¿Cómo podría el PAS apoyar a la UAS?
La cuota de gobernabilidad que le toca
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Según lo indica la elocuencia ofensiva en los dos componentes del diferendo cada día más intenso, en esta esquina el Gobierno y Congreso del Estado y en esta otra la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Partido Sinaloense, el tema de la autonomía universitaria que ambos segmentos dicen que les preocupa se centra en la supuesta influencia que ejerce el PAS sobre lo estructural y funcional de la casa de estudios, lo cual conduce a la interrogante de qué podrían hacer las siglas moradas para aportar a la estabilidad en la UAS y la gobernabilidad en la entidad de los 11 ríos.
Es decir ¿dónde está el punto que, a través de cabildeos, cotejo de posturas y finalmente de negociaciones, logre que la civilidad detenga el escalamiento del conflicto a consecuencias indeseadas y además irreversibles? Aquí debieran concentrarse los ánimos de las partes, antes de polarizar en los dos ámbitos en los que amenaza la gran confrontación, con la condición primaria de que cese la guerra verbal y reine la tregua del diálogo.
El Gobernador Rubén Rocha Moya se sostiene firme en ajustar las leyes orgánicas de las universidades autónomas para adecuarlas a la recién implementada Ley de Educación Superior de Sinaloa, y el Rector de la institución de educación superior, Jesús Madueña Molina, se atrinchera en el campus para defender, dice, la intromisión del Ejecutivo y Legislativo local en la vida interior de la casa rosalina. Alrededor de ambas ofensivas se forman los adeptos, aunque en favor de la mediación, de las posibilidades intermedias, tendría que hacer fila una mayoría neutral.
La arremetida, según lo expresado por Rocha Moya, y lo reforzado ayer en la conferencia de prensa que encabezó el líder de Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura estatal, Feliciano Castro Meléndrez, es contra el partido que creó y dirige Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien señalan de tener el control del gobierno universitario al estar afiliados al PAS la mayoría de trabajadores y directores de las unidades académicas de la UAS, conjetura que apuntaló el periódico Noroeste al demostrar que el 78 por ciento del total de maestros de asignatura y el 79 por ciento de la nómina universitaria son de militancia pasista.
Entonces, si lo nodal del conflicto Gobierno-UAS fuera el PAS ¿qué deberían hacer dichas siglas para apoyar a la Universidad a que salga lo mejor librada posible de este brete? Una posible acción tendría que ver con la desafiliación, auténtica y corroborable, de todos aquellos que le presten servicios remunerados a la IES, sea desde el Rector hasta el trabajador de más bajo escalafón, en aras de destrabar el conflicto de interés que le abona al léxico de Universidad-partido.
Veamos, si el PAS tenía hasta 2021 un total de 140 mil afiliados, y al cierre de 2022 presume un padrón por el orden de los 200 mil sinaloenses, o aún con el dato de la elección de Gobernador de 2021 en la cual el partido recibió 90 mil 912 votos, equivalente al 8.24 por ciento de los sufragios globales emitidos, lo que resulta es que cuenta con una militancia robusta y que sufriría mermas mínimas si prescinde de los universitarios afiliados. ¿Qué lograría a cambio? Ir librando paulatinamente a la UAS del estigma de estar sometida al Partido Sinaloense y su líder.
El PAS está por iniciar el proceso de refrendo de militancia que establece la ley en materia de partidos políticos y en esa coyuntura Cuén ha recorrido una y otra vez a Sinaloa reforzando la estructura territorial propia, logrando grandes concentraciones (Guasave, 2 de marzo) al mismo tiempo que lleva a cabo la estrategia futurista a favor de Adán Augusto López Hernández, el actual Secretario de Gobernación en el Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No es descabellado que el PAS proceda a la desafiliación de aquellos que desempeñan mandos institucionales en la UAS, no obstante que esa medida desate una escalada de demandas ante los tribunales electorales al alegar los afectados la violación de derechos políticos. Urge desactivar cualquier elemento que desde la hipótesis de “UAS igual a PAS” abre pautas para descalificar la jornada que desplegará la Universidad en defensa de su autonomía. Rocha ha enfatizado que la independencia intrínseca a la máxima casa de estudios la están afectando desde el interior del campus, enderezando en los recintos rosalinos la estrategia gubernamental para convencer a estudiantes y profesores a activarse para alcanzar la separación donde el centro educativo transite por su lado y el partido por la senda que le corresponde.
Un cálculo a botepronto permite aventurar que al despartidizarse, la UAS tendría oportunidad de negociar aquellas cláusulas que le inquietan. Uno, que la elección de Rector mediante consulta a universitarios, que propondrá la reforma a la Ley Orgánica, se realice hasta 2025 una vez que concluya el cuatrienio de desempeño de Jesús Madueña Molina; dos, que se sienten ordenamientos firmes que eviten que los recintos uaseños regresen a los tiempos en que la designación de autoridades desquiciaron los procesos académicos y, tres, que en el período de transición se instale una comisión ciudadana, con perfiles notables ajenos a marcas partidistas, que genere confianza en la ciudadanía y motive la participación de ésta.
En la conversación pública incuba la idea de que la controversia UAS-Gobierno ya nadie la detiene. Tal vez así sea, aunque sí están a tiempo los extremos confrontados para evitar que esta belicosidad termine como en aquellos campos de batalla en que nadie sale incólume, ni los generales ni los soldados.
Aquí lo que vale la pena,
Es que esté a salvo a la UAS,
Misión que no le es ajena,
A los sinaloenses ni al PAS.
Salieron en montón los diputados José Manuel Luque, de Morena; Cinthia Valenzuela, del PRI; Celia Jáuregui, de MC, Giovanna Morachis, del PAN y Adolfo Beltrán y Feliciano Valle, sin partido, encabezados todos por Feliciano Castro, Presidente de la Jucopo, a dar a conocer la iniciativa conjunta de reformas a la Ley Orgánica de la UAS. Nomás para dar muestras de cómo viene la acción legislativa.
