Juega chueco el Sistema Anticorrupción
Sergio Avendaño en demolición del CPC

Podría dilapidarse la escasa legitimidad y credibilidad que le resta al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa en caso de prosperar el intento para invalidar el buen proceso que realizó la Comisión de Selección para elegir a las periodistas Raquel Zapien y Lucía Mimiaga y a la activista Rosa Elvira Jacobo, como nuevas integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que, en términos sencillos, es el ojo ciudadano dentro del órgano que, debe por ley aunque hoy no lo haga, vigilar que los recursos públicos sean ejercidos de manera correcta.

Es que la dupla que integran Sergio Avendaño, presidente del CPC y del Órgano de Gobierno del SEMAES, y Francisco Lizárraga, Secretario Técnico del mismo Sistema, vuelven a actuar para impedir que ciudadanos independientes y capaces, como lo son las tres consejeras que inclusive ya rindieron protesta, le vengan a echar a perder el sueño de los justos que vive la institución de la cual poco sabe la sociedad y que ningún pronunciamiento ha hecho respecto a casos de latrocinio tan sonados, esa inacción que poco a poco diezma a la instancia anticorrupción que surgió en 2017 producto de largas jornadas cívicas por el saneamiento de la cosa pública.

Actualmente este aparato creado para la prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción ha optado por ser de ornato por lo blandengue de sus actuaciones frente a los saqueadores del erario. A ello se debe que Avendaño y Lizárraga se aferren al recurso legaloide de un reglamento viejo y disfuncional, que ni siquiera fue publicado en el Periódico Oficial, para colapsar, tristemente apoyados por las demás instituciones que integran el Órgano de Gobierno, la designación de las tres mujeres que se integran al CPC.

Avendaño acude a ordenanzas que no pasan de ser buenas intenciones, tratando de colocarlas por encima de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en un súbito ataque a favor de la legalidad que de ser regla no le hubiera permitido ser parte del CPC al representar conflicto de interés el hecho de que siendo miembro del órgano vigilante de la honestidad de servidores públicos al mismo tiempo defendía a ex funcionario federal acusado de peculado.

Inclusive resistió en el puesto aún careciendo del perfil de idoneidad y a pesar de que el Gobernador Rubén Rocha Moya, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, lo criticaron en junio de 2022 por alistarse a desempeñar la función en el CPC y al mismo tiempo litigar en defensa de presuntos corruptos. Ahora que le está llegando el momento de irse del Consejo de Participación Ciudadana da los últimos coletazos para entorpecer la labor de la Comisión de Selección que pronto deberá resolver quién lo sustituirá a él en el Consejo.

Al no funcionarle a Sergio Avendaño y Francisco Lizárraga la estratagema para colocar a sus incondicionales en el CPC, ni las amenazas veladas que hicieron a integrantes del Comité de Selección, optaron por inventar la mayoría de siete de los nueve integrantes del órgano selector que a duras penas pudo contar con la participación de cinco porque cuatro de ellos no acudieron a las convocatorias para sesionar. ¿Qué querían? ¿Qué los llevara la Guardia Nacional por la fuerza a deliberar? El alegato de las reglas de operación resulta insulso porque la Ley del Sistema Anticorrupción de Sinaloa establece claramente en el artículo 18, fracción II e inciso f que la designación se hará “por el voto de la mayoría de sus miembros”.

Entonces los organismos de la sociedad civil deben salir a defender el dictamen de la Comisión de Selección, en el cual Avendaño y Lizárraga no tienen facultades legales para echarlo abajo ni debieran intentar boicotearlo, aunque sí pasarán a la historia por esta maniobra truculenta y ya será cuestión del Congreso del Estado si los sanciona o no, retirándolos por anticipado de la responsabilidad que fue puesta en sus manos consistente en establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Lo otro tiene que ver con la facilidad con la que caen en celadas legaloides la Secretaría de Transparencia, Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Anticorrupción, Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, Poder Judicial y Tribunal de Justicia Administrativa, que conforman el Órgano de Gobierno del SEMAES. Si no realizan los deslindes pertinentes, la acción de dinamitar al CPC les marcará con esa pólvora de la insidia.

Es el momento de la acción cívica vigorosa no sólo para defender al SEMAES como conquista ciudadana sino también para exigirle que cumpla con la obligación de que los entes públicos actúen bajo principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, según lo establece la Ley Anticorrupción. Sin la sociedad exigiendo para que esta premisa se cumpla en todos sus términos, sobrarán los actores y factores que propongan involucionar a los tiempos de la arcaica lógica de “el que no transa no avanza”.

¿Cómo llegamos a la cuestión,

De que por sus actos insanos,

Hay que amarrarles las manos,

Al Sistema Anticorrupción?

Un buen ejercicio de sensibilización ciudadana, que permita ir codo a codo con las madres que buscan a sus hijos víctimas de desaparición forzada, realizó en Mazatlán Samuel Parra dentro del programa “Movilización Social”, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A través de la poesía la lucha de las rastreadoras penetra a las conciencias y las almas de los sinaloenses, esos intersticios donde anida la esperanza de que la justicia a ellas sea la certeza de que nunca en nuestros hogares toquen la puerta tales desventuras.