Gobierno o ciudadanos: ¿quién debe estar en el centro del poder?
Las recientes leyes y normas aprobadas en el País parecen diseñadas para fortalecer el control gubernamental, otorgándole un poder discrecional preocupante y permitiéndole actuar por encima de la Ley.
Cada vez más, el Gobierno se posiciona como juez y parte, relegando a la ciudadanía a un papel pasivo, donde su participación en las políticas públicas deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio condicionado a la voluntad de las autoridades.
En este contexto, surgen preguntas esenciales: ¿cómo podemos garantizar nuestro derecho a la información cuando el Gobierno, siendo sujeto obligado, impone cada vez más restricciones y reserva datos clave? ¿Quién regula la inversión para evitar que favorezca sólo a ciertos grupos de interés? ¿Qué mecanismos protegen a los ciudadanos cuando el Gobierno incumple sus compromisos? Estas y otras interrogantes evidencian la creciente asimetría en la relación entre gobernantes y gobernados.
La actual dinámica legislativa no sólo erosiona derechos fundamentales, sino que también genera incertidumbre para la inversión y el desarrollo del País.
En un mundo donde las relaciones políticas y económicas evolucionan constantemente, las iniciativas de ley deberían responder con visión estratégica a estos desafíos, no centrarse en fortalecer el control del Estado sobre la sociedad.
Lejos de construir un entorno de certidumbre, confianza y colaboración entre los distintos sectores, el mensaje que se percibe con estas medidas es claro: fortalecer la popularidad del Gobierno y centralizar aún más su poder. Sin embargo, una nación no progresa cuando el Estado se convierte en el único actor relevante y los ciudadanos quedan marginados de las decisiones públicas.
El costo de este modelo será alto. La discrecionalidad en la toma de decisiones genera incertidumbre, desincentiva la inversión y debilita la confianza en las instituciones.
A medida que el Gobierno concentra más poder sin contrapesos, se erosionan la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad jurídica, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social.
Sin reglas claras ni espacios de diálogo, México corre el riesgo de caer en un círculo vicioso: menor crecimiento, menos oportunidades y una mayor dependencia de la voluntad gubernamental. Si no se revierte esta tendencia, el País podría consolidarse como un Estado donde las decisiones se toman en función de intereses de corto plazo y no del bien común.
La historia ha demostrado que los países que han optado por este camino terminan enfrentando crisis institucionales y económicas de gran escala.
Evitar este destino requiere que los ciudadanos retomen su papel protagónico, exijan reglas claras y participen activamente en la construcción de un futuro donde el Gobierno no sea el dueño del poder, sino el administrador de los intereses de todos.
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El autor es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.
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