Ley de Educación ¿con mensaje a la UAS?
Antes, el costo político y el impacto social

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La interpretación que la sociedad le da al hecho de que el Congreso del Estado, con la oposición del Partido Sinaloense, aprobara el miércoles la Ley de Educación Superior de Sinaloa, procede a generar la misma sensación de perturbación que emana cuando suenan los tambores que avisan de guerras inminentes. De ser así, entonces los estrategas de las partes beligerantes debieran también calcular los alcances, desenlaces, víctimas y hasta la posibilidad de la retirada antes de que las posibles derrotas les refrenden las debilidades.

Para el grupo parlamentario del PAS el hecho de que la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, con el apoyo de los demás integrantes del aparato camaral, le diera luz verde a la Ley de Educación Superior significa la voz de arranque y el Congreso le entre enseguida a la revisión de las leyes orgánicas de las universidades públicas, con dedicatoria especial a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuando las y los diputados pasistas se atrincheran para negar el voto que hiciera unánime la aprobación de dicho ordenamiento, lo que permea no es tanto el procedimiento fast track utilizado, la entrega del dictamen horas antes de iniciar la discusión en el Pleno ni las reservas presentadas que fueron ignoradas, sino la creencia de que la 64 Legislatura se apresta a intervenir la vida interior de la UAS y detonar un conflicto de alcances y consecuencias todavía impredecibles.

Tales escenarios terribles asignan la necesidad de analizar qué es lo se pone en riesgo, dónde están las posibilidades intermedias del acuerdo y qué papel juega el Gobierno federal como factor obligado a garantizar la gobernabilidad. En cambio, si las visiones de los segmentos polarizados se inmovilizan en la teoría del choque frontal la única resultante es el desquiciamiento parcial o total de la institucionalidad, salida a la que nadie debería apostarle.

Pero vale también analizar el contexto a partir de que el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien tiene el bastón del total mando político en Sinaloa ha reiterado una y otra vez (lo acaba de hacer el 9 de febrero en el evento donde se distinguió a Rafael Valdez Aguilar poniéndole su nombre al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de Salud) que va a respetar la autonomía de la UAS “por encima de runrunes, de qué pensará, de que a lo mejor le quiere quitar esto o aquello”.

Otro elemento es la evidente relación positiva que el Gobernador tiene, así lo reflejan las fotografías y comunicadores gubernamentales y universitarios, con el Rector Jesús Madueña Molina, y el hecho de que la máxima autoridad de la UAS se ha dicho abierto a analizar las posibles reformas que el Congreso proponga para ver si afectan o no a la institución de educación superior. Inclusive podría suceder que si el Legislativo y la Universidad lo consensuan hasta se realice una consulta en los recintos rosalinos.

Además, antes de inducir cualquier intervención del Congreso en la UAS es imprescindible conocer los estados de ánimo en la comunidad universitaria que son los estudiantes, los catedráticos y trabajadores administrativos. Son ellos, al margen de motivaciones distintas a la esencia del alma máter, quienes definirían quién gana o pierde cualquier confrontación en el campus. Cuando Antonio Toledo Corro confió en 1981, con el apoyo del entonces Presidente José López Portillo, que podía quitarle las preparatorias a la Universidad, aun con la unanimidad de sus asesores que le garantizaban la victoria, se vio obligado a rectificar y no tocar el nivel medio superior de la casa de estudios.

Si fuese realidad que los visos de enfrentamiento Gobierno-UAS provienen del Congreso del Estado, entonces el líder de la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional, Feliciano Castro Meléndrez, debió entender que, pase lo que pase, es el Gobernador Rocha el que cargará con el correspondiente costo político. La historia, para bien o para mal, le adjudicará al jefe del Ejecutivo estatal, el desenlace de este episodio que, por las fintas de uno y otro lado, ni siquiera está claro si ocurrirá o no.

¿Cuál es la postura que mantendrán firme el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien representa una de las piezas con las que el Mandatario mexicano juega en la sucesión de 2024? ¿Hasta dónde respaldarán al Gobernador Rocha inclusive aquellos que desearían que le entre a modificar el estatus de designación de autoridades de la UAS? ¿Qué es lo que desea la sociedad sinaloense que ocurra en la Universidad, más allá de las intenciones de los liderazgos políticos?

En la resolución de estas interrogantes está la clave para determinar por dónde transitar la etapa ríspida camuflada en la camaradería institucional mientras desde otros frentes le ponen el cascabel al gato. ¿Hay alguien que en abono a la certidumbre pueda limpiarle las telarañas a este tema?

El abrazo intermitente,

Entre los polos de esta pelea,

Le hace pensar a la gente,

Que ninguno de ellos la desea.

Lo que se percibe del diferendo entre los líderes de ambas bancadas legislativas, Feliciano Castro Meléndrez, de Morena, y Gene René Bojórquez Ruiz, del PAS, es que el hacha de hostilidades ha sido desenterrada y que viene la gran colisión entre las huestes de la Cuarta Transformación y los leales a la Universidad Autónoma de Sinaloa. No asusten. Basta con el espanto colectivo por la madre de todas las guerras políticas que está por entrar a su fase más dura para definir si Morena continúa o no en el mando nacional.