Apenas reflexionábamos sobre los ataques de la delincuencia organizada en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando ardieron las calles de Tijuana, donde la población civil fue atacada por delincuentes.
El despliegue de fuerza, la impunidad y el hecho de que los ataques hayan sido dirigidos en contra de la sociedad civil encendieron todas las alarmas, y provocaron el desconcierto de miles de ciudadanos aterrorizados por los ataques realizados al azar en la ciudad fronteriza de Baja California.
Tijuana tiene una larga historia de presencia delincuencial, los años 80 y 90 dejaron una montaña de cadáveres, debido a las pugnas entre cárteles, pero la población nunca se había sentido el blanco de los delincuentes.
Las razones de los ataques parecen los mismos que los ocurridos en el resto de las ciudades, mostrar el “músculo” a las autoridades, y de paso a la sociedad, por parte de los cárteles de las drogas.
El problema es que cada ataque arrasa con el discurso del Gobierno federal, desde donde se defiende que la violencia está encapsulada en un puñado de municipios, cuando los delincuentes suelen presumir de su presencia en prácticamente todo el País.
Lo menos malo de los ataques en Tijuana es que no se reportó la existencia de víctimas fatales de los ataques, un dato que no justifica el caos provocado por los delincuentes, pero por lo menos no deja a familias llorando a sus muertos.
La pregunta es ¿cuándo pasará el Gobierno de la 4T de la política de los abrazos a la acción en contra de la delincuencia organizada?
