¿Hemos estado peor?

Las estadísticas siempre pueden acomodarse e interpretarse para que sirvan al propósito deseado, pero es un imperativo ético tener siempre presente que cuando hablamos de cifras de homicidios, desapariciones y delitos patrimoniales, en realidad estamos hablando de miles de víctimas afectadas en su integridad física y su patrimonio. Miles de personas que lo único que piden al Gobierno que eligieron es empatía, sensibilidad y capacidad de escuchar para encontrar una salida que permita construir una paz sólida y sostenible para Culiacán y el resto del estado. Y no el pobre consuelo de que hemos estado peor.

Ayer, durante su conferencia semanera, el Gobernador Rocha Moya volvió a señalar a quienes critican la situación de violencia en Sinaloa. Afirmó que el “alarmismo” que se hace sobre la situación del Estado que gobierna tiene motivaciones políticas y dijo, básicamente y sin dejar de reconocer la violencia actual, que Sinaloa ha vivido momentos más complicados.

Para soportar sus dichos, el Gobernador mostró cifras de homicidios y robos de vehículo surgidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

También dijo que su Gobierno ha sido el de menor incidencia delictiva comparado con el del panista (es un decir) Mario López Valdez o del priista Quirino Ordaz.

¿Dice la verdad el Gobernador?

Sí y no. Primero, el Gobernador dice la verdad cuando habla de absolutos. En Sinaloa, los homicidios vinieron descendiendo desde el 2017, cuando comenzó el gobierno de Ordaz Coppel y mantuvieron esa tendencia hasta alcanzar en 2022 la tasa más baja registrada desde el año 2007: 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sinaloa solo ha logrado tasas similares en la época anterior a la Guerra contra el Narco de Felipe Calderón.

Lo que tampoco significa que fuéramos un estado “pacífico” porque no podemos dejar de lado la emergencia de las desapariciones como la nueva violencia letal del crimen organizado.

De modo que, obviamente y hasta el inicio de la disputa entre los Guzmán y los Zambada el pasado 9 de septiembre y que las autoridades no han podido contener, los primeros tres años del gobierno de Rocha registraron menos homicidios que el mismo periodo del gobierno de Ordaz Coppel.

Sin embargo, donde se equivoca Rocha Moya es que omite reconocer que la tendencia descendente en homicidios se perdió con su gobierno; así como la ruptura tan profunda de la normalidad en la que vivíamos.

De hecho, 2023 registró 31 homicidios más que en 2022 (INEGI). Y este año ya van 862, lo que equivale a 2.55 diarios y que multiplicados por un año permiten proyectar un estimado de 933 homicidios al 31 de diciembre próximo, lo que haría de 2024 el año más violento desde el 2019, cuando se registraron en Sinaloa mil 133 asesinatos (INEGI).

Además, lo que la gente reclama a diario, incluidos los empresarios a los que Rocha denuesta con el argumento de “que ya les ha ido bastante bien”, es el deterioro abrupto de la seguridad y que ha tenido profundas afectaciones económicas y sociales para todos.

Bueno, no para todos, excepto para la burocracia estatal que recibirá su aguinaldo en tiempo y forma mientras muchos sinaloenses están cerrando sus negocios y perdiendo sus empleos, precisamente porque su gobierno es incapaz de darles seguridad.

Lo explico así: los sinaloenses se fueron a dormir el domingo 8 de septiembre en un Estado donde a diario mataban a 1.4 personas, desaparecían a otras 3.2 y se robaban 7.5 carros; y se amanecieron el lunes 9 de septiembre en un territorio donde ahora asesinan a 6.9 personas, se roban 20 carros y desaparecen a 7.4 personas por día.

Es decir, de un día para otro, los sinaloenses regresamos a una realidad muy parecida a la de 2010. Y eso sin mencionar el robo a comercio, las casas quemadas, la extorsión telefónica, los bloqueos en avenidas y carreteras, los ponchallantas y los reportes de balaceras y grupos armados que vemos todos a diario en redes sociales y medios de comunicación.

Vale decir, además, que muchas de esas violencias cuya lógica es el terror no estuvieron presentes en la guerra emprendida por los Beltrán Leyva del 2008 al 2011.

Las estadísticas siempre pueden acomodarse e interpretarse para que sirvan al propósito deseado, pero es un imperativo ético tener siempre presente que cuando hablamos de cifras de homicidios, desapariciones y delitos patrimoniales, en realidad estamos hablando de miles de víctimas afectadas en su integridad física y su patrimonio.

Miles de personas que lo único que piden al gobierno que eligieron es empatía, sensibilidad y capacidad de escuchar para encontrar una salida que permita construir una paz sólida y sostenible para Culiacán y el resto del Estado. Y no el pobre consuelo de que hemos estado peor.