Destituir a Madueña para restituir la ley
¿Alerta máxima para UAS o el Rector?

Iba a llegar el día, tal como sucedió ayer, en el que la Fiscalía General del Estado le solicitara al Poder Judicial que determine la separación de los cargos que desempeñan el Rector Jesús Madueña Molina y otros funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en activo que están vinculados a procesos por supuestos delitos que afectan las finanzas de la institución de educación superior. Era de esperarse también que los mandos de la casa de estudios reforzaran las medidas de presión para sostenerse en las posiciones del gobierno universitario.

Y en razón de la decisión del Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, la atención estará puesta en cómo reacciona la cúpula dirigente de la UAS que como primer reflejo decide realizar la manifestación estatal el día de hoy, ordenando desde ayer a los profesores que saquen a los estudiantes a la calle. Lejos de ser los tiempos de “Los enfermos” o de la protesta coaccionada, actualmente la masa estudiantil es más reflexiva, de mayor libre albedrío y valora la calidad de la enseñanza por encima de la comodidad del puntaje obtenido con méritos de productividad política.

La “alerta máxima” lanzada la tarde del lunes por Madueña Molina en realidad había sido establecida desde que el 14 de septiembre se dio por iniciado el juicio en la causa penal 918/2023 donde la Fiscalía Anticorrupción acusa la compra de 45 millones de pesos en tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal de 2020 a 2022, período sin actividades en las escuelas y casas de estudiantes por la pandemia de coronavirus.

Pero el citatorio para que acudiera ayer a la unidad de medidas cautelares fue interpretado por Madueña y sus defensores como la inminente ampliación de restricciones legales que en principio consistieron en la prohibición para salir del País y presentarse a firmar cada mes y medio en el Juzgado. Tenían razón al anticipar que le ordenarían que deje el puesto de Rector en tanto corre el juicio, con alta probabilidad de que ya no lo retome si es hallado culpable de los delitos que le imputan. Eso sí da para que el establishment rosalino encienda los focos rojos, más no porque vean en peligro a la UAS sino porque están en riesgo sus posiciones de poder.

El escenario se parece mucho al que protagoniza el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien ha insistido en regresar a esa trinchera de la función pública de la que fue depuesto el 10 de junio de 2022 al aprobar el desafuero la 64 Legislatura del Congreso del Estado. El argumento judicial es que no puede ser reinstalado mientras esté vigente el juicio, para evitar que use el cargo y las arcas municipales para obtener ventaja frente a quienes lo acusan.

Esto, estrictamente ajustado a la Ley, lo percibe con anticipación cualquier abogado. No obstante que desde finales de septiembre la agrupación Movimiento Democrático Universitario le entregó a la Fiscalía la solicitud de quitarles los cargos al Rector y coacusados, el pedimento de la separación se veía venir como un paso obligado en la estrategia del Ministerio Público para desactivar la disposición de recursos públicos por quienes son procesados por hacer mal uso de los mismos.

Tal apego a la norma jurídica determina que es necesaria la renuncia temporal a los cargos que desempeñan los funcionarios de la UAS para evitar que continúen las afectaciones a las finanzas uaseñas, utilizándolas para la defensa jurídica de los inculpados en detrimento de la integridad de la posible víctima que en este caso es la Universidad. En contrasentido, la parte imputada se aferra al argumento de violación a la autonomía universitaria.

Los abogados de la Universidad, de los directivos de la casa de estudios o los influyentes despachos jurídicos contratados saben mejor que nadie que después de las vinculaciones a juicios vienen la licencias que por voluntad propia y en un acto de indispensable dignidad deberían solicitar los servidores públicos puestos a disposición de la justicia, o que al no ser de motu propio los tribunales determinarán para procurar la equidad procesal.

Pero por esquivar una zona resbaladiza las autoridades universitarias pueden caer en derrapes más graves al decidirse por el recurso de la movilización que ponga a los estudiantes en las calles. En caso de ser consultados, los padres de familia serían los primeros en oponerse a que sus hijos sean llevados a la vía pública con todos los riesgos que ello implica, además de que rechazarían el deterioro del método de enseñanza donde valga más el pase de lista que hagan los maestros fuera de las aulas, que la adquisición de conocimientos dentro de los recintos académicos.

Aparte, la Secretaría de Educación Pública federal les está poniendo marca personal a las universidades públicas y toma nota de si la alteración de las funciones sustantivas coloca en entredicho a la academia y la ciencia. Mucho ojo en estos momentos en que está en análisis el presupuesto de 2024 a la educación superior.

El que deban dejar los puestos,

No tendría que ser un desastre,

Pues sería más ruina el lastre,

De los latrocinios supuestos.

Desde Los Mochis con dedicatoria para quienes toman decisiones de gobierno en México, no pudo ser más crudo el mensaje que el pugilista Jorge “Travieso” Arce pronunció frente a los senadores que reconocieron a deportistas que han sido leyendas nacionales. “Tenemos que promover el deporte, yo cuando estaba niño miraba a Chávez, al ‘Toro’ Valenzuela, a Hugo Sánchez; hoy ¿saben qué ven los niños de ahora? ¿Saben qué ven en las noticias? Descuartizados, levantones, matones, secuestros. Por eso los niños ahora quieren ser sicarios, porque ven eso en las noticias, en las redes sociales”.

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