Desde el año 2013 se ha impulsado la campaña global #ApoyeNoCastigue en contra del miedo y la persecución de las personas usuarias de drogas. Esta es una respuesta que proviene de la sociedad civil y a la que desde Elementa nos sumamos. Coincidimos con que la política de drogas prohibicionista diseñada en las esferas de poder mundial más lejanas a las personas solo ha generado dolor y exclusión, así como un círculo vicioso de violencias.
Imaginemos la siguiente situación: un grupo de amigxs están en una banqueta bromeando y pasando un buen rato. Hay confianza y compañerismo, por lo que uno de ellos saca un porrito para compartirlo con lxs demás. Hasta este punto no hay riesgo de nada, no hay daños a terceras personas, ni hay afectación en el orden público. ¿Por qué lo habría de haber? Pero de un momento a otro, aparecen policías que al verles se acercan y comienzan todo menos un diálogo constructivo, en el que amenazan y amedrentan al grupo de amigxs. Bien lo sabemos, dicho encuentro puede terminar en una extorsión en la que les quiten sus pertenencias, o bien, en una detención que podría llevarles a prisión.
Aquí es donde nos preguntamos: ¿por qué no pensar en una alternativa a estos caminos sólo derivan en violencia física, verbal e institucional? ¿Por qué no imaginar marcos normativos basados en las libertades, el respeto y el diálogo para resolver situaciones conflictivas? Ese es el propósito de la campaña #ApoyeNoCastigue.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, plantea ciertos conflictos al abordar el tema desde una perspectiva bélica. Una lucha entendida por los gobiernos como aquella que solo tendrá fin cuando se erradiquen todas las sustancias psicoactivas del planeta. No sucederá jamás. Las drogas siempre han existido y seguirán conviviendo con las personas por siempre. La política de prohibición y persecución lo único que ha provocado es la existencia de mercados ilícitos que se mueven mediante redes de criminalidad y violencias.
Lo que desde el poder de organismos internacionales y nacionales han llamado como “guerra contra el narcotráfico” ha sido una guerra contra las personas. Podrán quemar las toneladas de marihuana que quieran, incautar miles de paquetes de cocaína o arrasar con hectáreas de sembradíos de amapola y con ello salir en las noticias a decir que están trabajando por la seguridad y obteniendo resultados. Pero serán esfuerzos fallidos.
Las comunidades marginadas y empobrecidas, víctimas de la falta de oportunidades y la violencia desenfrenada, han sido atrapadas en el fuego cruzado de esta mal llamada guerra contra las drogas. Otros campos serán sembrados y otros laboratorios serán construidos en la clandestinidad. Mientras tanto, a las personas empobrecidas, desplazadas, encarceladas, desaparecidas y asesinadas ya no se les podrá recuperar lo perdido. Y cada día que no exista un mercado regulado seguirá aumentando el número de personas a quienes se les violentan sus derechos humanos.
Desde Elementa decidimos hacerle frente al miedo y señalar las políticas de terror, decirle no a la represión, las sanciones y la prisión. Protestamos y también proponemos para la transformación de la política de drogas.
En lugar de criminalizar y castigar a las y los usuarios de drogas, nos sumamos a las propuestas de implementar políticas basadas en la reducción de riesgos y daños, en la atención integral de la salud y la incorporación de un enfoque de derechos humanos. En lugar de desplegar soldados en las calles, se debe invertir en programas de prevención, educación y desarrollo social. Es hora de abordar las causas estructurales que llevan a la vulnerabilidad y la participación en el tráfico de drogas. Esto implica invertir en educación de calidad, creación de empleo, fortalecimiento de la comunidad y atención integral a las adicciones. Y también pasa por diseñar mercados regulados de drogas.
La protección de la población más vulnerable debe ser el eje central de cualquier política de drogas. Es imperativo que apostemos por un cambio hacia enfoques basados en la salud pública, donde las personas puedan acceder a tratamientos, reducción de daños y apoyo social sin temor a la persecución y la estigmatización. Justamente, al cambiar el enfoque de la política de drogas hacia la salud pública, se podría reducir el estigma asociado con el consumo de drogas y brindar un marco legal que proteja y promueva los derechos humanos de las personas.
La campaña “Apoye no castigue” nos brinda la oportunidad de reiterar que la política de drogas punitivista ha sido un fracaso rotundo. Debemos dejar de criminalizar y estigmatizar a las personas y enfocarnos en su bienestar y en abordar las raíces de los consumos que se han catalogado como problemáticos. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y compasiva.
* El autor Isaías Pablo Tolentino (@ispabt) es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en @ElementaDDHH.