Chocan las fiscales de Sinaloa y Durango
No pregunten de quién son los muertos

Vuelve a registrarse el conflicto de territorialidad y competencia entre las fiscalías de Sinaloa y Durango como si la investigación y castigo a la delincuencia fuera asunto de quiénes son de allá y cuáles de acá, en vez de atender los ilícitos con criterios de justicia para las víctimas a través de la coordinación entre ambos estados. Al final de cuentas, cuando la combinación de voluntades falla la que domina es la impunidad sin importarle jurisdicciones o ineptitudes.

Las instituciones del Ministerio Público de ambos estados cayeron en el absurdo de discutir dónde asesinaron a las ocho personas cuyos cadáveres fueron dispersados en calles y caminos de Tamazula, siendo que la responsabilidad de ambas fiscalías es la de conjuntar las mayores posibilidades de la criminalística con el propósito de integrar mejor y pronto la correspondiente carpeta de investigación, así ello derive en que se peleen por el mérito de quien resolvió el multihomicidio.

Patéticamente la Fiscalía de Sinaloa alegó en descargo que las ocho personas asesinadas fueron ultimadas en el estado de Durango y que por lo tanto le correspondía a la instancia homóloga de aquel estado la indagatoria correspondiente. En respuesta, la Fiscalía de aquel estado declinó de su responsabilidad endilgándole al aparato ministerial sinaloense las pesquisas sobre el caso, en un juego de “papa caliente” que al final de cuentas no se sabe de qué lado quedará.

Mientras eso pasaba había ocho familias enlutadas a consecuencia de la violencia desatada a partir de que el 24 de octubre fueron privadas de la libertad dos personas, un adulto y un menor de edad, en el sector residencial Bosque del Rey de Culiacán, y en las siguientes horas subió a seis el número de secuestrados por gente armada. El desenlace de estos hechos fue terrible, cruel, porque con huellas de tortura y heridas de bala aparecieron diseminados ocho cuerpos sin vida en la comunidad que geográficamente es duranguense y en sus quehaceres rutinarios se asume como sinaloense.

Más allá de que las autoridades de ambos estados manejan como posible móvil el ajuste de cuentas de grupos rivales del narcotráfico, es competencia de las fiscalías tomar a cargo las labores de investigación hasta lograr que los autores materiales e intelectuales sean puestos a disposición de los tribunales judiciales. La primera reacción de las fiscales Sonia Yadira de la Garza, de Durango, y Sara Bruna Quiñónez, de Sinaloa, fue la de renegar de la competencia y aventársela una a otra.

En principio no existe claridad, al menos para los ciudadanos, del desarrollo de los hechos por hora, delito y zona en que se cometieron. Todavía ni iniciaban las labores forenses cuando las dos servidoras públicas ya se lavaban las manos en lo que respecta a quién le atañe tomar el caso a su cargo. Vamos, es hasta un misterio cuántos de los ultimados son sinaloenses y en qué estado ocurrieron las intercepciones y cómo se lograron los traslados violentos a Tamazula.

Volvió a ocurrir lo que en 2020 enfrentó a los gobiernos de Sinaloa y de Durango cuando el 27 de enero en las inmediaciones de la presa Sanalona, en Sinaloa, un grupo de la Policía Estatal Preventiva de esta entidad disparó contra dos mujeres que se trasladaban desde Tamazula, Durango, a Culiacán. Ese hecho, que no ha sido castigado con el debido rigor legal, manchó de sangre la histórica vecindad fraternal entre los tamazuleños y los culiacanenses.

Para la ciudad de los tres ríos, Tamazula es más de Sinaloa que de Durango lo cual debería hacer menos complicado el afán de unir a las fiscalías de los dos estados en el objetivo de arrojar la verdad jurídica por encima del pleito para definir de quién son los muertos. No debieran deliberar tanto sobre la pertenencia de las víctimas; son la impunidad que va dejando empolvados los expedientes de hechos de alto impacto, siempre en espera de que ocurra el siguiente.

Ojalá que los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Durango, Esteban Villegas Villarreal, asuman posturas diferentes para blindar ese corredor de amistad Tamazula-Culiacán, o viceversa. En espera de que las fiscales se pongan de acuerdo para vincular las indagatoria y que más recursos técnicos y humanos coadyuven a esclarecer dicho episodio de violencia, al Ejecutivo de cada estado le compete mancomunar a uno con el otro la estrategia para la protección de la región limítrofe y de intercambio hospitalario.

Veamos a los afectados, que son los asesinados y las familias de éstos, desde su condición de víctimas que necesitan de las acciones de la justicia, autoridades y de la sociedad. Los criminales que vuelven a retar al Estado con sucesos que lastiman a poblaciones de Sinaloa y de Durango deben pagar por sus crímenes como única manera de sentar el precedente de las fuerza de las instituciones y las leyes dominando la brutalidad de los delincuentes.

A quién los muertos corresponden,

Preguntan desde la impiedad,

Y las víctimas les responden,

¡Son muertos de la impunidad!

Después de que los panteones fueron ayer el centro de la existencia humana, reservorio de recuerdos e historias que desde la muerte nos convocan a sobrevivir, este mismo mes conoceremos a los otros cadáveres descorcholatados que andarán por allí como almas en pena culpando a sus propios creadores por la desdicha de no recibir candidaturas para las posiciones de poder que el voto popular designará el 2 de julio de 2024. “¡Ay, mis proyectos políticos!”, gemirán en busca de la compasión ciudadana. Es que antes los huesos eran para quien presentaba mayor colmillo político; ahora se los dan a los más chimuelos.

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