Por muchos años, los sinaloenses nos acostumbramos a vivir -convivir- con “el narco” y sus expresiones, sobre todo económicas y culturales. Incluso con sus violencias, de las cuales, nos sentíamos relativamente a salvo con dos argumentos difíciles de sostener ahora: “si no te metes con ellos, no se meten contigo” y “el que nada debe, nada teme”.

Así dejamos crecer esa hidra a niveles de cooptación y secuestro del espacio público, el dictado de reglas de convivencia definidas por los criminales y hasta votar por candidatos apoyados por ellos, dos de ellos muertos ahora, por cierto.

Sin embargo, podíamos vivir “en paz” porque, al final y aunque a muchos fuera de Sinaloa les parezca increíble, la mayor parte de los sinaloenses no se dedica al narcotráfico y salvo una equivocación o la mala fortuna, difícilmente se era alcanzado por la violencia de manera cotidiana si no estabas metido directamente en “el negocio”.

Así, nos inventamos excusas y anticuerpos para seguir viviendo, estudiando, trabajando e invirtiendo en Sinaloa sin tener que intentar cambiar nuestra realidad de fondo.

Pero una violencia que siempre ha estado presente en Sinaloa y de la que muchas personas hemos sido víctimas (en mi familia tres veces), es el despojo de vehículo. Y digo despojo porque debido a la tecnología, ahora es prácticamente imposible que te roben un auto relativamente nuevo estacionado: te lo tienen que quitar, y eso implica siempre un cierto grado de violencia que puede incluso ser letal.

La tasa de robo de vehículo siempre ha sido altísima en Sinaloa (ver gráfica). Es, como explica Marcelo Bergman, un delito adquisitivo que genera altas rentas y dada su enorme impunidad presenta un gran incentivo económico para sus perpetradores.

Hoy se roban más de 20 vehículos diarios en Sinaloa, prácticamente la mitad de ellos en la zona urbana de Culiacán. Y contrario a lo que mucha gente cree, no todos los vehículos que se roban se usan para participar en “la guerra” actual entre las facciones, sino que pasan dos cosas con ellos: los más populares se desmantelan y sus piezas se venden en yonkes, refaccionarias y talleres; mientras que los de más alta gama o especializados se “doblan” y se venden en otras ciudades del País o van a centro y sudamérica.

Es innegable que las tanto las policías estatal/municipal como la Fiscalía de Sinaloa han fracasado rotundamente en combatir este delito, de modo que, así como hemos visto el desmantelamiento de las “jugadas” a través del decomiso de más de mil máquinas tragamonedas, el siguiente operativo masivo para inhibir y castigar el robo de vehículo sería revisar a fondo esos comercios donde se venden refacciones usadas sin factura ni número de serie, así como combatir la corrupción en las dependencias de tránsito para detectar quiénes expiden placas y tarjetas de circulación a autos doblados.

Para que eso pase se necesitan construir más y mejores capacidades institucionales de investigación y seguimiento, pero eso no va a pasar mientras no haya voluntad política y presupuesto para generarlas. Y queda claro que hasta ahora que esa voluntad no existe.