Es importante que no perdamos la mirada sobre el actuar de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990... La resolución de los pendientes de verdad y justicia son fundamentales para familiares de víctimas y sobrevivientes, pero lo son también para la sociedad en general. Que la Comisión cumpla con su mandato dependerá también que demos seguimiento, que hagamos esta historia nuestra y sepamos que la impunidad del pasado ha permitido la impunidad actual
El 6 de octubre se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Inquieta que haya pasado casi desapercibido para buena parte de los medios de comunicación y “opinólogos”, y que fuera aún menos evidente para la sociedad en general. Sin embargo la creación de esta Comisión de la Verdad es un hito en la historia del País que merece un debate profundo por las repercusiones que tendrá su trabajo.
De entrada es importante recordar que la Comisión es resultado de la lucha de las víctimas, familiares y sobrevivientes de la represión estatal orquestada contra los movimientos armados durante las décadas de los 60, 70 y 80. Una operación de contrainsurgencia en la que confluyeron Ejército y fuerzas de seguridad y que operó en lógica criminal. Eso significa que se perpetraron verdaderos crímenes de Estado que a la fecha no han sido del todo esclarecidos, sancionados ni reparados.
Esa deuda es una condicionante misma al desarrollo del Estado Democrático de Derecho al que aspiramos. De hecho, el mensaje de impunidad y falta de verdad es la gasolina que alimenta las llamas de la destrucción y el dolor de la llamada “guerra contra las drogas”. El entramado institucional del priato fue construido en la tónica del control político y represión a la disidencia. Con la vigente alianza entre numerosos actores del sector público y organizaciones criminales, ese mismo sistema funciona para mantener a salvo las complicidades, ocultar, justificar y negar las atrocidades del presente.
En nuestra historia reciente hemos tenido experiencias de justicia transicional como la FEMOSPP y el informe sobre desapariciones de la CNDH en el gobierno foxista “de la alternancia”. Estas experiencias garantizaron la impunidad y el olvido, desaprovechando una oportunidad histórica de avanzar a la verdad y la justicia. A la luz de las experiencias históricas en México y otros países, vale la pena detenerse en algunos aspectos que han sido materia de dudas y hasta abiertos cuestionamientos sobre la Comisión recién creada.
Lo primero, positivo, es que se garantiza la participación de las víctimas y sus familias. Aquí debe cuidarse que su participación en los trabajos de la Comisión debe ser efectiva y no ilusoria. Por otro lado, la Comisión ordena la participación de todas las instituciones de la Administración Pública Federal. Aquí se despiertan algunas dudas particularmente si las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad a nivel local y federal van a colaborar efectivamente o, simplemente, van a cerrarse. Por ejemplo, se sabe que el lugar donde ocurrieron una parte significativa de las atrocidades en contra de personas detenidas-desaparecidas ocurrió en el Campo Militar Número 1. Por este papel protagónico en la violencia de Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional está obligada -como parte de la administración pública federal- a colaborar con la Comisión, por lo que deberá permitir el ingreso a las instalaciones castrenses en aras de fortalecer los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas y acercar a las víctimas y familiares a la justicia.
En relación con la colaboración institucional, también tenemos que es una condición para el éxito en los trabajos de esta Comisión el acceso público a los archivos de TODAS las instituciones e impulsar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las mismas. Ejemplo de esto es el desafortunado incidente que presenciamos a principios de 2020 con la restricción de acceso a la información en el Archivo General de la Nación, particularmente las galerías con los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad. El hecho resultó más inquietante debido al abierto incumplimiento del Decreto Presidencial que en 2019 ordenó la apertura de todos los archivos de las instituciones públicas en las que estuvieran registrados violaciones graves a derechos humanos y actos de grave corrupción. La realidad es que este desaguisado solamente demostró que desde entonces y hasta la fecha, la apertura archivística ha sido letra muerta.
En lo que toca a la justicia, destaca la ausencia de la Fiscalía General de la República. Si bien por ser un órgano autónomo el Presidente no puede ordenar su involucramiento en los trabajo de la Comisión, el papel de la institución investigadora será fundamental para que para garantizar verdad y justicia a los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado en el periodo en cuestión y para garantizar medidas de no repetición. Dada las circunstancias actuales, sabemos que las prioridades de la FGR están en otro lado, no con las víctimas.
