Con las movilizaciones que este 10 de mayo realizaron colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el País, incluyendo el muy relevante esfuerzo de unificación, es pertinente recordar los pendientes que deja esta administración frente a la crisis de desapariciones.
Al respecto, debe recordarse que una de las iniciativas que a principios de sexenio generó expectativa fue el reconocimiento de que la crisis de desapariciones requiere soluciones extraordinarias y la atención a problemáticas como el rezago forense. Fue así como se crearon el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), hoy abandonados.
El diagnóstico subyacente a la adopción de estas medidas fue acertado y no ha perdido actualidad: ante el cúmulo de cuerpos y restos humanos que permanecen sin ser procesados en las distintas instituciones forenses del País, es relevante pensar en esquemas alternativos y esfuerzos innovadores que se dediquen específicamente a la identificación humana. Dejar esta labor a las fiscalías -incapaces y claramente rebasadas, cuando no criminalmente cómplices- no permitirá revertir el rezago.
Diseñar soluciones extraordinarias no es sencillo. Hay quien considera que impulsar esfuerzos de identificación en perspectiva más humanitaria que penal, podría terminar abonando a la impunidad. Paradójicamente, estas visiones se parecen a las de las fiscalías que sistemáticamente se niegan a explorar alternativas extraordinarias, arguyendo cuestiones de legalidad, para no ver tocado su monopolio en cuestiones forenses -sea por blindar su coto de poder, sea por negligencia o sea por temor a que sus tropelías queden expuestas-.
Así, por ejemplo, respecto de carpetas y averiguaciones previas de larga data, que objetivamente puede presumirse que no serán judicializadas por el simple paso del tiempo, las fiscalías impiden que avancen los esfuerzos de identificación forense argumentando que la revisión de cuerpos y restos por otras instancias podría vulnerar la cadena de custodia de la evidencia. Se soslaya que esta evidencia probablemente jamás llegará a usarse en juicio, por la ineficiencia del ministerio público, y se termina bloqueando las posibilidades de avanzar humanitariamente en la identificación. De este modo, las fiscalías se benefician de su propia incapacidad y con cinismo la esgrimen para que nada cambie.
Pero, más allá de estas perspectivas, la voz de las víctimas debería prevalecer. Lo cierto es que ellas una y otra vez insisten en que la identificación y restitución digna de los restos de sus seres queridos sería un avance no menor para poder empezar a procesar el duelo, que la desaparición de personas pospone e impide por su propia naturaleza. La experiencia internacional da la razón a los familiares: en contextos de gran rezago forense, vale la pena invertir y crear espacios institucionales específicos que sólo se dediquen a la identificación.
Por eso importaba, importa y seguirá importando que se busquen esquemas innovadores y extraordinarios para el procesamiento de cuerpos y restos, aprendiendo de las mejores prácticas internacionales. El MEIF y el CNIH empezaban a abrir ruta en esta dirección y su abandono es por ello sumamente decepcionante.
El MEIF fue creado por medio de un “Acuerdo” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2023, aún vigente. Las consideraciones de este “Acuerdo” reconocen “que el país enfrenta una crisis en la operación de los servicios forenses, por el gran número de cuerpos que no han podido identificarse, lo cual dificulta la tarea de las instituciones encargadas de prestar estos servicios al no contar con los recursos técnicos, humanos y financieros necesario”.
Sin embargo, el MEIF pronto quedó en medio de la obstaculización generada por las fiscalías, por las disputas entre éstas y las comisiones de búsqueda, y por el desplazamiento del apoyo gubernamental hacia lo que después sería el Centro Nacional de Identificación Humana. Hasta ahora, el mejor recuento de este intrincado proceso lo ha escrito Edgar Cortez, experimentado y solvente defensor de derechos humanos, que en su momento integró el Mecanismo, quien ha detallado las arduas vicisitudes de este esfuerzo.
Debilitado el MEIF, surgió la expectativa de que el CNIH fuera una mejor respuesta. Así, el 13 de mayo de 2022 fue modificada la Ley General en Materia de Desaparición para crear un centro de alcance nacional que se abocaría exclusivamente a la identificación de restos y cuerpos. Conforme al artículo 50 de la Ley, aún vigente, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emprendería la “búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación humana complementario” mediante “la operación de un Centro Nacional con competencia en todo el territorio nacional, el cual debe interconectarse y compartir la información”.
No obstante, el esfuerzo quedó trunco. Con los cambios que se han dado al interior de la Secretaría de Gobernación y en la propia CNB, el CNIH fue abandonado y desmantelado, como han reportado diversos medios de comunicación, pese a que la ley mandata su existencia.
Con el abandono del MEIF y el CNIH, paulatinamente se ha vuelto a la situación que imperaba al fin del anterior sexenio: la negación de que existe una crisis de desapariciones, el abandono de los esfuerzos extraordinarios y el empoderamiento de las fiscalías. Éstas, en las que no se produjo ninguna transformación, se encuentran incluso más fortalecidas que nunca pues invocan su autonomía para no coordinarse con otras instancias en la búsqueda de personas y han vuelto a tener el monopolio decisorio en los temas forenses.
En este escenario desolador, algunas iniciativas relevantes a nivel local se mantienen como ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes. Es el caso de algunos centros regionales de identificación humana que han sido creados a nivel estatal, gracias a la persistencia de los colectivos de familiares, que confirman la pertinencia de relevar a las fiscalías en el procesamiento de restos de larga data o altamente degradados, mediante la creación de espacios institucionales nuevos, altamente capacitados y especializados, que adopten una perspectiva más humanitaria que penal.
A esos esfuerzos deberá mirar la nueva administración, recogiendo los aprendizajes que deja detrás de sí este sexenio, que en este tema fue dramáticamente de más a menos. Dejar esta tarea sólo a las negligentes fiscalías es una apuesta condenada al fracaso en las actuales condiciones. Los colectivos que salieron a las calles este 10 de mayo, como lo han hecho por más de una década, nos recuerdan que el País sigue en deuda con sus demandas de búsqueda, justicia, verdad, reparaciones, memoria y no repetición.
-
@CentroProdh
Animal Político @Pajaropolitico
