La soberanía no es un cheque en blanco. No es potestad única del Estado la suerte que corren sus ciudadanos. El concepto ha venido transformándose desde hace cuatro siglos y de manera importante después de la aberración y perversión de su uso durante la primera mitad del Siglo 20 que obligó a un replanteamiento drástico a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces la soberanía estatal no equivale a un “poder ilimitado de un Estado para hacer lo que quiera con su propio pueblo”.
La ONU fue creada en esa misma época para, entre otros, “mantener la paz y la seguridad internacionales” y buscar “el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos”. Para ello, uno de sus principios es “la igualdad soberana de todos sus miembros”.
A pesar de que el fin de la Guerra Fría supuso un momento de esperanza, tan pronto entramos al Siglo 21 se hizo evidente que el Estado se encuentra en crisis al igual que los órganos multilaterales o supranacionales. Un replanteamiento del concepto de soberanía resultaba necesario. En 2005 se construyó la doctrina internacional de Responsabilidad de Proteger (R2P), en la que se reconoció que “la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” es inicialmente en cada Estado, pero en situaciones en las que los Estados no puedan o no quieran hacerlo, la responsabilidad de proteger recae en la comunidad internacional.
Claudio Lomnitz, en su libro El tejido social rasgado, describe que el Estado contemporáneo es incapaz e incluso ha abdicado a garantizar seguridad y justicia a su población, al tiempo que reclama más y más soberanía. En el caso mexicano es más que evidente. Una y otra vez actores políticos han afirmado que la seguridad de la población está en manos de grupos criminales: “Donde predomina una banda criminal hay menos homicidios, advierte AMLO”, “Cese de violencia en Sinaloa ‘no depende de nosotros’ sino de grupos criminales, dice mando militar”. En materia de justicia, Claudia Sheinbaum ha repetido en distintas ocasiones que ante la inseguridad y violencia hay cero impunidad.
Esta frase no sólo resulta falsa, es ofensiva ante las víctimas que exigen justicia y se enfrentan a niveles de impunidad que rondan el 100 por ciento.
La realidad mexicana del Siglo 21 presenta diversas violencias que se perpetran de manera generalizada y sistemática: asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, reclutamiento forzado de menores de edad, tráfico de migrantes, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, extorsión, cobro de piso y secuestro. ¿De qué soberanía hablan en un país con más de 7 mil fosas clandestinas que son halladas por madres buscadoras y no por el Estado? ¿Soberanía en un país en el que en dos décadas se acumulan de manera macabra cerca de medio millón de personas asesinadas y más de 100 mil personas desaparecidas? ¿Soberanía a un Estado que no sólo es incapaz de garantizar seguridad a su población, sino que es uno más de los perpetradores de las violencias?
La Responsabilidad de Proteger reconoce que “la soberanía implica una doble responsabilidad: externamente, respetar la soberanía de otros estados, e internamente, respetar la dignidad y los derechos básicos de todas las personas dentro del Estado. En los pactos internacionales de derechos humanos, en la práctica de la ONU y en la práctica misma de los Estados, ahora se entiende que la soberanía abarca esta doble responsabilidad. La soberanía como responsabilidad se ha convertido en el contenido mínimo de una buena ciudadanía internacional”.
Vivimos tiempos en los que los Estados desconocen sus obligaciones internacionales y buscan encerrarse en sí mismos. Esto resulta preocupante ante las violencias desatadas y más en gobiernos populistas que esconden su perversión detrás del “pueblo” y un concepto caduco de soberanía.
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