Asimismo es necesario que las cinco personas expertas que serán seleccionadas para conformar el organismo, tengan cualidades de idoneidad incuestionables. Resulta fundamental que el proceso para su designación se caracterice por ser inclusivo y transparente en cada una de sus fases y de esta manera construir confianza ciudadana y dotar de legitimidad esta decisión. El hecho de que la Secretaría de Gobernación forme parte del comité de selección es contrario a las mejores prácticas internacionales en materia de designaciones para garantizar la independencia de perfiles. Un aspecto que resulta sumamente cuestionable es la falta de retribución económica para quienes integren la Comisión, situación que limita severamente el poder abocarse de tiempo completo a sus complejas tareas. De esta manera, se pone un obstáculo considerable para las personas que tienen todas las credenciales para conformar el organismo pero que necesitan, nada más y nada menos, tener un sustento económico. Ésta y otro tipo de condicionantes económicas pueden dar al traste con el éxito de este vital organismo.
Un último elemento de análisis, pero no menos importante, es la temporalidad de las violaciones que se van a investigar (1965-1990) y la vigencia de la Comisión hasta septiembre de 2024. En cuanto a la época de las violaciones la pregunta es ¿Por qué no se revisan las de 1990 en adelante? ¿Cuál fue el criterio para no abrir un mecanismo similar o qué se está pensando hacer con los crímenes de estado de los últimos 31 años? ¿Por qué se constriñe la existencia de la Comisión a este gobierno? ¿Serán suficientes tres años? ¿Ahí acaban las obligaciones de proteger y garantizar los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas?
Los próximos días, cuando la Comisión tome forma, construya sus reglas y lineamientos de operación y se designe a sus integrantes, iremos solventando interrogantes. Solamente es importante tener en mente que un fracaso más en los intentos de lograr procesos de justicia transicional puede ser devastador.
La ex Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero reconoció en 2019 durante el acto de disculpa pública para Martha Camacho, sobreviviente en Sinaloa de la represión estatal durante los años 70, que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra ella y muchas personas más. Los delitos de lesa humanidad, como su nombre lo indica, han sido cometidos contra la sociedad en su conjunto y dañan gravemente el tejido social. Por eso es importante que no perdamos la mirada sobre el actuar de la Comisión. La resolución de los pendientes de verdad y justicia son fundamentales para familiares de víctimas y sobrevivientes, pero lo son también para la sociedad en general. Que la Comisión cumpla con su mandato dependerá también que demos seguimiento, que hagamos esta historia nuestra y sepamos que la impunidad del pasado ha permitido la impunidad actual.
El 6 de octubre se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Inquieta que haya pasado casi desapercibido para buena parte de los medios de comunicación y “opinólogos”, y que fuera aún menos evidente para la sociedad en general. Sin embargo la creación de esta Comisión de la Verdad es un hito en la historia del País que merece un debate profundo por las repercusiones que tendrá su trabajo.
De entrada es importante recordar que la Comisión es resultado de la lucha de las víctimas, familiares y sobrevivientes de la represión estatal orquestada contra los movimientos armados durante las décadas de los 60, 70 y 80. Una operación de contrainsurgencia en la que confluyeron Ejército y fuerzas de seguridad y que operó en lógica criminal. Eso significa que se perpetraron verdaderos crímenes de Estado que a la fecha no han sido del todo esclarecidos, sancionados ni reparados.
Esa deuda es una condicionante misma al desarrollo del Estado Democrático de Derecho al que aspiramos. De hecho, el mensaje de impunidad y falta de verdad es la gasolina que alimenta las llamas de la destrucción y el dolor de la llamada “guerra contra las drogas”. El entramado institucional del priato fue construido en la tónica del control político y represión a la disidencia. Con la vigente alianza entre numerosos actores del sector público y organizaciones criminales, ese mismo sistema funciona para mantener a salvo las complicidades, ocultar, justificar y negar las atrocidades del presente.
En nuestra historia reciente hemos tenido experiencias de justicia transicional como la FEMOSPP y el informe sobre desapariciones de la CNDH en el gobierno foxista “de la alternancia”. Estas experiencias garantizaron la impunidad y el olvido, desaprovechando una oportunidad histórica de avanzar a la verdad y la justicia. A la luz de las experiencias históricas en México y otros países, vale la pena detenerse en algunos aspectos que han sido materia de dudas y hasta abiertos cuestionamientos sobre la Comisión recién creada.
