Justicia negada a Luis Enrique Ramírez
Impunidad incita ataques a periodistas
Además de la ausencia de justicia plena para la víctima y la familia de ésta, la impunidad obsequiada a quienes cometieron el crimen que el 5 de mayo de 2022 privó de la vida en Culiacán al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos adquiere el efecto expansivo para que los diferentes modos de delincuencia que atacan a comunicadores y medios sepan de antemano que la Ley nunca los alcanzará. Y como delito que no es castigado estimula a la repetición, los transgresores le suben de nivel a las agresiones hasta que las llevan a consecuencias letales.
Debieran bastar 730 días para que el periodista asesinado y su núcleo parental encuentren el acicate de la labor judicial que impone el Estado de derecho frente a las prácticas que patrocinan el salvajismo. Pero las semanas y meses que transcurren vuelven redundante el dolor de cargar la pesada losa de impunidades, encima de la lápida que lleva inscrito el inevitable epitafio de desgracia, luto e impotencia.
La inacción de la Ley se ha afianzado como motor potente que jala el gatillo o propala la denostación, esos dos momentos cruciales que desencadenan los asesinatos contra trabajadores del sector prensa en Sinaloa. El crimen organizado mata sin más trámite que el de expeler plomo sobre sus objetivos fatídicos; la delincuencia política acude a la calumnia, a la incriminación sin pruebas tendiente a primero devastar moralmente al contrario como estrategia cifrada para azuzar a la eliminación violenta.
El domingo fue como hilo rojo amarrado al dedo índice que evita olvidar las vulnerabilidades de periodistas y medios, fragilidad que las instituciones del Estado alimentan con fiscalías y tribunales carentes de arrestos al tratarse de investigar, esclarecer y castigar las crueles acometidas contra el sector prensa. Dos años después, Ramírez Ramos enfila a ser parte de la rotonda de los colegas inmolados primero por los criminales y enseguida por las instancias de procuración e impartición de justicia.
Imposible que los periodistas caídos descansen en paz mientras los expedientes de sus casos reposan en los archivos muertos de la Fiscalía, y los deudos viven el eterno viacrucis de los sin justicia. Con la inmolación de Luis Enrique resultan recalcados el calvario post mortem de Javier Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo de 2017; Humberto Millán Salazar, el 24 de agosto de 2011; Óscar Rivera Inzunza, el 5 de septiembre de 2007, y Gregorio Rodríguez Hernández, el 28 de noviembre de 2004, entre otros crímenes sin castigo que son el combustible que mueve el salvajismo que propone la mortaja como mordaza.
En los casos de Luis Enrique Ramírez y Javier Valdez la acción de la delincuencia organizada opera como barrera de impunidad. Con el primero, el presunto autor material del homicidio fue detenido en diciembre de 2023 y desde entonces el caso es cubierto por un velo de desinformación que impide conocer los avances. Con Javier Valdez la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, señala a Dámaso López Serrano como el que ordenó el crimen, pero no ha sido enjuiciado en México al gozar de protección por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Dichas omisiones y negligencias que rozan la complicidad son la madriguera perfecta de los que disparan las armas y se dan el lujo de andar libres en las calles, y los que lanzan la difamación y esconden el llamado a inmolar sin nada de cargo de conciencias. Los escondites idóneos que facilita la densa maleza de intereses y fraternidades entre patibularios y servidores públicos que cohabitan en el bosque de las componendas.
Y así, en el contexto de periodistas agredidos y atacantes envalentonados porque las autoridades no los hacen pagar las consecuencias jurídica de los delitos, hallan cabida la barbarie de las balas contra los trabajadores de la información que propone la delincuencia del narcotráfico, y la corrupción organizada de la política que postula el exterminio de las voces discordantes, demolición brutal de esa disidencia que le es intrínseca a regímenes democráticos.
En fin, otro año exigiéndoles al Gobierno, fiscalías y Poder Judicial de Sinaloa que no le apuesten más al olvido, que informen de los avances que se tienen y que eviten vacíos de información, como lo planteó en su pronunciamiento la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, y el exhorto de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, a que se haga el esclarecimiento total de los hechos puesto que “justicia a medias es igual a impunidad”.
Por eso es que hoy regresa el grito de “¡justicia a Luis Enrique Ramírez!” y en ocho días volveremos a exigir “¡justicia a Javier Valdez!” aún sabiendo que el derecho a la justicia le es negado al gremio periodístico.
Entre ambos determinan cómo,
Al periodismo se le aplaque:
Políticos ponen el ataque,
Y el crimen aporta el plomo.
Ningún asomo del estadista, cero mesura institucional ni mucho menos apego a la Ley muestra el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando trata de aniquilar moralmente a sus opositores, como es el caso de la periodista y escritora María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización que se ha dedicado a investigar y denunciar la pus que emana del régimen autodenominado Cuarta Transformación. Violentando datos personales y apabullando a los disidentes con epítetos deshonrosos, AMLO avisa que concluirá el sexenio con igual intolerancia contra sus críticos e inquebrantable protección a quienes delinquen bajo su sombra.
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