Se llevaron a cabo las comparecencias para elegir a quienes serán las nuevas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa.
El evento se llevó a cabo teniendo como telón de fondo las amenazas de disolver el Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque, a consideración de Morena, son muy onerosos.
Habría que destacar, sin embargo, cómo estos organismos, en especial el INAI, han servido como instrumento ciudadano para revelar desvíos de recursos que sobrepasan por mucho el presupuesto de estas instituciones.
Por medio del acceso a la información pública fue posible conocer el desfalco de 15 mil millones de pesos, que durante la administración de López Obrador se hizo en Segalmex, un organismo público que fue utilizado por funcionarios del Gobierno federal para desviar recursos, amparados en la consigna popular, pero poco transparente, de primero los pobres.
La posible desaparición del INAI y del Sistema Anticorrupción pudieran desencadenar la inoperancia de toda una serie de instituciones de combate a la corrupción a nivel local, cuyo funcionamiento está estrechamente vinculado al empoderamiento de la sociedad civil.
Sin su existencia, hubiese sido muy difícil que salieran a la luz casos como el de la compra a sobreprecio de unas luminarias en Mazatlán, que le costaron a la ciudadanía 400 millones de pesos. Tampoco hubiese sido posible la destitución de un Alcalde municipal, como Luis Guillermo Benítez, para que comparezca ante la justicia.
Son logros que no se hubiesen materializado sin el engranaje institucional que obliga a las autoridades a ser transparentes, y al mismo tiempo le da la capacidad al ciudadano para pedirle cuentas a sus gobiernos. Es un avance inconmensurable en la vida pública.
En Sinaloa el sistema anticorrupción está más vigente que nunca, porque apenas estamos creando una cultura de denuncia y combate a las prácticas irregulares del gobierno. Es muy pronto para dar reversa.
Afortunadamente, hoy ya no nos parece normal el enriquecimiento inexplicable de los políticos, y vemos con sospecha la compra de terrenos de alta plusvalía por parte de la familia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quienes aparentemente utilizaron información privilegiada para saber dónde se construiría un nuevo campus universitario.
Nos indigna que en las contrataciones públicas siga imperando el nepotismo y el tráfico de influencias, como ocurrió con el nuevo Acuario de Mazatlán, que le fue encomendada a Ernesto Coppel, primo del entonces Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel.
Si desaparecen las instituciones de combate a la corrupción es más probable que queden en la impunidad todos estos casos que configuran delitos graves porque atentan contra el patrimonio y los recursos de la ciudadanía.
Hasta hace poco parecía inimaginable que un partido identificado con los movimientos de izquierda, pudiera encabezar una cruzada contra las instituciones democráticas, como en su tiempo lo hicieron el PRI y el PAN.
Pero las amenazas por suprimir el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción nos hacen encender las alarmas de advertencia. No es el camino correcto. No es por ahí.