Lo primero, positivo, es que se garantiza la participación de las víctimas y sus familias. Aquí debe cuidarse que su participación en los trabajos de la Comisión debe ser efectiva y no ilusoria. Por otro lado, la Comisión ordena la participación de todas las instituciones de la Administración Pública Federal. Aquí se despiertan algunas dudas particularmente si las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad a nivel local y federal van a colaborar efectivamente o, simplemente, van a cerrarse. Por ejemplo, se sabe que el lugar donde ocurrieron una parte significativa de las atrocidades en contra de personas detenidas-desaparecidas ocurrió en el Campo Militar Número 1. Por este papel protagónico en la violencia de Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional está obligada -como parte de la administración pública federal- a colaborar con la Comisión, por lo que deberá permitir el ingreso a las instalaciones castrenses en aras de fortalecer los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas y acercar a las víctimas y familiares a la justicia.
En relación con la colaboración institucional, también tenemos que es una condición para el éxito en los trabajos de esta Comisión el acceso público a los archivos de TODAS las instituciones e impulsar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las mismas. Ejemplo de esto es el desafortunado incidente que presenciamos a principios de 2020 con la restricción de acceso a la información en el Archivo General de la Nación, particularmente las galerías con los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad. El hecho resultó más inquietante debido al abierto incumplimiento del Decreto Presidencial que en 2019 ordenó la apertura de todos los archivos de las instituciones públicas en las que estuvieran registrados violaciones graves a derechos humanos y actos de grave corrupción. La realidad es que este desaguisado solamente demostró que desde entonces y hasta la fecha, la apertura archivística ha sido letra muerta.
En lo que toca a la justicia, destaca la ausencia de la Fiscalía General de la República. Si bien por ser un órgano autónomo el Presidente no puede ordenar su involucramiento en los trabajo de la Comisión, el papel de la institución investigadora será fundamental para que para garantizar verdad y justicia a los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado en el periodo en cuestión y para garantizar medidas de no repetición. Dada las circunstancias actuales, sabemos que las prioridades de la FGR están en otro lado, no con las víctimas.
Asimismo es necesario que las cinco personas expertas que serán seleccionadas para conformar el organismo, tengan cualidades de idoneidad incuestionables. Resulta fundamental que el proceso para su designación se caracterice por ser inclusivo y transparente en cada una de sus fases y de esta manera construir confianza ciudadana y dotar de legitimidad esta decisión. El hecho de que la Secretaría de Gobernación forme parte del comité de selección es contrario a las mejores prácticas internacionales en materia de designaciones para garantizar la independencia de perfiles. Un aspecto que resulta sumamente cuestionable es la falta de retribución económica para quienes integren la Comisión, situación que limita severamente el poder abocarse de tiempo completo a sus complejas tareas. De esta manera, se pone un obstáculo considerable para las personas que tienen todas las credenciales para conformar el organismo pero que necesitan, nada más y nada menos, tener un sustento económico. Ésta y otro tipo de condicionantes económicas pueden dar al traste con el éxito de este vital organismo.
Un último elemento de análisis, pero no menos importante, es la temporalidad de las violaciones que se van a investigar (1965-1990) y la vigencia de la Comisión hasta septiembre de 2024. En cuanto a la época de las violaciones la pregunta es ¿Por qué no se revisan las de 1990 en adelante? ¿Cuál fue el criterio para no abrir un mecanismo similar o qué se está pensando hacer con los crímenes de estado de los últimos 31 años? ¿Por qué se constriñe la existencia de la Comisión a este gobierno? ¿Serán suficientes tres años? ¿Ahí acaban las obligaciones de proteger y garantizar los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas?
Los próximos días, cuando la Comisión tome forma, construya sus reglas y lineamientos de operación y se designe a sus integrantes, iremos solventando interrogantes. Solamente es importante tener en mente que un fracaso más en los intentos de lograr procesos de justicia transicional puede ser devastador.
La ex Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero reconoció en 2019 durante el acto de disculpa pública para Martha Camacho, sobreviviente en Sinaloa de la represión estatal durante los años 70, que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra ella y muchas personas más. Los delitos de lesa humanidad, como su nombre lo indica, han sido cometidos contra la sociedad en su conjunto y dañan gravemente el tejido social. Por eso es importante que no perdamos la mirada sobre el actuar de la Comisión. La resolución de los pendientes de verdad y justicia son fundamentales para familiares de víctimas y sobrevivientes, pero lo son también para la sociedad en general. Que la Comisión cumpla con su mandato dependerá también que demos seguimiento, que hagamos esta historia nuestra y sepamos que la impunidad del pasado ha permitido la impunidad actual.
