A dos meses de cumplirse el noveno año de aquella noche trágica donde fueron desaparecidos forzadamente 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y pese a ser el caso paradigmático que el Presidente López Obrador se comprometió a esclarecer, a la fecha esto no sólo no ha sucedido, sino que parece haber topado con pared: el pacto de silencio cómplice de las fuerzas armadas para no acceder a la verdad.
Estamos ante lo que Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señalaron durante la presentación de su sexto y último informe como la “institucionalización de la mentira”. Y es que para lograr el objetivo de su mandato, acceder a la verdad sobre lo ocurrido, dar con el paradero de los jóvenes y alcanzar la anhelada justicia el grupo de expertos quedó varado en un escenario de absoluto hermetismo institucional para proporcionar la información solicitada en miras de avanzar en el proceso de investigación. Con el ocultamiento y la negativa sistemática se apunta a la protección de una red macrocriminal configurada por la colusión de agentes de seguridad estatal de todos los niveles que, a su vez, devela el poder y la impunidad que gozan los más altos órdenes institucionales de las Fuerzas Armadas.
El informe final del GIEI presenta mucha información reveladora sobre la forma de actuación de las fuerzas de seguridad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El GIEI ha documentado de manera contundente la forma en que todas las instituciones obstruyen el desarrollo de las investigaciones de este tipo de casos y cómo sólo van proporcionando información en la medida que son presionadas por la movilización de las víctimas o por instancias de investigación independientes.
En este sentido, el informe del GIEI relata cómo las Fuerzas Armadas han mentido desde el primer momento en que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy sabemos, por ejemplo, que la desaparición de los estudiantes se ejecutó como parte de un operativo conjunto de gran magnitud, donde toda la evidencia apunta a que las Fuerzas Armadas jugaron un rol protagónico y, quizá, hasta de coordinación de todas las demás corporaciones. Justo la información que el Ejército se niega a entregar puede ser la pieza faltante del rompecabezas que podría ayudar a dilucidar el paradero de los estudiantes y el funcionamiento de las responsabilidades de las corporaciones federales en la ejecución de su desaparición forzada.
Los hallazgos del GIEI también están poniendo a prueba el andamiaje constitucional e institucional mexicano. Durante su presentación, tanto Carlos Beristain como Ángela Buitrago enfatizaron el hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está al tanto de la obstrucción por parte de la Secretaría de la Defensa a la investigación del GIEI, y que, incluso, giró instrucciones precisas al general secretario para entregar la información solicitada por el GIEI y, no obstante, la Sedena persiste en responder que no cuenta con dicha información. Este hecho deja a nuestra democracia en una encrucijada: ¿el Presidente no quiere o no puede hacer obedecer sus órdenes frente a las fuerzas armadas?
Cada uno de los obstáculos, las versiones contradictorias, las mentiras y el ocultamiento de información que han impedido la localización de los estudiantes, se traducen en la profundización de diversos daños en los cuerpos y subjetividades de las madres, los padres y sus núcleos familiares (1). Con la desaparición y la incertidumbre prolongada a lo largo del tiempo, el deterioro a la salud en algunas y algunos de los familiares se ha cronificado, las afectaciones psicoemocionales como son la frustración, la tristeza, el dolor, la impotencia y el desconcierto se han instalado en sus vidas a modo de impasse.
La desaparición de un ser querido es una experiencia límite que trastoca los ámbitos de la vida individual, comunitaria y cotidiana. La necesidad de un modelo de atención integral, sustancial, de calidad y sostenido permanentemente es urgente. Dicha atención es imprescindible para el camino de la justicia, ya que son recursos necesarios para llegar a ella. Por ello, enfatizamos que la atención victimal, así como los mecanismos de reparación, no sustituyen la búsqueda de verdad y de justicia.
Tras casi nueve años de recorrer las calles del País, las madres y los padres de Ayotzinapa, hombres y mujeres humildes pertenecientes a los sectores más precarios y de exclusión social derivada de violencias estructurales históricas, como son la población indígena y la campesina, portan la dignidad y la rabia para enfrentar a los poderes criminales enquistados en las más altas estructuras político-económicas.
El esclarecimiento del caso Ayotzinapa representa una grieta para que otros casos de desaparición forzada en el País vean la luz de la justicia; sin embargo, de seguir en esta línea, en un contexto con tendencia latente a la militarización y en una continuada impunidad, los crímenes atroces y las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de seguridad de todos los niveles de Gobierno y el Ejército, continuarán siendo los verdugos de la ignominia en nuestro México contemporáneo.
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Los autores Alejandra Ramírez (@AllejandraRam ) y Humberto Guerrero, miembros del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
1. Para conocer más sobre los impactos psicosociales del caso, recomendamos revisar el documento: “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”. http://ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf
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