Quisiera seguir dando más y más argumentos sobre que la sobrerrepresentación para el oficialismo y la subrepresentación para la Oposición que la Secretaria de Gobernación decretó desde el día siguiente de las elecciones es inconstitucional y antidemocrática por donde se la vea.
Académicos, constitucionalistas, activistas y opinadores hemos hecho nuestra tarea de ofrecer un sinnúmero de argumentos para coadyuvar al razonamiento de los magistrados y mostrar que apoyar una sobrerrepresentación del 20 por ciento al oficialismo y una subrepresentación de 25 por ciento a la Oposición iría contra la Constitución y la democracia.
Argumentos apoyados en la Constitución, las leyes, las exposiciones de motivos de las reformas previas, los discursos de los parlamentarios al momento en que se pasó la reforma de 1996, las intenciones y espíritu de los legisladores, el sentido progresivo de las reformas, la literalidad sistemática, los juicios interpuestos por las entonces fuerzas de Oposición y hoy vueltas Gobierno, los precedentes jurídicos y hasta la política comparada.
Los magistrados, como corresponde, han guardado silencio y no será hasta alrededor del 23 de agosto que sabremos su decisión. Sólo esperamos que escuchen los fundamentos que hemos puesto a su disposición y los añadan a los propios. Por su parte, el Presidente y su gobierno no han hecho más que denostar a los que hemos defendido esta posición. Salvo insistir en la literalidad de la fracción V del artículo 54, el resto han sido descalificaciones ad hominem.
No pierdo la esperanza de que los argumentos pesen más que las presiones de Palacio Nacional pero quizá convendría centrarse ahora en las consecuencias de que se otorgara al oficialismo una mayoría calificada que no corresponde con la voluntad del elector. También son argumentos poderosos a por qué no se debe admitir que una mayoría legislativa que no se ganó en las urnas permita concentrar el poder y dejar inermes a los ciudadanos.
Ya están en comisiones no sólo la reforma al Poder Judicial sino también la reforma electoral y la desaparición de los órganos autónomos (OCAs). Tres reformas que junto a la ampliación de la prisión preventiva, la militarización plena de la Guardia Nacional, esperan su veredicto. Lo mismo ocurre con otras iniciativas que afectan al sector privado en energía, minería, ferrocarriles y en el servicio de internet.
López Obrador, secundado por la Presidenta electa, apuesta a que estos asuntos no interesan a la población y vende la idea del uso de los recursos que dispendian estos órganos para dedicarlos a los programas sociales, de acabar con la corrupción y los privilegios de una burocracia dorada y de terminar con los obstáculos del Poder Judicial a la cuarta transformación.
En efecto, con la desaparición de los OCAs el Gobierno se allegaría alrededor de 75 mil millones de pesos anuales que se dedicarán a lo que el próximo gobierno quiera. Por supuesto sin rendición de cuentas. Pero los mexicanos, como bien lo dibujó Paco Calderón en su cartón del domingo en el periódico Reforma, perderíamos los medios de defensa que tenemos contra de los actos arbitrarios de la autoridad: la opacidad, el uso político de los datos personales, la decisión de seguir contaminando, la prevalencia de los otros datos, las decisiones sobre quién puede tener monopolios, el control sobre las telecomunicaciones, la vigilancia de los actos de corrupción, entre otros. Más, la imposibilidad de introducir acciones inconstitucionalidad sobre leyes que violan nuestros derechos.
Las verdaderas razones para desaparecer a los OCAs son políticas. Se reducen a dos. Que antes de su salida, López Obrador se cuelgue la medalla del gran transformador. No importa que eventualmente pase a la historia como el demoledor de la democracia. Intentar perpetuar a su movimiento en el poder a través de una legislación que elimine o disminuya seriamente la pluralidad y otorgué al oficialismo una ventaja aún mayor que la que intenta tener malamente en este 2024.
Todos los años de lucha del obradorismo y de la izquierda para poner frenos a un presidencialismo desbocado, para que las minorías pudieran acceder al poder, para que los cambios constitucionales no dependieran de una sola fuerza política, para que los ciudadanos pudiéramos tener instrumentos de defensa de los derechos que están en la Constitución, para quitar las elecciones de las manos del gobierno, para vigilar el ejercicio presupuestal y para generar datos que informen la toma de decisiones políticas, se irán por la borda si el Presidente consigue que primero el INE y después los magistrados del Tribunal Electoral fallen en favor de sobrerrepresentación.
Ya descender de la categoría de democracia defectuosa a democracia híbrida, según el Índice Democrático de The Economist, con estas reformas lograremos ingresar a la categoría de autocracia o autoritarismo.
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