Empieza el 2024 y con ello un año intenso en cuanto a lo político, lleno de desafíos para los derechos humanos. El contexto electoral marcará, sin duda, los meses por venir. Las perspectivas que guiarán a las plataformas políticas que protagonizan esta disputa parecen ya dibujadas.
De un lado, el intento de utilizar la persistente crisis de derechos humanos como arma arrojadiza al hacer una evaluación crítica de la actual administración. Una perspectiva que si bien puede ser políticamente comprensible, termina teniendo poca credibilidad y siendo poco más que una instrumentalización electoral de la gran tragedia nacional, al efectuarse por actores provenientes de formaciones políticas que en el pasado contribuyeron a que esa crisis se generara.
Del otro lado, la pretensión de subsumir la compleja y amplia agenda de las víctimas en la anunciada propuesta de modificar el mecanismo de selección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta, más allá de los enormes riesgos que entraña para el Estado de Derecho, de ninguna manera solventaría la profunda crisis de impunidad que vive el país, más vinculada con el mal funcionamiento de las fiscalías y con el modelo de seguridad militarizado y centralista, que con el de los jueces y juezas.
En este panorama, es difícil que los derechos humanos tengan espacios de escucha seria en las plataformas que están por disputar la Presidencia y el momento parece poco propicio para impulsar propuestas de gran calado. Máxime porque a este panorama se suma la desinformación que genera la conferencia matutina presidencial, que en su afán de minimizar la crítica realidad de los derechos humanos en el país, desata retóricas tóxicas. Ejemplos nítidos y recientes de esta deriva son la cuestionable revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la descalificación en contra de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos -como el Centro Prodh-, cuestiones ambas que se agudizaron en las últimas semanas del 2023.
De la revisión del Registro Nacional, ya se ha hablado bastante. Aquí hemos indicado una y otra vez que los esfuerzos institucionales tendrían que dirigirse más bien a lograr que funcionen herramientas clave como el Banco Nacional de Datos Forenses, hoy inoperante por la negligencia de las fiscalías.
Hemos aceptado también que la revisión del Registro es necesaria pues por la propia naturaleza de las desapariciones puede haber tanto fenómenos de “sobre registro” -pensemos en las familias que acuden a denunciar a varias entidades federativas- como fenómenos de “sub registro” -pensemos en las desapariciones de migrantes-, que probablemente sean los más abundantes.
Pero dado lo delicado del tema, muchas voces han indicado también que esta revisión tendría que haberse hecho con el más extremo cuidado y con la mayor transparencia posible. Estas características, lamentablemente, no han estado presentes en la actual revisión. La adopción de nuevas categorías con las denominaciones “personas ubicadas”, “personas sin datos suficientes para ser identificadas” y “registros sin indicios para la búsqueda” -donde se acumulan los casos de casi 80,000 personas- es sumamente cuestionable: no están previstas en la ley y no se encuentran bien definidas.
Todo indica, además, que el estándar que se ha adoptado para considerar un caso como una “desaparición confirmada” es demasiado alto e inadecuado dadas las características de este crimen, que se comete para no dejar huella y que deja en el terror a los familiares. Por último, hay que hacer notar también que al no desglosarse por años, sexenios y entidades federativas el número de casos, se pierde la posibilidad de monitorear si el fenómeno está conteniéndose y revirtiéndose; paradójicamente, con ello, los principales beneficiarios son los gobernantes de los sexenios en los que más desapariciones se registraron.
Por otro lado, en cuanto a las descalificaciones contra las organizaciones civiles, hay que insistir en que atacar al mensajero no cancela la veracidad del mensaje. En el caso del Centro Prodh, desde la conferencia presidencial se ha dicho con falsedad que supuestamente hemos actuado de forma desleal en el caso Ayotzinapa por denunciar la existencia de tortura en la investigación que derivó en la llamada “verdad histórica” y se ha llegado a afirmar que incluso “manipulamos” a las víctimas. Tristemente, de esa manera se termina reivindicando la investigación plagada de irregularidades que realizó la anterior administración, se relativiza la gravedad de los efectos de la tortura en un proceso penal y se repite la ofensiva narrativa -muy frecuente en los gobiernos anteriores- según la cual las víctimas no tienen agencia sobre sus procesos y luchas.
La intención es clara: distraer la atención de lo esencial, que son los pendientes que sigue presentando el caso, entre los que destaca la reticencia militar a entregar todos los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) en Iguala. Pero los padres y las madres de los normalistas, en una muestra más de su enorme dignidad, no han caído en esta treta: han seguido exigiendo que acabe la protección al Ejército y han respaldado a las organizaciones -Tlachinollan, Serapaz, Fundar y el Centro Prodh- que les han acompañado casi por una década.
En suma, los derechos humanos enfrentan un panorama complejo en el año que inicia. A la coyuntura electoral se suma la retórica presidencial de fin de sexenio, con su carga cada vez mayor de falsedades. Pero en todo el país las víctimas y las comunidades se siguen organizando para demandar justicia, verdad, no repetición y memoria. Pese al contexto adverso, debemos seguir dando voz y presencia a esos esfuerzos en este 2024, con la esperanza de que se abran espacios a la altura de la emergencia nacional que vivimos.
