Como los gobiernos anteriores pero con más enjundia, el de López Obrador echa mano de los recursos públicos como le da la gana. A veces abierta y a veces veladamente. No importa. En nuestro país la ley no es la ley. Por más evidencia que exhibimos periodistas de investigación, académicos y organizaciones de la sociedad civil, no hay consecuencias.
El desfile, que ni qué, fue tumultuoso, pero como dijo José Antonio Crespo, la cantidad de ciudadanos que llegó a la marcha cívica en defensa del INE sorprendió a todos (a AMLO el primero) y la afluencia del domingo a nadie sorprendió porque fue una marcha de Estado.
La opacidad es tal que no nos será posible saber cuanto le costó la marcha al Gobierno federal, a los estatales y a la CDMX. A través del INAI pediremos a las dependencias información sobre el gasto erogado pero recibiremos la respuesta de siempre: no obra en la documentación de nuestra dependencia la información solicitada.
Esa misma opacidad es la que reina desde el día uno del gobierno actual en relación a los programas sociales. Imposible saber el número de beneficiarios, el costo de los programas, los recursos ejercidos y los desvíos de dinero de los subejercicios en el manejo de los programas sociales.
Para este año se aprobaron 865 mil millones de pesos en programas sociales. Casi 19 por ciento más si lo comparamos con lo que se aprobó en 2022. O sea, se regresa a la costumbre de “soltar” el presupuesto en el año preelectoral. También ha sido inútil preguntar sobre el verdadero destino de los recursos para los programas sociales. Imposible saber cuánto del dinero aprobado llega a los beneficiarios.
¿Por qué enlazo el desfile con los programas sociales? Porque los dos apuntan, para quien quiera verlo, a lo que se perfila para el 2024: una elección de Estado de proporciones mayores. Mayores que las del PRI en su mejor momento porque entonces no había condiciones de competencia medianamente parejas y era más fácil y más barato ganar la elección.
¿Y qué es una elección de Estado? Es “la que ocurre cuando desde el poder público se organiza y sostiene un sistema para la manipulación electoral a través de la operación estratégica de personas y grupos que se proponen conservar el poder político. Generalmente es una estructura operativa clandestina y paralela a las instituciones del Estado (Gobierno, partidos, órganos electorales y judiciales) para la manipulación de las elecciones”.
No dudo que muchos hayan asistido al desfile por convicción pero las investigaciones periodísticas, videos, denuncias de extorsión y alevosa propaganda desplegada fueron la tónica. Se documentó con evidencia incontrovertible que miles de empleados de los gobiernos federal, estatales y municipales fueron obligados y que se les facilitó el transporte, alimentación y para los foráneos, el alojamiento. También hay evidencia de sobra que se condicionaron los programas sociales, los puestos ambulantes y hasta los empleos, a la presencia en el desfile.
No estamos en periodo electoral así que quizá no aplique la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que dice que se impondrá de 300 a 600 días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión (...) para participar en eventos proselitistas. Pero, eso es lo que ocurrió. Si la organizó Morena, ¿dónde están sus reportes de gasto al INE?. Si la organizó el Gobierno, incurrió en desvío de recursos.
Nada de esto pasó en la marcha del IneNoseToca. Ni el propio gobierno que la descalificó sistemáticamente intentó vender la idea de que había dinero detrás de la marcha ciudadana.
A ese derroche en camiones, dádivas y alimentos hay que agregar la transmisión ininterrumpida de las radiodifusoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (canales Once, 14, 22, 21, IMER). Los medios públicos al servicio y en su función de instrumentos de propaganda. Muchas radiodifusoras privadas también transmitieron el desfile triunfal. ¿Lo hicieron por interés del público, por el rating o acataron una instrucción? Curioso, la marcha del 13 de noviembre no recibió el mismo trato.
No vale la pena hacer cuentas cuando este gobierno se ha caracterizado por el uso opaco y electoral de los recursos. Quizá lo que valga la pena es hacer las cuentas políticas de la marcha del 13 versus el desfile del 27.
La marcha en defensa del INE influyó para que la Oposición en su conjunto rechazara la reforma electoral que quería desaparecer la independencia, autonomía y eficacia de las autoridades electorales y quizá reviva al bloque opositor. Quizá, también, ayude a contener lo que se perfila como una elección de Estado.
Y, ¿qué se ganó con el desfile del 27? La constatación de que los recursos y fuerza del aparato del Estado puede usarse para beneficio propio: el del Presidente.
