De ‘El Mini Lic’ a Ovidio: reflexiones sobre los juicios en Estados Unidos

El 2023 ha sido el año de la “fentanilización” del debate en torno al tráfico de drogas. En general, las instituciones de justicia en Estados Unidos han logrado posicionar su agenda en las narrativas sobre política de drogas, pero también sobre procesos de justicia en México a través de una figura central: la extradición a Estados Unidos de personas acusadas por delitos de drogas.

Desde Elementa DDHH hemos analizado la extradición y los procesos judiciales en Estados Unidos reconociendo las particularidades del contexto binacional, las tensiones políticas alrededor del proceso y sus implicaciones en la búsqueda de justicia, verdad y memoria para las víctimas en nuestro País. Por ello, más allá de la lectura de eventos coyunturales, creemos necesario seguir reflexionando para comprender la política criminal en EUA y su impacto directo en procesos de justicia en México. En este texto analizamos las implicaciones de los dos caminos posibles de quienes enfrentan acusaciones en Estados Unidos: negociar o irse a juicio.

En julio de 2017, Dámaso López Serrano, el “Mini Lic”, se entregó en EUA dispuesto a negociar. “El Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez -el aliado más cercano de “El Chapo”- y quien, desde la captura de su padre lideró una facción del Cártel de Sinaloa contraria a “Los Chapitos”, enfrentaba una condena por narcotráfico. Además de estos delitos, por los que se declaró culpable, también admitió frente al tribunal haber ordenado al menos 15 asesinatos y 20 secuestros. No obstante, como ninguno de estos crímenes estaba sujeto a juicio, sólo fue condenado por aquellos delitos relacionados al tráfico de drogas.

Después de ser sentenciado, México también abrió un proceso en contra de “El Mini Lic” por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. Proceso que, en buena medida, ha sido ignorado por las instituciones de justicia en EUA dado que, aunque la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra y luego solicitó su extradición, ésta no procedió y Dámaso fue puesto en libertad anticipada en 2022. Este hecho no solo tiene un impacto familiar y comunitario, sino también a nivel nacional, donde el asesinato de periodistas que reportan sobre el narcotráfico y su relación con estructuras del Estado es un fragmento más de la espiral de violencia sostenido por las redes de macrociminalidad.

Hoy sabemos que la colaboración que le permitió obtener beneficios tales como la protección continua, la reducción en su condena y la posibilidad de esquivar la justicia en México fue y sigue siendo en contra de “El Chapo” y “Los Chapitos”. Su proceso es muestra clara de los efectos de una política criminal basada en la prohibición, que se enfoca únicamente en la persecución del mercado declarado ilícito de las drogas e ignora las violaciones a derechos humanos cometidas para el sostenimiento del negocio. Para las víctimas no hay ni justicia, ni verdad. Al contrario, la entrevista publicada por Proceso (1) hace un par de semanas -en la que “El Mini Lic” pronunció su inocencia respecto al asesinato de Javier Valdez, señaló a “Los Chapitos” como los verdaderos responsables y habló de los pagos a Genaro García Luna- es una muestra más del peso que tiene la política sobre la justicia.

El momento en el que se encuentra el caso de Ovidio muestra la tensión entre estos dos caminos. Tres días después de su extradición, el 18 de septiembre de 2023 en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Ovidio Guzmán se declaró inocente frente a los cinco cargos por los que fue acusado. Cabe aclarar, ninguno de éstos hace referencia al mercado del fentanilo, sino al tráfico de otras sustancias, lavado de dinero y uso de armas. Luego, el pasado 17 de noviembre, se presentó a una audiencia preliminar en Chicago para determinar si se iría a juicio o no, en la que no se llegó a una determinación pues su defensa pidió más tiempo para analizar pruebas. La fecha acordada para una nueva audiencia es hasta el 18 de marzo de 2024. Hasta entonces, seguiremos sin saber qué hará Ovidio.

Lo que sí sabemos es que Ovidio tiene dos opciones: seguir los pasos de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán e ir a juicio y, probablemente, cumplir una condena en una cárcel de alta seguridad; o, por otro lado, seguir el camino de “El Mini Lic” y muchos otros: negociar con las autoridades para compartir información y conseguir beneficios. Vale la pena resaltar que en Estados Unidos, desde hace 20 años, menos del 2 por ciento de los casos se van a juicio (2).

De cualquier modo, según avance el caso, es importante considerar tres puntos que obstaculizan el derecho a la justicia y verdad:

- La política criminal de Estados Unidos, ejecutada en gran medida por las autoridades mexicanas, impide el acceso a la justicia, verdad y memoria de las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro país. El respeto a los acuerdos alcanzados por las autoridades de EUA con las personas acusadas es indispensable para mantener el poder de negociación. A pesar de que la FGR dice haber solicitado la extradición de Dámaso para juzgarlo por el asesinato de Javier Valdez, “El Mini Lic” continuará en territorio estadounidense bajo la protección de sus autoridades como testigo e informante de las actividades de “Los Chapitos”.

- La justicia criminal en Estados Unidos está pautada por intereses políticos. Las tensiones interinstitucionales -por ejemplo, entre diferentes Cortes que acusan a una misma persona- y las conveniencias personales, juegan un papel fundamental para delimitar los tiempos y formas de los procesos judiciales. Además, se prioriza la negociación con los acusados para obtener información y capturar a otras personas sobre la búsqueda de justicia.

- El discurso prohibicionista genera un impacto directo en las comunidades ya afectadas por la violencia criminal. Tras la extradición de Ovidio y las declaraciones del Departamento de Justicia de EEUU en contra de los productores de fentanilo, se han encontrado narcomantas firmadas por el Cártel de Sinaloa que advierten sobre las consecuencias de vender y consumir fentanilo. También se han reportado desapariciones ligadas al tráfico de sustancias en estados como Sinaloa y Baja California, en donde se sospecha que el alza de violencia está directamente relacionada con la persecución detrás del fentanilo.

Estos procesos son muestra clara de que las acciones para la justicia se forjan a partir de intereses políticos, particularmente desde la política criminal de Estados Unidos y no desde los derechos de las víctimas. Por ello es importante seguir el proceso de Ovidio al margen de la “fentanilización” y al tanto de la politización del proceso. Mientras los juicios y negociaciones políticas sigan tejiendo la memoria de la violencia en México, la construcción de otras narrativas está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad como sociedad civil cuestionar los procesos de justicia.

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Las autoras son Paulina Covarrubias (@paulinacova_), licenciada en Relaciones Multiculturales, Oficial de Programas en Noria Research MXCA y consultora para @ElementaDDHH, y Renata Demichelis (@ranademi), internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de @ElementaDDHH.

1. Luis Chaparro, “Las disputas en el Cártel de Sinaloa, los millones para García Luna, el apoyo a Peña Nieto, el asesinato de Javier Valdez...”, Proceso, V, año 46, septiembre 2023.

2. Información del 2021, obtenida de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2022/FY21_Overview_Federal_Criminal_Cases.pdf