El registro de personas desaparecidas: el juego perverso de las cifras

Aunque no formalmente, el proceso electoral ha arrancado. En este entorno la administración pública parece entrar en una especie de limbo, de cierre adelantado donde los problemas públicos se administran, pero ya no se intenta atenderlos de fondo y se empiezan a construir narrativas de cierre político.

Una señal preocupante y posible manifestación de una narrativa de cierre en la atención a la crisis de desapariciones en México son las recientes declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la presentación de un “nuevo censo” sobre el número de personas desparecidas. En su conferencia de las mañanas el Presidente declaró que:

“Se está haciendo ahora un censo, nuevo, para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente [...] para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí falta actualización [...] Tenemos que saber muy bien, con exactitud [el número de personas desaparecidas], empezar por ahí; se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón[...]”.

Esta declaración presenta diversas aristas para el análisis, en el presente texto nos centraremos en dos: 1) Las implicaciones que tiene el hecho de que a casi un año de que termine la administración, el titular del Ejecutivo ponga en duda la confiabilidad del actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNO), y 2) La posibilidad de que detrás de la llamada “actualización” de las cifras se caiga en la tentación de querer matizar el escandaloso número de casi 111 mil personas desaparecidas que se acumulan al día de hoy en el RPDNO, de las cuales más de 46 mil ocurrieron en la administración actual.

La necesidad de contar con un registro confiable de personas desaparecidas fue identificada desde hace 10 años por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Protección de las Personas en contra de las Desapariciones Forzadas, por ello fue una de sus recomendaciones centrales en su informe de visita a México. Esta necesidad ha sido reiterada y refrendada por otros organismos internacionales; en particular, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Con base en estas recomendaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas presionaron y lograron la creación de un nuevo registro de personas desaparecidas, a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada adoptada en 2017. Ese nuevo registro sustituyó al registro implementado por las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Y si bien la Ley General entró en vigor aún durante el gobierno de Peña Nieto, la parte más sustantiva de su implementación ha recaído en la gestión de la 4T, incluida la implementación del nuevo registro; es decir, el RPDNO.

La construcción del Registro ha sido de los mayores retos que ha enfrentado la Comisión Nacional de Búsqueda, dado que éste depende del reporte de las autoridades estatales (tanto Fiscalías Generales de Justicia como Comisiones Locales de Búsqueda). Incluso la misma CNB advierte al ingresar al Registro que:

“Entre los retos del RNPDNO está la resistencia de diversas instituciones para registrar o compartir información. Cualquier información que no se visualice en el RNPDNO se debe a que no ha sido aportada por la autoridad federal o local que hizo el reporte. En ese sentido, el porcentaje de registro de información en el RNPDNO por parte de las autoridades es muy bajo”. 1

Lo anterior y una interpretación sumamente restrictiva de la protección de datos personales han sido las razones que ha esgrimido la CNB para negarse a presentar el Registro como una base de datos abierta, así como para no transparentar su metodología, como lo han exigido colectivos de víctimas y organizaciones desde que el mismo fue presentado. Por ello, causa extrañeza que, a un año de concluir su gobierno, el Presidente deslice un cuestionamiento al Registro que su administración construyó desde cero y desde el que queda muy claro que el fenómeno de la desaparición en el País está subestimado y no sobrestimado, como parece se quiere dar a entender.

La retórica presidencial causa mayor suspicacia si se recuerda que el manejo de las cifras de personas desaparecidas siempre ha sido controvertido y objeto de manipulaciones. Desde la primera vez que se dio a conocer la cifra de 26 mil personas desaparecidas, diversas voces del gobierno de Calderón y Peña Nieto trataron de matizarla y hablaron de la necesidad de revisarla bajo diversos argumentos; principalmente por considerar que la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas en realidad no están desaparecidas, sino que se encuentran ausentes voluntariamente o por razones ajenas al delito de desaparición forzada. Es imposible no identificar ciertas similitudes en estos argumentos con los esgrimidos por el Presidente para justificar lo que él llama una “actualización” del “censo” de personas desaparecidas.

Existe también un juego complejo en el cambio de narrativa para nombrar las cifras. Las denuncias y reportes de desaparición son registros administrativos de las instituciones que, en conjunto, nos dan la magnitud del fenómeno de la desaparición en México dado que son los casos de personas que las Fiscalías y Comisiones deben encontrar. Esto es radicalmente distinto a un censo que busca conocer a una población en su totalidad, y que en el caso de las personas desaparecidas resulta cuando menos complejo dado que esta población precisamente se encuentra ausente. 2

Por ello, hablar de un nuevo “censo” resulta no sólo problemático, sino incluso podría ser contradictorio con la condición de ausencia de las personas desaparecidas.

Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas hemos pugnado por la transparencia en el proceso de creación del RPDNO, pero eso es distinto a cuestionar en sí misma la cifra de personas desaparecidas con que se cuenta actualmente. Una revisión del Registro no es algo negativo en sí mismo, pero antes de poner en duda la cifra, es fundamental que la Comisión Nacional de Búsqueda transparente la metodología del RPDNO y lo presente como una base de datos abierta. Cualquier actualización del Registro que no parta de una discusión abierta sobre cómo está construido el mismo, estará condenada a repetir los errores del pasado y no podrá evitar las suspicacias sobre las verdaderas intenciones detrás de esa llamada actualización.

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Los autores son Humberto Francisco Guerrero Rosales y Ángel Ruiz Tovar, del equipo de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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1. Boletín Informativo, Registro Nacional de Personas Desaparecidas. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index

2. Si bien podría existir una aproximación que buscara conocer la totalidad de la dimensión de las personas desaparecidas mediante una aproximación censal, esta requeriría una cantidad increíble de recursos públicos donde la base de la información sería recogida directamente de los hogares del país. Ello no es indeseable, todo lo contrario, pero la naturaleza de la información del RNPDNO es diametralmente distinto, puesto que las denuncias y reportes son las personas que las autoridades tienen la obligación de encontrar.