Abraza el Congreso a dos gremios heridos. Proteger a periodistas y defensores de DH
Para comprender por qué el periodismo necesita de las garantías constitucionales que le son inherentes igual que a cualquier ciudadano, sepamos que en estos momentos uno o más reporteros del tema de seguridad pública podrían hallarse en peligro al acudir a algún operativo policiaco o dar cobertura a hechos de violencia, encañonados por policías o militares que no han sido instruidos para entender, y fundamentalmente respetar, la labor de la prensa.
Con las armas oficiales o las del crimen apuntando hacia ellos, los que cubren la nota roja deben continuar adelante para informar a las audiencias la realidad real y no la versión manipulada a través del boletín oficial. Ésta es una de las razones por la cual la actividad que denuncia la acción delincuencial, la corrupción y las desidias y negligencia de impacto negativo en la sociedad reclama leyes, instituciones y voluntad política para hacer periodismo sin morir en el intento.
Allí se finca la preocupación que el viernes volvió a reunir a los comunicadores y las diputadas y diputados en el ejercicio de Parlamento Abierto convocado por la 64 Legislatura para abordar lo relacionado a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Si en el glosario de salvaguardas de la Carta Magna la libertad de expresión y el derecho a la información estuviesen verdaderamente emancipadas, ni caso tendría regresar otra vez al Congreso.
Estuvimos allí cuando en febrero de 2019 la anterior Legislatura, la número 63, convocó a los foros de análisis de aspectos estructurales para la formulación de la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, posteriormente en junio del mismo año para presentarle al Congreso la correspondiente propuesta ciudadana, en noviembre al dársele las lecturas de trámite y turnarla a dictamen, así como el 17 de noviembre de 2021 para ratificarla ante la Cámara hoy en funciones.
Sin embargo, vale resaltar, primero, el momento crucial en que la 64 Legislatura convocó al ejercicio de Parlamento Abierto en relación a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y, segundo, el compromiso de los legisladores de las bancadas de todos los partidos e independientes, rubricado por el Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, de ser aliados de los gremios de prensa y ombudsman.
Valió la pena que el Poder Legislativo escuchara de nuevo y que los periodistas retomaran ese proceso que hasta la fecha es más de catarsis que de desencuentros. Al final surgió el pacto solidario cuya concreción se fundó en la crudeza y espontaneidad al refrendar la situación de riesgo permanente de los dos sectores hermanados en la defensoría social y la sensibilidad de los asambleístas que por unanimidad han determinado continuar el trámite de la iniciativa ya sea así como está, enriqueciéndola con aportes de avanzada, o bien abriendo cauces para perfeccionarla en el entendido de que todo precepto legal es ajustable conforme evolucionen las circunstancias.
Feliciano Castro dijo compartir “desde hace muchos años la indignación que genera el agravio hacia el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la lucha por la defensa de los derechos humanos”. “Todo agravio en su contra es también un agravio para el Congreso del Estado. Las diputadas y diputados somos aliados de los periodistas y defensores de derechos humanos; tenemos voluntad de legislar para protegerles pues es inaceptable todo acto de violencia en su contra”, expuso.
Resultó alentador que los líderes de las bancadas coincidieran con el presidente de la Jucopo. Alba Virgen, coordinadora del grupo del Partido Sinaloense, señaló que el compromiso de la Legislatura es garantizar la libertad de expresión en Sinaloa, y Ricardo Madrid, al frente de la diputación del Partido Revolucionario Institucional, manifestó preocupación “por la situación alarmante que enfrentan en el País las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Por su parte Celia Jáuregui, del Movimiento Ciudadano, confió que el Congreso pueda aprobar una ley sólida y de avanzada en la materia; María Guadalupe Cázares, por el Partido del Trabajo, opinó que hace falta un apoyo irrestricto para garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, y para Adolfo Beltrán, diputado sin partido, Las agresiones a periodistas y ombudsman es tema de mucha importancia y reflejo de la descomposición que se vive en México.
Al final de cuentas resultó alentador que legisladores, periodistas y defensores de derechos humanos regresaran a la mesa de diálogo después de que la iniciativa de ley de protección quedó empantanada en el proceso parlamentario desde noviembre de 2019. Al menos los integrantes de la 64 Legislatura revivieron la expectativa de que la Cámara, el gobierno de Rubén Rocha Moya, los órganos de procuración e impartición de justicia, y los mismos comunicadores y medios, unan esfuerzos en defensa de estos dos gremios torales para la defensoría social.
Y, en efecto, la representación popular abrazó a periodistas y defensores de derechos humanos en la circunstancia actual donde la solidaridad del Legislativo y sociedad significan demasiado al ser cuestión de vida o muerte.
¡Son bastante necesarias,
En este tiempo violento,
Esas manos solidarias,
Esas muestras de aliento!
De la expeditez y profundidad con que realice la investigación sobre los fideicomisos opacos de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, depende que la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, reciba de parte del Congreso la oportunidad de ocupar el cargo hasta 2024 cuando termina el período para el que fue designada. Sobre ella se ha colocado una lupa mucho más potente que la que utiliza el órgano fiscalizador.
