La competencia institucional en el caso de los delitos es casi de sentido común, si un crimen se comete en un territorio, es responsabilidad de la Fiscalía de ese estado investigarlo.
Con el hallazgo de ocho cuerpos en Tamazula, Durango, se ha desencadenado una serie de declaraciones y reacciones desde aquel estado hacia Sinaloa y de aquí para allá.
Sobre este hallazgo la titular de la Fiscalía de Durango, Sonia Yadira de la Garza, señaló el miércoles que en Sinaloa ya se habían iniciado carpetas de investigación por la privación ilegal de algunas de las víctimas, y por ello la Fiscalía General del Estado de Durango declinará las indagatorias para que se continúen en el vecino estado.
Ya la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, había confirmado que seis de las ocho personas encontradas sin vida en Tamazula, Durango, eran originarias de Sinaloa.
Indicó que trabajarán en coordinación con su símil de aquel estado para hacer las diligencias, pero Durango es la entidad competente para llevar el caso.
Sin embargo, la Fiscal de Durango señaló que en Sinaloa ya se habían iniciado carpetas de investigación por la privación ilegal de personas, de ahí que la Fiscalía de Durango declinará las indagatorias para que se continúen en el vecino estado.
Luego el jueves, el Gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya insistió que es responsabilidad de Durango investigar el multihomicidio, pues ocurrió allá.
Convenios de cooperación aparte, el asesinato de ocho personas se convierte en una papa caliente que no quieren tomar los gobiernos estatales, son una cifra incómoda que no quieren sumar a sus estadísticas frías.
Como si la procuración de justicia, que es el fin real de las fiscalías, dependiera de presentar saldos favorables.
Son ocho personas que se suman a la lista de la violencia enraizada en nuestras comunidades, pero para las autoridades son números incómodos que nadie quiere asumir.
