Solemos pensar que la violencia es una y que se mantiene constante. Desde la sociedad en general, pensamos los homicidios, por ejemplo, desde paradigmas instalados desde hace mucho tiempo y con referencias a evidencia vieja o, peor aún, desde narrativas surgidas del sensacionalismo o hasta la ficción.
En el caso de la violencia crónica que acompaña al narcotráfico en Sinaloa desde hace cuatro o cinco décadas, seguimos hablando de capos todopoderosos y carteles piramidales que ejercen controles absolutos sobre territorios y comunidades mientras combaten contra el Gobierno. Así es la narrativa estigmatizante que se refuerza a diario desde las narcoseries en plataformas de streaming y desde el narco-gossip que fascina al pseudo periodismo.
Sin embargo, la evidencia más reciente demuestra que la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos y más que UNA violencia, lo que hay son violenciaS entrecruzadas y multifactoriales en un caldo que los expertos denominan “gobernanza criminal”.
En ese caldo, el Gobierno intersecta con el crimen en la “zona gris” (Ley y Trejo), allí es donde el crimen organizado sucede, opera y se desarrolla. Lo que está fuera de esa zona gris es crimen ordinario y puede combatirse con las recetas habituales de seguridad y justicia, pero la gobernanza criminal exige nuevos abordajes y una mejor comprensión de parte de quienes aspiran a incidir en ella, a saber el gobierno y la sociedad civil. Y también quienes aspiramos a contarla, documentarla e investigarla, como medios y periodistas.
Es decir, pensar la relación gobierno-crimen siempre como un antagonismo es una falacia porque en muchos casos lo que hay es cooperación, corrupción, cooptación y hasta sometimiento.
Perdone la disgresión, pero uso el marco anterior para referirme a la que fue la noticia de la semana pasada en el estado: el hallazgo de dos “centros de rehabilitación” criminales, uno en la comunidad de Chinitos y otro en el puerto de La Reforma, en el municipio de Angostura, y donde fueron liberadas 57 personas que eran obligadas a realizar trabajos forzados.
De acuerdo con los testimonios, los internos de dichos centros eran obligados a laborar en tareas agrícolas y en granjas camaroneras sin recibir pago alguno y los mantenían retenidos en contra de su voluntad. Si se resistían eran golpeados por los encargados del lugar.
Las autoridades del estado informaron también de la detención de tres personas y la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss) informó que los centros asegurados operaban de manera clandestina.
La noticia nos enseñó que el crimen organizado evoluciona y destapó una realidad que intuíamos pero que no habíamos confirmado a este nivel en Sinaloa: allí dónde el estado falla en atender y rehabilitar a estas poblaciones con adicciones, aparece de inmediato el crimen organizado para llenar el hueco y lucrar con él.
La noticia también nos demuestra que la proliferación de estos centros de rehabilitación, mejor conocidos como anexos, ha sucedido a la vista de todos, incluidas las autoridades que ahora, ya destapada la cloaca, se ocupan de realizar las revisiones que no hicieron antes.
Hoy, el balón está en la cancha de las diferentes dependencias de atención y prevención para ayudar a las personas liberadas y, más importante aún, en la cancha de la Fiscalía General del Estado que tiene la responsabilidad de investigar el caso y procurar justicia para que no quede en la impunidad.
En suma, la revelación de estos falsos centros de rehabilitación, que son en realidad campos de reclutamiento criminal, obliga a preguntar cuántos más operan en estas condiciones en Sinaloa, dónde y cómo lo hacen; cuántos de ellos están en las manos del crimen organizado que los usa como mano de obra o como mercado cautivo; y, sobre todo, cuántos de ellos operan y reclutan con el contubernio de autoridades de los diferentes niveles y jurisdicciones en el estado.
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@AdrianLopezMX
