La traición al ombudsman y periodismo Sigue la 64 Legislatura: nuevo voto de fe
Este mes el Congreso del Estado realizará tres sesiones de Parlamento Abierto, una de éstas el día 17 para retomar la urgente aprobación e implementación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el terrible contexto nacional que no da tiempo para posponer aquel proceso que inició en Sinaloa en 2019 y dejó trunco la anterior Legislatura. Todo indica que esta vez sí existe la sensibilidad, consensos y condiciones tendientes a ponerles ese gran puntual jurídico al ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información.
El presente recalca el ultimátum a legislar para cuidar al periodismo auténtico y fortalecerlo con escenarios de certidumbre y garantías legales. Los crímenes que en enero agregaron a la lista fatídica a cuatro comunicadores (dos en Tijuana, uno en Veracruz y el más reciente en Michoacán) punzan en la de por sí temerosa mentalidad de que una noticia fundada en el rigor periodístico puede costarle la vida a quien la logra. La delincuencia sabe que sólo la muerte doma al buen reportero y está al tanto también del desinterés del gobierno por proteger a este segmento social.
Entonces a la 64 Legislatura le corresponde retomar el trámite camaral que en noviembre de 2019 dejó en suspenso la ley de protección a ombudsman y periodistas, pasándola a dictamen con la maldición de nunca más recuperarla de tal archivo muerto. A partir de allí reinó el silencio y nunca se supo por qué la asamblea popular, con mayoría de diputados del Movimiento Regeneración Nacional, optó por “congelarla”.
Vale la pena echarle un repaso al largo y esperanzador trayecto recorrido hasta llegar la fallida iniciativa al punto muerto. En 2017, después de que asesinaron a Javier Valdez Cárdenas, ícono nacional e internacional de la perspicacia y valentía del periodismo sinaloense, el entonces Gobernador Quirino Ordaz Coppel instaló mesas de trabajo para crear el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas convocando a directivos de medios de comunicación, defensores de derechos humanos, líderes de opinión y organizaciones promotoras de prensa libre como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y Committee to Protect Journalists.
Allí se plantearon bases importantes para fundar el resguardo de la vida y los derechos de periodistas, pero la objeción surgió cuando el Gobierno del Estado quiso tomar la rectoría total del Mecanismo. La ruptura empezó junto a la pregunta de cómo denunciar las agresiones ante servidores públicos si en varios de los casos de ataques y amenazas eran los principales señalados de cometerlas. Estaba sangrante la herida de la impunidad en los casos de Javier Valdez, Óscar Rivera, Gregorio Rodríguez y Humberto Millán, entre otros.
Después de tan insatisfactorio intento en busca de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio y la organización civil Iniciativa Sinaloa convocaron a una ronda de experiencias en materia de ataques a la libertad de expresión, acordándose con reporteros y medios de todo el estado una agenda mínima de trabajo para atender las inquietudes allí expuestas.
En esa dinámica vino la convocatoria de la 63 Legislatura, concretamente de quien fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, para realizar la “Consulta de Análisis y Aspectos Estructurales para la Formulación de Iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, una actividad que levantó expectativas tan grandes como el largo nombre asignado al foro.
Del 21 de febrero de 2019, al efectuarse el primer panel en Culiacán, hasta el 4 de mayo del mismo año que se realizó la mesa de trabajo plenaria después de los encuentros con comunicadores del centro, norte y sur de Sinaloa, fue posible lograr una radiografía nítida de la situación de permanente riesgo en que están defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas. Era el momento idóneo para empujar la ley de protección.
Finalmente, la iniciativa provino del lado cívico que tiene que ver con la defensoría social que realizan estos sectores. El 13 de junio de 2019 fue entregada al Congreso como resultado del esfuerzo conjunto entre la Asociación 7 de Junio, Iniciativa Sinaloa, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, la Comisión de Atención a Víctimas, y a título ciudadano Óscar Loza Ochoa, Raquel Zapién Osuna, Francisco Cuamea Lizárraga, Luis Alberto Díaz y como solidarios una extensa lista de comunicadores, ombudsman y luchadores sociales.
Podría darse por cubierto el tema de la consulta y también existe la posibilidad de que los sujetos amparados por la propuesta de Ley de Protección estén o entren en estado de desánimo por la mala jugada de la anterior Legislatura, la 63, al alentar aquella ilusión y dejarla exactamente en la fase de quimera en que ha permanecido durante años. De ser así, qué lamentable optar por la indefensión en vez de caer en otro nuevo engaño parlamentario.
Pero en el mejor de los escenarios, los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales debiéramos acudir al Parlamento Abierto a defender la iniciativa ciudadana de Ley de Protección siempre y cuando las bancadas, Comisiones y la Jucopo convenzan que, todo indica que así será, van decididos a resanar esos huecos legales que han costado la vida de muchos que ya no están en las trincheras de defensa de los sinaloenses.
Que ayude el Parlamento,
A acabar con el cinismo,
De darle sólo un ‘lo siento’,
El gobierno al periodismo.
La víctima número 53 del sexenio de López Obrador cayó con el último día de enero al ser asesinado en Zitácuaro el periodista Roberto Toldo, del medio Monitor Michoacán. Sin palabras.
