Después de enterarnos de los terribles actos de violencia y terrorismo en México realizados por los carteles de la droga y de la delincuencia organizada, en los que prácticamente impusieron su fuerza por sobre las autoridades gubernamentales en varios Estados del país, desde Baja California y Chihuahua, hasta Jalisco y Michoacán, no queda más que reconocer y aceptar que la política de seguridad de este gobierno simplemente no es la correcta y no está funcionando.
Aunque algunos lectores opinan que en estos artículos se está exagerando el problema, estos actos de la semana anterior demuestran que nos estamos quedando cortos en la evaluación y crítica de la actuación gubernamental y eso que todavía no se ha tratado sobre las consecuencias y daños colaterales que esta situación de inseguridad incontrolada han provocado en la población. Sobre eso trata este artículo:
1. Además de los miles de asesinatos que han sido más que los contabilizados en los dos sexenios anteriores, se tiene el problema de los más de 100 mil desaparecidos, muchos de los cuales desgraciadamente ya no se les encontrará vivos, pero con los terribles consecuencias de las familias en búsqueda constante, muchas veces infructuosa. Imagínense ustedes a madres, esposas e hijos buscando a su familiar escarbando donde les denuncian. El propio Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoce como un derecho ciudadano que el Gobierno “garantice el derecho a ser buscado”, en su artículo del martes pasado en El Universal.
2. En el mismo sentido están los miles de cuerpos sin identificar que están congelados en morgues y hospitales públicos, sin que se sepa quiénes son y sin que alguien aparezca a reconocerlos. Además, muchos de ellos están descuartizados, sin cabeza y sin manera alguna de identificar, aun por los mismos parientes. Estas dos situaciones de desaparecidos y cadáveres sin identificar son consecuencia de la falta de sistemas completos de identificación ciudadana, pues no hay registros de ADN ni de coordinación entre los diferentes registros civiles, de tránsito, del propio INE, de delincuentes en los expedientes policiacos y menos en el Ejército, así nunca se sabrá quién es quién en México, ni vivos ni muertos.
3. Otros dos aterradores problemas como consecuencia de la violencia incontrolada y no atendida son los feminicidios e infanticidios que se han incrementado porque los delincuentes y sicarios ya no toman en cuenta, pues cuando de asesinar en masa se trata, la emprenden también a ciegas contra mujeres, niños y ciudadanos no involucrados pero que les tocó estar en el lugar y momento equivocado. Algunas mujeres adultas tal vez estén involucradas con ciertos grupos de delincuentes, pero muchas de ellas son víctimas por acoso sexual, por problemas maritales o por venganza. Punto y aparte es el caso de los infanticidios, niños que sin deberla ni temerla son asesinados dentro de las masacres o por venganza contra sus padres o familiares, tal vez alguno de ellos es o ha sido “puntero” o “mula”, pero no dejan de ser niños dignos de una segunda oportunidad. Véase así a una madre o a una esposa que pierde no solo el jefe de familia sino también a sus hijos menores de edad en una masacre.
4. Otro atroz daño a las familias es el aterrador caso de los secuestros en los que, por días y hasta semanas no se sabe dónde están ni quién los tiene en su poder y a veces sin saber qué rescate exigen. Muchas veces la exigencia es tan alta que las familias o no pueden cumplir o bien tienen que endeudarse o vender bienes para obtener el tributo que les piden. Ya se reconoce en los medios policiacos que existe una metodología muy efectiva para rescatar a secuestrados, siempre y cuando los familiares denuncien el hecho, pero si no hay denuncia, o peor aún, cuando la propia Policía está involucrada, solo queda el recurso de pagar, con el mal sabor de boca de “enterarse” que los autores a veces son las mismas autoridades.
5. En el mismo sentido están las extorsiones que afectan a familias y empresas, pues para poder seguir trabajando en un negocio hay que pagar a delincuentes y hasta las autoridades cómplices o con autoría directa. Esta es una sangría constante de un pago semanal o mensual y en algunos casos hasta la pérdida del negocio que a algún delincuente le gusta para él o para su familia.
Hasta aquí se han visto algunos daños colaterales o directos de la falta de una política integral para el combate a la delincuencia, pero aún hay más.
