Cada vez preocupan más los datos sobre justicia, legalidad y Estado de Derecho. Otros tres años de nulo avance, cuando no de retroceso. Retroceso en la justicia cotidiana, esa que afecta a los ciudadanos en su vida diaria, que trata de presuntos delitos del orden común y que es la que más estragos causa entre la población porque se traduce en cárcel sin sentencia, en extorsión, en pérdida de patrimonio y en afectación moral. También ha habido una involución en la justicia referente a los derechos de propiedad, mercantiles, de los periodistas, del espacio cívico/sociedad civil y de los derechos humanos en general.
Los datos, esos que producen los organismos independientes sin más agenda política que la de diagnosticar y mejorar el desempeño de los países en materia de justicia, son tan desoladores como siempre o peores.
Impunidad Cero (https://bit.ly/321ix97) acaba de difundir un estudio en el que muestra que de 2019 a 2020, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México bajó de un vergonzoso 1.32 por ciento a un más vergonzoso 1 por ciento y que, a nivel nacional, la efectividad en la resolución de carpetas de investigación disminuyó de 19.4 por ciento a 15.5 por ciento.
Los indicadores de legalidad también asustan. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (INEGI) señala que 61 por ciento de los ciudadanos consideran que en México se respetan poco o nada las leyes y el 66 por ciento que los gobernantes respetan poco o nada las leyes. Apenas la semana pasada se publicó el Índice de Libertad Humana elaborado por el Instituto Cato de Estados Unidos, en el que México aparece con la peor calificación de todas en el indicador de “cumplimiento de la ley”: alcanzó 3.8 puntos de 10 posibles y ocupa el lugar 127 de 162 que fueron medidos. Con otra, la imparcialidad de las cortes recibió un puntaje también de 3.8 y la independencia del sistema judicial de 4.2.
No son los “otros datos”. Son datos que van acompañados de metodologías robustas y de mediciones aceptadas y avaladas por la comunidad científica. Que van acompañados de evidencia empírica. No son datos de discursos de funcionarios públicos o del titular del Ejecutivo que con gran ligereza se profieren y cuando los ciudadanos pedimos la fuente o el respaldo a través del INAI se nos contesta que: “No existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del Titular del Ejecutivo federal”.
Los índices de Estado de Derecho también han retrocedido en un aspecto fundamental: los límites al poder presidencial. Sin que México haya podido presumir nunca un buen lugar en este indicador, es innegable que los avances de las últimas tres décadas se detuvieron en 2018 y de ahí en adelante comenzó a haber un retroceso. La involución se ha dado tanto por la vía legal (cambios a las leyes que dan mayor poder al titular del Ejecutivo) como por la “paralegal”, esto es, por la vía “reglamentaria” o, de plano, incurriendo en la ilegalidad a sabiendas de que la impunidad tenderá a prevalecer muchos .
Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, junto con Nexos, han hecho recuentos puntuales de las ilegalidades en las que se han incurrido en este sexenio, pero quizá el indicador más relevante de la involución sean precisamente las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos que se han interpuesto por las leyes aprobadas y por los decretos, acuerdos y circulares que ha emitido el Poder Ejecutivo.
Según un reportaje de Excélsior (30/11/2021) elaborado a partir de los registros de la SCJN, mientras en los 18 años de un Congreso de la Unión plural las minorías en el Senado recurrieron únicamente en ocho ocasiones a una acción de inconstitucionalidad para frenar una reforma legal, en solo 32 meses -del 1 de septiembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021- los legisladores han recurrido en 17 ocasiones a presentar una acción de inconstitucionalidad. A estos datos habría que sumar las presentadas por los diputados, los congresos locales, la CNDH -antes de ser cooptada- y el INAI. Sin contar también las controversias constitucionales que se han promovido contra los actos de alguna autoridad que invaden la competencia de otras autoridades y que alcanzan 27. La semana pasada se sumaron las controversias promovidas por el INE por la falta de recursos para la revocación de mandato, la del INAI en contra del Acuerdo que anula la transparencia y libera al Ejecutivo de diversos trámites para llevar a cabo sus obras y la de Cofece por la omisión del Presidente para proponer a quienes ocupen las vacantes de su pleno de comisionados.
La mayoría de estos recursos no han sido resueltos. La conclusión es clara. Los mexicanos vivimos en un estado de indefensión en materia de justicia y legalidad. La esperanza para el Estado de Derecho son el Poder Judicial y la Suprema Corte. No estamos indefensos.
