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Una de las herramientas que ha utilizado el Presidente para allegarse los recursos necesarios para financiar “su obras prioritarias”, como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, así como para incrementar los recursos para las fuerzas armadas, es el de “la austeridad”. Es probable que los asesores del Presidente le hayan informado que no habría recursos para esos proyectos, razón por la cual tuvo que saquear los fideicomisos, desvió recursos de diversas partidas presupuestarias hacia “sus obras”, amenazó a grandes contribuyentes a que retiraran amparos y recursos jurídicos contra resoluciones de la SHCP, canceló proyectos de inversión fija pública y hasta retiró los remanentes del Banco de México, pero además, declaró una situación de austeridad en el gobierno federal y como consecuencia en los gobiernos estatales y municipales, los que vieron restringidos los recursos presupuestarios para obra pública.
Cada una de esas decisiones para concentrar recursos en las manos presidenciales, ameritarían un análisis de los efectos y resultados en la economía y en el futuro del País, pero, en esta ocasión, se trata de analizar una de ellas, esto es la austeridad, ya sea la austeridad “normal”, la “republicana” o la “franciscana”, pues para el caso es lo mismo.
Los resultados evidentes han sido los deficientes servicios públicos del Gobierno, la eliminación de servicios que ya tenía la población, como los medicamentos para los enfermos en el IMSS, la saturación de varias dependencias que no alcanzan a proporcionar servicio ni regular ni malo, simplemente falta presupuesto, no hay instalaciones ni material de trabajo y generalmente tampoco hay suficiente personal.
1. El Universal de este martes expone que existe un “atraso legislativo de 82.5 por ciento, nada más en el período de septiembre a diciembre de 2022, pues solo han aprobado 92 dictámenes de 528 iniciativas presentadas”, pero, además hay una buena cantidad de iniciativas en “la congeladora”, por falta de estudios y por saturación.
2. La Auditoría Superior de la Federación reporta que en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, las instituciones públicas de salud le solicitaron más de 12 millones 700 mil dosis de medicamentos para tratamiento del cáncer, de los que solo se pudieron surtir poco más de 650 mil, es decir, apenas el 5.1 por ciento. Esto a pesar de que Presidencia “ya había encontrado la solución”, a través de un acuerdo con la ONU, acuerdo que nunca pudo cumplir la institución, pues solo surtió una mínima parte de lo solicitado. No hay que olvidar que esta tragedia de falta de medicamentos en las instituciones de salud la ocasionó el propio Presidente, al destruir el sistema de compra, surtido y distribución que ya se tenía con farmacéuticas nacionales a las que se acusó de corrupción, pero a las que finalmente se recontrató, pero el daño ya estaba hecho, y hasta la fecha no se ha recuperado, máxime ante la presencia de la pandemia. ¿Cuántos muertos y enfermos agravados por falta de medicamentos hubo? Nunca se sabrá.
3. Este miércoles, Noroeste informa que el Subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez reconoce “una crisis forense arraigada, pues hay más de 50 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses... y no hay capacidad institucional para enfrentarla”. Se reconocen “más de 50 mil”, pero las organizaciones civiles hablan de más de 100 mil, no hay recursos, ni personal, ni instalaciones para este servicio público.
4. Desde hace ya varios meses, los causantes se han estado quejando de que el SAT de la Secretaría de Hacienda les exige información y documentos que la misma dependencia no alcanza a cumplimentar, como por ejemplo la Constancia de Situación Fiscal, la Declaración Anual o el nuevo Régimen de Confianza, etc., porque simplemente está saturado o se ha estado cayendo el sistema Marca SAT telefónico para este servicio. Esta deficiencia y esta saturación ha obligado a la dependencia federal a ampliar plazos y términos para cumplir con las obligaciones fiscales. Así, en Reforma de este martes, Gustavo Leal Cueva, presidente del Despacho Fiscalia expone que “cuando la tecnología no se usa adecuadamente o cuando se cae en exceso de control... los procesos se tornan complejos o ineficaces y generan un caos”.
Esto es el resultado de no tener buenos sistemas informáticos y funcionarios capaces para atender como es debido a un México cada vez más complicado y más consciente de sus derechos y obligaciones.
Seguiremos este tema en posteriores artículos.
