Así como en la economía nacional no se observa un crecimiento sostenido en el futuro, por la confusión que provocan las decisiones encontradas entre los principales actores que deberían trabajar en un mismo sentido, habría que agregar que varias decisiones gubernamentales están francamente en contra de la iniciativa privada nacional y extranjera.
La prueba más clara se tiene en la CFE y la Comisión Reguladora de Energía, que están cancelando y bloqueando autorizaciones para producir energías limpias. Ya se tienen algunos litigios en tribunales internacionales, promovidos por empresas a las que les han modificado los términos de contratos ya firmados, como el caso de ductos de gas que a punto de operar se obligó a la empresa a aceptar otras condiciones. Igualmente son varios los casos de cancelación de contratos y autorizaciones para producir energía limpia; además, la CFE es demandada por la empresa White Water Midstream por no pagar el gas consumido a principios del año durante la crisis en Texas. La Dirección de CFE sostiene que se tienen 89 mil 890 megawatts para cubrir una demanda de menos de 50 mil megawatts y que se tienen proyectos en proceso para los próximos tres o cuatro años incluyendo proyectos de generación de energías limpias, pero los repetidos apagones que se han sufrido indican que se está al límite y no se sabe de nuevos proyectos para los siguientes diez o quince años, tomando en cuenta que los proyectos requieren de siete a ocho años para su operación.
El gran activo de la CFE es el sistema nacional de transmisión de electricidad que requiere un mantenimiento constante, pues es vulnerable a los fenómenos climáticos; durante esta administración la red solo se ha incrementado menos de 1 por ciento. Igualmente, las plantas generadoras requieren constante mantenimiento cuyo costo se calcula en alrededor de 15 mil millones de pesos, según el columnista Mario Maldonado.
A la CFE le deben todos los municipios del País por concepto de alumbrado público un importe de más de 4 mil millones de pesos, además la compañía sufre del robo de energía que se estima sea de más de 5 por ciento de la energía generada.
La tendencia mundial es que las empresas privadas produzcan la energía que consumen, lo cual se estaba logrando en México con energía solar y eólica, en apoyo a la CFE para cubrir el consumo nacional, pero este gobierno ha estado cancelando los permisos y bloqueando que se autoricen nuevos; mientras tanto las plantas de la CFE siguen contaminando.
El crecimiento de la economía nacional depende de que el País cuente con suficiente capacidad de generación de energía para las industrias, gobiernos, comercio y consumo domiciliario y si esto se logra con energías limpias el beneficio es doble.
Otro factor que a muchos ha confundido es el de la dolorosa escasez de medicamentos, principalmente los oncológicos para los niños, escasez que ha sido negada una y otra vez por el gobierno y las instituciones de salud. Como las protestas de los padres de los niños enfermos han ido en aumento, se les ha acusado de que son pocos y los mismos y últimamente, de formar parte del sector liberal que quiere perjudicar a la 4T.
Lo cierto es que sí han faltado medicinas en el IMSS, el Issste y el Insabi, debido a la pésima decisión de quitar contratos a los laboratorios y farmacéuticas que producen o importan las sales de los medicamentos, además se rompió todo el sistema nacional de distribución que estaba funcionando bien, pues se llegó a tener un 97 por ciento de surtido de los miles de productos, millones de unidades para miles de clínicas, farmacias públicas, hospitales y farmacias privadas, gracias a sistemas informáticos, equipo distribuidor, control de faltantes y su correspondiente reposición.
Ahora se pretende culpar a la pandemia, pero la escasez se suscitó desde antes y tal vez se agravó con el Covid-19, pero ha sido el resultado de decisiones que se toman sin conocimiento completo de la complejidad de un problema, con resultados de pérdida de vidas y más enfermedades.
Por otro lado, el tratamiento oficial que se le ha dado al control de la pandemia ha sido irresponsable, desde el momento en que el Presidente y el principal encargado de la vigilancia, control y tratamiento de la enfermedad se negaron a usar cubrebocas, mantener “la sana distancia” y no priorizar la salud sobre la economía, misma que pudo haberse impulsado con recursos públicos para las empresas y el empleo.
Con estas y otras confusiones, el País está en problemas de inseguridad, de salud, de desempleo y pobreza y con un incierto futuro.
