Doctor en Ciencia Política y activista social a favor de la educación
juanalfonso@uas.edu.mx / Twitter: @juanalfonsoML / IG: juanalfonsomejia / FB: juanalfonsomejia.mx
Tocó el turno al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). El Presidente López Obrador vetó en días pasados el acuerdo del Senado mediante el cual se nombró a dos nuevos comisionados. Argumentó actuar dentro de sus facultades. Desconoció las negociaciones entre las fracciones parlamentarias, incluida Morena. Se repartieron las posiciones entre los partidos, dijo, y eso “no puede seguir sucediendo”. Todo lo anterior es verdad, tanto como la parálisis institucional en la que ahora se encuentra el Instituto.
Es verdad, el mecanismo de elección de los comisionados del INAI como de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) está diseñado para la búsqueda de acuerdos en el Legislativo. Al Presidente, ¿no le gustó el resultado de la negociación? O más bien, ¿está en desacuerdo con el método? O, peor aún, ¿estamos en la antesala de la desaparición de un órgano autónomo más del Estado? Me inclino por la tercera.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el INAI sesiona con al menos cinco de sus siete miembros. Desde hace 350 días, lo hace sólo con cinco. El nombramiento de uno más de los comisionados llega a su fin el próximo 31 de marzo, se trata del comisionado Francisco Javier Acuña. De no alcanzarse un nuevo acuerdo para fines de este mes, las resoluciones del Instituto carecerán de validez legal. Al no estar “operando”, estarán imposibilitados para acceder al presupuesto público. Morirán por inanición.
El INAI es hijo del periodo de la alternancia política en México. Nació durante el mandato de Vicente Fox, se consolidó con Felipe Calderón al incluir el derecho a la información como un derecho constitucional de las y los mexicanos. No es un órgano específico en el combate a la corrupción, para eso está la Fiscalía General de la República, aunque pocos dudarían sobre el impacto de sus resoluciones para la vida pública.
El artículo 6 de la Constitución mexicana funciona como un mecanismo de control ciudadano frente al poder público. Garantiza el derecho a saber sobre la utilización de cualquier recurso y la modalidad de su uso. Además, protege la privacidad de los datos personales de cada uno de los ciudadanos. Gracias a la utilización de este derecho, un (a) ciudadano (a) puede conocer cuánto y cómo se gasta en el proyecto de Dos Bocas de la presente administración o el Tren Maya, hasta la triangulación de recursos por la vía de las universidades durante la administración pasada, la conocida Estafa Maestra.
Los órganos autónomos del Estado nacieron para proteger al ciudadano y, muy probablemente, en su quehacer público incomodar al gobierno en turno. Así fue con los mandatarios anteriores, y así es ahora con él. Un poder autónomo equilibra el ejercicio del poder público, impide la concentración del poder en una sola mano y evita la sumisión de los sectores a la voluntad de un solo hombre. Quizás esto es lo que en el fondo molesta tanto a AMLO.
Que se discuta sobre los mecanismos de elección para el mejor funcionamiento de los órganos autónomos. Seamos críticos respecto de su costo y la función social para el mantenimiento de las libertades ciudadanas. Desconozcamos ese tipo de “enjuagues” entre las maquinarias partidistas que tanto daño han hecho al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Hagámoslo público y transparente. Si cancelamos al INAI, quedaría confiar en el gobernante y no en las instituciones. Esa historia ya la conocemos. No se necesita desaparecerlo para cancelarlo en los hechos. Estemos atentos, toca el turno al INAI.
Que así sea.
