Bariatría criminal: visos de impunidad. A examen crucial la justicia en Sinaloa
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Duró menos horas detenido que el número de víctimas acumuladas, el supuesto cirujano bariatra que según las denuncias presentadas a la fecha ha ocasionado la muerte de al menos cuatro personas y dejado con lesiones de por vida a otras 7, sin que tales crímenes le hayan sido suficientes a la Jueza Ana Karina Aragón para determinar la prisión preventiva, lo cual activa en afectados y familiares, así como en la sociedad entera, las alertas de impunidad. Podría ser que una sola noche que el acusado Hernán Lizárraga estuvo en la cárcel sea también la eterna oscuridad de la justicia.
Sin embargo, la actuación inicial de la enjuiciadora dejó de ser un asunto que le incumba únicamente a los agraviados directos al posicionarse como exigencia pública para que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Fiscalía General de Sinaloa, e inclusive el Gobernador Rubén Rocha Moya, se anticipen a un posible acto de exoneración en el caso que le dio la vuelta al mundo cuando el 6 de enero falleció la influencer Magnolia Morales a consecuencia de afectaciones múltiples al sistema digestivo que le causó el mismo perpetrador.
Hernán Lizárraga fue detenido el viernes mientras continuaba laborando, otro absurdo por el peligro que representa para sus pacientes; el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal programó la primera audiencia para el día siguiente y ese mismo día la Jueza lo puso en libertad a pesar de que la Fiscalía y el agraviado y su defensa advirtieron de la inminente posibilidad de fuga, pues el miércoles deberá presentarse para que el tribunal decida si lo vincula o no a proceso.
Se trata de la carpeta de investigación por lesiones dolosas, usurpación de profesiones y responsabilidad profesional con daños a Arturo Angulo, a quien Hernán Lizárraga le realizó cirugía de manga gástrica en mayo de 2021 y a partir de ello estuvo 8 meses internado en estado de salud grave por perforación de estómago y pulmón, le realizaron 47 intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida y ha gastado 9 millones de pesos en recuperarse. Es la víctima que el sábado le dijo a la Jueza que no quería un solo peso de indemnización sino todo el peso de la ley contra quien ha dañado bastantes vidas humanas.
Para hoy se le realizará otra primera audiencia al mismo “médico” ya inculpado para formularle la imputación de un caso distinto. Se trata de Paúl en quien se repite la historia de negligencias pues derivado de que se atendió con Hernán Lizárraga estuvo en riesgo letal por perforaciones en el estómago. ¿Se animará la Juez a determinar la vinculación a proceso? La lupa ciudadana está atenta a lo que resuelva.
De igual manera espera el turno de que sea judicializado el expediente de Magnolia, la joven influencer que falleció 6 meses después de que se puso en manos del supuesto especialista en control de obesidad y lo que encontró fue el prolongado sufrimiento por 30 cirugías reconstructivas en órganos que le dañó Hernán Lizárraga. Este parece ser el caso clave pues la familia ha presentado pruebas a suficiencia para que los defensores del indiciado carezcan de coartadas para sostenerlo en libertad, y la Jueza se las crea.
La lista de víctimas es larga y se le acumularán hechos conforme los afectados le tomen confianza al Poder Judicial del Estado. Elizabeth, que falleció por afectarle el “cirujano” la vena aorta abdominal; Sonia, que fue intervenida sin realizarle la correspondiente prueba para detectarle Covid-19 y perdió la vida a los 5 días, y Carmiña, sobreviviente de perforación en aparato digestivo, entre otras. Esta secuencia indolente debe implicar también a equipos humanos e instalaciones hospitalarias que sabiendo de la existencia de víctimas fueron parte de los delitos por acción u omisión.
A la Jueza que desató la indignación de las víctimas y sus familias le corresponderá esta semana aliviar la irritación y desconfianzas activadas, antes de que el sistema judicial local atraiga la atención de organismos internacionales que procuran el Estado de derecho. Inimaginable que mantenga al encausado fuera de las rejas y jurídicamente devastador que éste decidiera evadir la acción de la ley por la prerrogativa de libertad otorgada. Otro escenario, el peor, es que las instituciones concurrentes den alguna señal de proveer de impunidad a Hernán Lizárraga.
Al tratarse de demasiadas víctimas, tantas negligencias acumuladas, y de bastantes padres, hijos, hermanos y esposos que después de los lacerantes fallecimientos o tormentosas horas de terapia intensiva hoy son presas del presentimiento de impunidad, a ningún sinaloense le debiera ser ajena la exigencia de justicia. Tampoco debe faltar la denuncia de todos los afectados porque tal omisión le abre rutas de escape al presunto delincuente.
Esperemos entonces que la luz de la Constitución y leyes que emanan de ésta le indiquen el camino a la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur de Sinaloa, para que se imponga el resplandor de la justicia y se eviten malos resolutivos que a la postre serían la eterna sombra sobre el Poder Judicial de Sinaloa.
Sería el colmo la noticia,
Que pronto venga a informar,
Que el corazón de la justicia,
También Hernán pudo perforar.
La consternación agravada por las dudas que embargan al sector artístico debido a la muerte en condiciones extrañas de Max Corrales, integrante de la Compañía Danza Joven del Instituto Sinaloense de la Cultura, debe recibir la más profunda y creíble labor pericial de la Fiscalía para atajar la interrogante de por qué cada día se van más jóvenes con futuros prometedores en circunstancias que parecen crímenes y no accidentes, como el de la joven Aimé Joanna que el mismo día que murió adquirió un auto, se enseñó a conducir, y apareció al fondo de un barranco.
