Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) nació en el gobierno de López Obrador. Es un émulo de la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) célebre por buenas y malas razones: fue el brazo del Estado encargado de llevar productos de primera necesidad hasta el último rincón del País, y fue también la que de la mano de Raúl Salinas de Gortari introdujo en México leche contaminada con elementos radiactivos de Chernóbil.
Entre Conasupo y Segalmex hay un hilo conductor: Ignacio Ovalle, un oscuro personaje que transitó del echeverrismo, al salinismo y finalmente al lopezobradorismo con escala en Movimiento Ciudadano. Por donde ha pasado hay corrupción e impunidad.
El fraude en Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle es de poco más de 11 mil millones de pesos. No se trata solo de simulación de concursos, asignación de contratos millonarios a empresas fantasma o licitaciones amañadas, sino incluso del uso de recursos públicos para compra de bonos bursátiles. Para ponerlo en perspectiva, el desfalco a la compañía que debería de asegurar la alimentación de los más pobres es 68 por ciento más grande que la Estafa Maestra de Peña Nieto y 2.5 veces lo que se pretende ahorrar con la reforma electoral.
Cuando tronó el escándalo, algunos funcionarios menores fueron procesados, pero a Ovalle solo lo cambiaron de puesto, lo mandaron a una de esas dependencias que nadie sabe lo que hace, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) dependiente de la Secretaría de Gobernación, donde sigue cobrando como director y gozando de impunidad.
En el libro La casa gris, Raúl Olmos hace una descripción minuciosa de los esquemas de financiamiento de López Obrador a lo largo de los últimos años y de la corrupción en Pemex que quedó al descubierto tras darse a conocer la famosa casa donde vive su hijo José Ramón con su esposa Carolyn Adams. Los datos ahí mostrados son demoledores: al igual que en gobiernos anteriores la corrupción en el gobierno de López Obrador es sistémica y pasa por Palacio Nacional, por los colaboradores más cercanos del Presidente, como Octavio Romero o Alejandro Esquer, y por sus hijos.
Con todo esto publicado ¿por qué el Presidente goza de tan buena reputación?, ¿por qué una buena parte de los mexicanos considera que el actual es un gobierno honesto?, ¿por qué no hay un escándalo y una gran demanda social de que se investigue y castigue la corrupción?
Hay que explorar al menos tres hipótesis para explicar este fenómeno. La primera es el bono de popularidad del Presidente. Si bien esto es importante, claramente no basta, pues presidentes con popularidad similar a estas alturas del gobierno, como Fox y Calderón, eran mucho más sensibles a los escándalos de corrupción. La segunda es que ante la falta de una voz creíble desde la Oposición todo queda en gritos en el desierto y nadie capitaliza el escándalo. La tercera es que una buena parte de la impermeabilidad del Presidente a los señalamientos de corrupción se debe a la estrategia de comunicación que está permanentemente al ataque, desautorizando todas y cada una de las voces que denuncian.
Una, otra o las tres juntas, lo cierto es que más que ante un gobierno honesto estamos ante una sociedad incrédula, con medios y políticos desacreditados, y que a López Obrador los escándalos de corrupción se le resbalan y le han hecho lo que el viento a Juárez. ¿Seguirá así hasta el final o alguien romperá la burbuja de jabón?
