La divulgación de los documentos secretos del Ejército Mexicano hackeados por el grupo “Guacamaya”, han sido un misil no solo contra los militares -hoy vistos con mayor recelo por sus presuntas ligas con el crimen organizado y sus negocios millonarios descubiertos con el hackeo-, sino también ha impactado, de manera severa, dentro del primer círculo de López Obrador, incluyendo a la cada vez más cuestionada familia presidencial.
Sí, los llamados #GuacamayaLeaks han sido una bomba que, día tras día, muestran los negocios entre... ¡el Ejército y el narco!; comienzan a minar la credibilidad y austeridad del Presidente y de su familia, que utilizan a militares -literal- como criados; exhiben al hermano político de AMLO, Adán Augusto López, con presuntos vínculos con el narcotráfico cuando era Gobernador de Tabasco, y muestran a la esposa de López Obrador como una primera dama abusiva con los elementos castrenses.
¿Pruebas? Echemos un vistazo a lo revelado por los documentos hackeados y hechos públicos por medios y organismos no alineados ni arrodillados ante el régimen obradorista:
EJÉRCITO VENDEARMAS. El Ejército Mexicano ha vendido armas a criminales, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El 10 de junio de 2019 (ya con AMLO en la Presidencia), la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas a un cártel del narcotráfico con base en Tejupilco, Edomex. “El 31 de mayo (2019), el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuáles fueron entregadas en Atlacomulco”, revela el informe difundido por MCCI.
ADÁN AUGUSTO Y EL TUFO DEL NARCO. “En su gestión como Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández nombró como titulares de Seguridad a funcionarios que, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, y del Comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, quienes se mantienen en sus cargos en la gestión del actual Gobernador, Carlos Manuel Merino. El tercero señalado por una presunta relación con el crimen organizado es el director general de la Policía Estatal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos. El presunto vínculo lo refieren reportes de inteligencia sobre la actividad delictiva en Tabasco, realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste entre 2019 y 2022 y enviados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). (Animal Político. Alfredo Maza- Nayeli Roldán. 5/Octubre/2022). Sobre el asunto, MCCI revela que los jefes policiacos tabasqueños nombrados por el hoy secretario de Gobernación, “pertenecen a una banda criminal llamada ‘La Barredora’, dedicada al narcotráfico y al huachicol, y que según la Sedena, es una célula del CJNG”.
NEGOCIOS CASTRENSES. “Mandos del Ejército son investigados por contratar a empresas fachada que presuntamente realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con una denuncia abierta en el órgano interno de control de la Sedena. Según el documento, que está dentro de los correos hackeados por ‘Guacamaya’, el coronel ingeniero Diplomado de Estado Mayor, Rafael G., encargado de una Subdirección del Ejército, contrató en 2019 a una empresa de forma irregular para impermeabilizar instalaciones militares, y designó al capitán Jorge A. como coordinador de la obra, quien recibió numerosas transferencias electrónicas de dinero y en efectivo que aumentaron su patrimonio en 7,386 por ciento en menos de tres años”. (LatinUS– 9/Octubre/2022).
CRIADOS VERDE OLIVO. El hackeo de archivos de la Sedena ha revelado que México está bajo control del Ejército en distintos ámbitos, y que la familia presidencial ha utilizado afanadores militares para la limpieza de sus departamentos, incluidos domicilios particulares. Según una revisión de los correos electrónicos hackeados, se tiene registro de que la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, “solicitó al Ejército la reparación de fugas de agua en el departamento de Palacio Nacional, el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia de su domicilio particular, y afanadoras militares para la limpieza de ambos domicilios”. (Animal Político/El Universal. 9-Octubre-2022).
LA FAMILIA VIAJERA. “El 8 de septiembre de 2020, fue enviada al secretario particular del titular de la Sedena una petición para comisionar a seis militares en apoyo de la esposa del Presidente, quien el mes siguiente viajaría a Francia, Italia, Alemania y Polonia, a fin de llevar a cabo actividades oficiales y privadas. Cuatro de los militares asignados a ese viaje cumplieron labores de ayudantía, uno como escolta y otra más en servicio médico”, citó, con base en los documentos referidos, el medio digital La Otra Opinión. Además, sostuvo que el 18 de enero de 2020, cinco militares fueron comisionados “para acompañar a la esposa y a un hijo del Presidente en su viaje a Houston”.
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El hackeo de “Guacamaya” exhibe la corrupción, abusos y delitos de dos poderes: el poder militar y el poder presidencial (incluida la familia de AMLO), transcurridas las dos terceras partes del régimen obradorista. Allí están los documentos, textual, a la vista de todos.
Ejército y Presidente son exhibidos.
La porquería, a la vista.
¡Y lo que falta saber!
