Candil de la calle, oscuridad de la casa... México y la política mundial de drogas

Es urgente que la política mundial de drogas cambie. Así lo señala el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la materia: “Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas”. Y, sin duda, lo es. En México y distintos países la “guerra contra las drogas”, lejos de terminar con los cárteles y el consumo, sólo ha generado mayor violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

Como en muchos otros temas de la agenda global, en los foros multilaterales, el Gobierno de nuestro país ha mostrado públicamente un discurso propositivo, acompañado de diversas iniciativas. A través de sus representantes diplomáticos el Estado mexicano se ha mostrado a favor de un cambio en la política de drogas que tome como base los derechos humanos y la salud pública, lo que dista con el discurso -y acciones- que se toman internamente desde Palacio Nacional. El dicho del Presidente López Obrador “candil de la calle, oscuridad de la casa” no puede representar mejor esta discordancia.

Por ejemplo, a nivel internacional México promueve en el CoDH diversas iniciativas en materia de drogas y derechos humanos. Incluso forma parte del grupo núcleo de estos esfuerzos, lo que significa que lidera los procesos de negociación, puede proponer temáticas y enfoques dentro de las resoluciones, así como orientar el rumbo que deben tomar las discusiones en los foros internacionales.

En 2015, por ejemplo, México se sumó a la solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de un estudio sobre las repercusiones que tiene la política prohibicionista de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos, como parte de la resolución 28/28, un texto originado previo a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas [UNGASS 2016 (1) por sus siglas en inglés], sesión que, por cierto, fue propuesta por México, Colombia y Guatemala.

En 2018, en el 37CoDH, de la que participó el Estado mexicano, se adoptó la resolución 37/42, en la que se destacó por primera vez los efectos diferenciados que tiene la política prohibicionista en un grupo en situación de vulnerabilidad, en este caso, en mujeres y niñas. El texto exhorta a los estados a incorporar la perspectiva de género en la política de drogas.

Más recientemente, este abril de 2023 México copatrocinó y promovió la resolución 52/24 (2), en la que se exhorta a los estados a replantear la política prohibicionista y apostar por “medidas tales como la educación, la rehabilitación o la integración social, y, cuando el delincuente (3) tenga un trastorno relacionado con las drogas, tratamiento y postratamiento, así como apoyo para la recuperación”. Como se puede observar, México apuesta, por lo menos desde el plano internacional, a replantear la política punitivista.

México reiteró esta misma postura apenas este agosto en los debates de la Tercera Comisión del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, al expresar que el país “concede una alta prioridad a una política global sobre drogas que sea integral, equilibrada, justa y humana; una política que se centre en la salud y el bienestar de los individuos y que responda a las realidades contemporáneas”. (4)

Pero las riendas de la política de drogas a nivel interno son diametralmente distintas del enfoque promovido a nivel internacional. El más reciente ejemplo se dio este octubre durante la conferencia de prensa del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México -Estados Unidos, en el que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, negó tajantemente que en el País se produzca fentanilo o cualquier otro precursor químico. En ese y otros espacios el propio Presidente ha negado que exista una crisis por consumo de esta sustancia.

Bajo su administración se ha omitido la aplicación la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Trabajo, un instrumento que debería generar información periódica y confiable sobre el uso de sustancias, la prevalencia del consumo y las características sociodemográficas de la población consumidora y que es clave para la actualización y mejora de las políticas que atiendan el fenómeno drogas desde la evidencia, sin discriminación ni estigma. (5)

En su lugar, el Gobierno federal continúa promoviendo la campaña “Juntos por la paz”, plagada de estigmas contra las personas consumidoras de sustancias, al tiempo que minimiza el problema del fentanilo y rechaza el enfoque de reducción de daños. En suma, la postura interna en materia de drogas sigue siendo la apuesta por el enfoque prohibicionista.

Urge concordancia. México no puede ser candil en los foros multilaterales y oscuridad al interior en temas de drogas. Es urgente cambiar el enfoque, si hay disposición y voluntad en los foros multilaterales, debería existir lo mismo en el plano interno.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado, suscrito por 133 organizaciones de 48 países, incluido México Unido Contra la Delincuencia, aparece en un momento clave para proponer alternativas concretas de política pública y soluciones basadas en evidencia en el tema de drogas a nivel planetario. Nuestro llamado internacional es a cambiar el enfoque punitivista, a terminar con la estigmatización hacia las personas usuarias de sustancias y poner fin a la “guerra contra las drogas”, que nos ha dejado un país con una grave crisis de violaciones a derechos humanos. Necesitamos una política de drogas distinta, con enfoque de derechos humanos, salud pública, igualdad de género, interseccionalidad y reducción del daño.

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El autor es Jonathan De Vicente Encarnación, director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia.

1. UNGASS 2016 coincide con el sexenio de Enrique Peña Nieto, es interesante analizar el discurso internacional de México con la realidad que el país enfrentaba en ese momento, caracterizada por altos niveles de violencia a causa de la “guerra contra las drogas”. El entonces Presidente señaló que “México es una de las naciones que ha pagado un alto precio, en sufrimiento y vidas humanas, por el paradigma prohibicionista de las drogas, y que, a pesar de los esfuerzos y resultados, no estamos libres de la amenaza criminal, mientras la demanda internacional de drogas siga creciendo. El mandatario pidió transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y una eficaz regulación. Hizo énfasis en que ningún país puede, por sí solo, hacer frente al fenómeno de las drogas. Se requieren consensos globales para atender el problema con eficacia”, retomado de Secretaría de Relaciones Exteriores, UNGASS 2016: la discusión a más alto nivel del problema mundial de las drogas: https://www.gob.mx/sre/articulos/ungass-2016-la-discusion-a-mas-alto-nivel-del-problema-mundial-de-las-drogas

2. 52° periodo del Consejo de Derechos Humanos, Resolución 52/24 Contribuciones del Consejo de Derechos Humanos en lo referente a las repercusiones de las políticas de drogas en los derechos humanos:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/081/27/PDF/G2308127.pdf?OpenElement

3. El texto de la resolución emplea el término “delincuente”, pese a ser estigmatizante.

4. UN Web TV, Tercera Comisión, 5ª sesión plenaria, 78° período de sesiones de la Asamblea General:í.

https://media.un.org/es/asset/k1i/k1i0300n02

5. La última edición de la ENCODAT corresponde al periodo 2016 – 2017. Desde México Unido Contra la Delincuencia se ha dado seguimiento, mediante la vía judicial, a esta omisión por parte del Ejecutivo Federal de realizar esta encuesta. La importancia de la ENCODAT radica en que genera datos para comprender mejor el problema y permite dar una atención con perspectiva de derechos humanos y justicia social:

https://www.mucd.org.mx/2023/08/seis-anos-sin-datos-sobre-consumo-de-drogas-mucd-exige-retomar-la-encuesta-nacional-de-adicciones-encodat/

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Jonathan De Vicente Encarnación / MUCD

Director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia

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