tres perfiles que provienen del activismo social y del periodismo. Genuinas representantes de la sociedad civil que refrescarán el burocratismo en el que había caído el CPC, luego de ser cooptado por personajes vinculados a la clase política, que parecían estar ahí para entorpecer las averiguaciones.
Con la designación de estas nuevas integrantes seguramente vendrán algunas impugnaciones al proceso de selección porque existe el interés de que el Sistema Anticorrupción siga sin funcionar efectivamente. Habrá que estar atentos para defender esta institución que todavía tiene mucho por hacer.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx
