Consulta popular en Topo, la salida fácil
Solución política para un conflicto legal

A mano alzada, como si los derechos que alegan las partes en disputa fueran materia de una junta de vecinos, el conflicto por la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo será resuelto mediante la consulta popular que medirá fuerzas entre los inversionistas de Gas y Petroquímica de Occidente que alegan beneficios económicos para la región, y los ciudadanos inconformes que en defensa del ecosistema protegido se movilizan para impedir el proyecto.

Es una salida política para el diferendo que en cualquier Estado de derecho tendría que ser resuelto en las instancias judiciales. En la moda de permitir que la población intervenga en asuntos en los cuales el Gobierno no quiere salpicarse, así el veredicto social signifique algo muy parecido a la justicia por mano propia, la fábrica de amoniaco dejó de ser tema de seguridad ambiental y pasó a convertirse en bisutería populista.

En esta esquina, la inversión que tanto necesita Sinaloa de 100 mil millones de pesos, la generación de 2 mil empleos en la etapa de construcción y la producción in situ de 220 toneladas métricas de amoniaco anhidro cada día, un insumo esencial para el campo que es comprado caro y lejos. En este otra, los grupos de ecologistas, indígenas y pescadores que advierten del daño a la flora y fauna de la Bahía de Ohuira, principalmente en los humedales considerados sitios Ramsar por su importancia en la conservación del hábitat.

Una vez listos y arriba del ring los contendientes, que sea la ciudadanía la que determine con el dedo pulgar hacia abajo o arriba quién debe sobrevivir a esta controversia, aunque en la escala de lo sensato estén al último las resoluciones pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De vuelta al Siglo 1, donde los gladiadores del circo romano se enfrentaban entre ellos y con fieras y el público decidía quién tendría el privilegio de la vida, en la era moderna asoma titubeante un modelo similar de entretenimiento colectivo.

No es cualquier cosa que hayan salido juntos el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Mandatario electo Rubén Rocha Moya y el próximo Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, así como Rabindranath Salazar, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a anunciar que a finales de noviembre se efectuará la consulta popular y según lo decida la gente la industria del amoniaco se quedará o se irá sin más trámite.

No celebremos esto, por favor. Los mecanismos democráticos y las figuras de referéndum y plebiscito representan el fruto más acabado de la participación ciudadana y al estar sustentados por la Carta Magna por supuesto que no pueden atacar el espíritu constitucional de respetarle a cada instrumento la función que le corresponde. El litigio no debe prescindir del fallo de los tribunales porque de otra manera será el veredicto fundado en el choque entre dos intereses hasta hoy irreconciliables.

La sociedad percibe que de aquí a que se lleve a cabo el levantamiento de la opinión de los ahomenses el terreno será aplanado a favor de una de las partes. Quirino Ordaz y Gerardo Vargas apoyan que sea concretada la inversión y generación de empleos; legisladores y activistas del Movimiento Regeneración Nacional se han apostado al lado del movimiento “¡Aquí no”! aunque al venir desde Palacio Nacional la orden para la consulta bien pueden cambiar de bando. Inviable, desde donde se vea, que el resultado los deje legitimados a todos.

Entonces faltan de explorar un cúmulo de posibilidades intermedias para el acuerdo. Ningún topolobampense bien intencionado despreciaría la oferta de empleos y oportunidades que trae consigo la planta de GPO, que enseguida irá a la producción de urea y etanol, como tampoco el prestigiado consorcio Proman de capital suizo-alemán ganaría certidumbre con el veredicto a mano levantada que establezca permiso para asentarse en las inmediaciones del sistema lagunar Santa María. ¿Qué necesidad de acudir a un modelo de dilucidación de problemas en el que todos se destruyan entre todos?

Hay sendas todavía no exploradas del todo como el involucramiento de los habitantes en la verificación y supervisión de las acciones de GPO para causarle cero afectaciones al medio ambiente. Realizar el último esfuerzo para acercar posiciones ahora que Morena asume el Gobierno estatal. Excluir del proceso de negociación a políticos que tienen intereses o representan beneficios de terceros en este desacuerdo. Limpiar las vías hacia la confianza mutua, distender el diálogo y convencer antes de imponer, facilitarían la salida legal antes de cruzar la puerta falsa de la votación frenética.

Y si no, veríamos pronto cómo situaciones de gobernabilidad, derechos fundamentales y libertades serán lanzadas al ruedo de los odios y los afectos donde se convierte en juguete la balanza equilibrada de la justicia.

Aquel que a la ley desaire,

Lo que al final va a obtener,

Es una moneda en el aire,

Que nunca acaba de caer.

A horas de que Rubén Rocha Moya rinda protesta como Gobernador, un equipo de periodistas y académicos le mostrará una especie de GPS para que sin mayor dilación localice las áreas o sectores que están esperando políticas públicas de urgente implementación. Se trata del libro “Los grandes problemas de Sinaloa”, coordinado por Ernesto Hernández Norzagaray y Guillermo Ibarra Escobar. Será presentado en Mazatlán por Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, y el investigador y analista Arturo Santamaría Gómez, hoy viernes en el Centro Cultural Multiversidad (21 de Marzo número 36, Centro), a las 7 de la tarde.