Arropa Rocha Moya labor de los periodistas. Pide no hostigar ni atentar contra la prensa
Por la pertinencia que adquiere ante cuatro situaciones que merecen el pronunciamiento claro y firme del titular del Ejecutivo estatal, es encomiable el llamado que el Gobernador Rubén Rocha les hizo ayer a sectores público y privado para que eviten hostigar o atentar contra los periodistas, y que tampoco tengan la piel tan delgada cuando se está en desacuerdo con lo que éstos publican. Bienvenida la convocación, que podría parecer advertencia, cuando muchos actores y factores intentan dislocar la libertad de expresión en Sinaloa.
Es el momento adecuado, el que debió suceder hace décadas, para articular los componentes del sistema de protección a periodistas y que la sociedad vea robustecido el derecho a la información, permitiendo que se complete el legítimo flujo comunicativo que les haga llegar a las audiencias el mensaje tal cual es. Lo puntual está en posicionarse ahora que la democratización del diálogo se ha dificultado en el campo minado de intolerancias que le resta espacios a la libre manifestación de las ideas.
Vale analizar el contexto en el que suceden las expresiones del Gobernador respecto a las garantías para el buen desempeño del periodismo. Por el hecho de provenir del pódium gubernamental, el que en vez de salvaguardar a la prensa acostumbra a azuzar contra ella, abre expectativas de aliento sin dar por hecho que la zozobra se acaba por el llamado en sí. Claro, sin echar a vuelo las campanas.
En primer lugar, Rocha Moya ofrece intervenir ante la Cancillería mexicana para que el debido proceso judicial logre traer a México a Dámaso López Núñez, el presunto asesino de Javier Valdez Cárdenas, que en Estados Unidos fue puesto en libertad al ser juzgado por otros delitos. En Sinaloa la justicia estará trunca mientras quien ordenó la muerte del periodista reciba la impunidad que lo habilita, le da licencia, para continuar en su escalada criminal.
Segundo, en un gesto para quitarle tensión a la labor reporteril en Sinaloa, el Gobernador les hace un llamado a los empresarios de Grupo Arhe, asentado en Mazatlán, para que retiren las denuncias contra periodistas sinaloenses que participaron en la investigación publicada en varios medios en marzo de 2021 con el título “Los otros hermanos Arellano”, coordinado por Quinto Elemento Lab.
Tercero: Rocha Moya reitera la instrucción a sus colaboradores, extendiéndola a los presidentes municipales, para que omitan hostigar o atentar contra comunicadores. Esa especie de aviso de “los estoy observando” llegó preciso al darse a conocer que el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sienta su primer precedente en lo estatal al advertirle al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que por el hecho de bloquear en su cuenta de Twitter a un periodista podría ser sujeto al artículo 283 bis del Código Penal que establece la sanción de seis meses a cuatro años de prisión a quien obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.
La cuarta moraleja se asocia al temor que está generando el todavía desconocido desenlace jurídico y político en el expediente de la compra por adjudicación directa que el gobierno de Mazatlán le hizo a Azteca Lighting por 400 millones de pesos para que le proveyera 2 mil 139 luminarias. Hay autoridades y empresarios incómodos, inclusive hasta algunos que se supone son ajenos a este negocio, por la cancelación del contrato y que dejan correr el rumor de represalias a quienes intervinieron en que cayera dicha transacción opaca.
El caso es que, acudiendo al argot que es común en la llamada Cuarta Transformación, al periodismo le viene como anillo al dedo la actitud que mostró Rocha Moya, adelantándose a cualquier agresión que viniera contra periodistas y organizaciones de la sociedad, de parte de la corrupción organizada. Hacía bastante tiempo que un Mandatario local no abordaba el tema con tal firmeza, sobre todo porque la vieja costumbre del poder asumía la libertad de expresión como baratija a comprar con convenios de publicidad oficial y, enseguida, la pisoteaba imponiendo mordazas y amenazas.
Podríamos decir que ayer fue una buena jornada de amparo a la libertad de expresión en Sinaloa con la solicitud al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para que se castigue al presunto asesino intelectual de Javier Valdez, la mediación para que Grupo Arhe deje sin efecto la denuncia contra periodistas, la instrucción a los miembros del Gabinete de que no hostiguen ni ataquen a integrantes de la prensa y ese mismo llamado extensivo a alcaldes que hoy mismo quisieran silenciar a medios, reporteros, analistas y activistas que echan luz sobre las oscuras cloacas municipales.
Veámoslo como otro logro a favor de la conquista de condiciones para hacer el mejor periodismo en Sinaloa sin sentir las armas en la sien. El primero fue la aprobación en mayo de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a lo cual contribuyó el Gobernador. ¿Y el tercero? Bien podría ser la restitución de condiciones generales para que el periodismo retome los bríos perdidos desde que el narcotráfico mandó asesinar a Javier Valdez.
Rocha desde su máximo rango,
A la prensa brinda un escudo;
Pero en la jungla cada chango,
Se empecina en jugar rudo.
La realización de otro operativo fallido para detener a los presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez, ultimado en Culiacán el 5 de mayo del año en curso, le da vuelo a la pregunta de qué o quiénes están obstruyendo que fiscalías y jueces hagan lo que les corresponde para hacer valer la ley. ¿Qué tanto poder o tráfico de influencias hay detrás de esta otra impunidad?
