Ayotzinapa VI, el disciplinamiento de una mentira transexenal

“Si me pongo de acuerdo con una persona para mentir, puede ser que la mentira perdure; si me pongo de acuerdo con cuatro, es más difícil; pero cómo hacer para que una mentira perdure con centenas de personas involucradas. ¿Habían visto antes tantas voluntades concertadas para controlar una mentira?”, pregunté a Ángela Buitrago y Carlos Beristain en el evento en el que presentaron el Informe Ayotzinapa VI, último del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Luego de que Beristain negó con la cabeza cuando yo formulaba la pregunta, Buitrago explicó que no puede afirmar si las instituciones involucradas están o no controladas, pero puede aseverar que ha habido “control absoluto para mantener instalada una versión”, lo que incluye, por ejemplo, a 200 personas de seis corporaciones policiales o múltiples casos de personas detenidas por una institución y presentadas por otra, fluyendo el control de la versión entre múltiples entidades públicas.

Cerca de cumplirse nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el GIEI se va sin haber conseguido acceder a toda la verdad, aunque habiendo conseguido, eso sí, desnudar el soporte del Estado a uno de los crímenes más atroces de nuestros tiempos. La presentación del último informe fue un relato detallado de los más recientes hallazgos de una larga historia donde los especialistas invitados a México enfrentaron el “ocultamiento de información y la insistencia de negar cosas que son obvias”, según comentó Beristain.

Parte de la más reciente evidencia enseña, por ejemplo, reconstrucciones de hechos que, a través del análisis de redes de telecomunicaciones, confirman que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus inmediaciones, policías municipales, estatales, ministeriales y federales estaban en lugares y horas diferentes a las que habían informado. Además, documentaron un intenso flujo de llamadas que confirma el intercambio de información entre todas las instituciones municipales, estatales y federales, incluyendo las militares, al momento mismo de los ataques a los normalistas. Se corroboró incluso el envío de informes a la Ciudad de México, si bien el GIEI no pudo acceder a esos documentos, a pesar de haberlos solicitado.

Eso no es todo, la investigación encontró registros de la Secretaría de Marina que confirman la muerte de dos personas durante los interrogatorios de esa institución, cuya identidad es desconocida, dado que no existe reporte oficial alguno al respecto en las investigaciones abiertas.

En septiembre de 2017 publiqué en una columna mi post Ayotzinapa, el bloque de la muerte, luego de mirar la reconstrucción de los hechos a cargo de Forensic Architecture, comisionada y llevada a cabo en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), para las familias de los 43 estudiantes desparecidos, los heridos y asesinados en aquellos eventos. Esa investigación ya enseñaba lo que llamé “una operación de exterminio coordinada entre autoridades y el crimen organizado”.

Nuevamente el GIEI explicó que parte de la información ha sido ocultada por la Sedena y apenas hace un par de días recibió información que corrobora ocultamiento por parte de la Semar. En la etapa de preguntas en el evento se nombró el escándalo que supone esto, cuando la Presidencia de la República ha ordenado lo contrario, o al menos eso ha informado.

Son nueve años de mentiras con centenas de personas disciplinadas para impedir el acceso a la verdad, además de algunas otras que han hecho y aún hacen todo lo que está a su alcance para que sí se sepa la verdad y haya justicia, según los relatos del GIEI. Pero, en palabras de Beristain, “cuando se llegó al núcleo duro de la verdad, de nuevo prevaleció el ocultamiento”.

Hoy se discute de qué tamaño es la llamada gobernanza criminal en México y ya se sabe bien que la influencia de los grupos delictivos y la operación del Estado funcionan entreverados. Estamos confirmando que los tejidos de poder delictivo no se consolidan por la ausencia del Estado, como algunas personas aún creen, sino más bien soportados por la presencia de las instituciones que funcionan, ya sea como entes reguladores de la delincuencia o bien como un actor, entre otros, en disputa por el control de territorios y mercados ilegales. Los ataques de septiembre de 2014 a los normalistas son una representación paradigmática de esto, precisamente porque el GIEI ha confirmado que la Semar, la Sedena, policías federales, estatales y municipales y órganos de inteligencia, “supieron minuto a minuto y con monitoreo en tiempo real el paradero de los jóvenes”.

Regresemos a la pregunta inicial: ¿cómo es que el Estado mexicano ha logrado proteger por nueve años un flujo de mentiras respecto a eventos donde han participado centenas de personas, flujo que incluso ha saltado incontables cambios de operadores institucionales y el relevo en la Presidencia de la República?

Estamos ante un descomunal disciplinamiento del engaño y eso nos debería llevar a un análisis diferente que mapee el flujo del montaje soportado acaso en miles de micro eventos donde se ha logrado asegurar por casi una década que “el núcleo” de la verdad no salga a la luz. Dijo Beristain que el riesgo es que se institucionalice la mentira como respuesta. Quizá ellos se van precisamente porque eso, en alguna medida importante, ya ocurrió.

Ciertamente no es razonable esperar que las recomendaciones del GIEI que no han sido implementadas, lo sean luego de su partida. Pero en todo caso quiero quedarme en este momento con el extraordinario valor y la oportunidad que implica contar con el acumulado de casi una década de investigaciones sobre las cuales se pueden mapear múltiples trayectorias institucionales de disciplinamiento de la mentira en ámbitos civiles y militares.

Y en otro ángulo, no puedo evitar pensar que tal vez en el fondo el GIEI llegó al límite de lo posible en la presión a favor de la justicia en México, quedándose corto.