25 años del Estatuto de Roma: una lucha continua por la Justicia Penal Internacional

Un 17 de julio hace 25 años, 120 Estados firmaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2002. Este tratado estableció, por primera vez, un Tribunal Penal Internacional de naturaleza permanente encargado de investigar y enjuiciar a los más altos perpetradores de los crímenes más graves bajo el derecho internacional, es decir, los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

A partir de entonces, cada 17 de julio se conmemora el Día de la Justicia Penal Internacional, a fin de reconocer la relevancia del acuerdo al que, en 1998, llegaron los miembros de la comunidad internacional para luchar contra la impunidad de los crímenes más graves que se cometen en el mundo.

A la fecha, 123 Estados, incluyendo a México, son parte del Estatuto de Roma, lo cual implica que la Corte Penal Internacional puede investigar y enjuiciar a los perpetradores de los crímenes internacionales que se cometen en su territorio o por alguno de sus nacionales. Además, la Corte puede conocer situaciones relativas a crímenes cometidos en el territorio o por los nacionales de Estados que no son partes al Estatuto de Roma, siempre que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita dicha situación a su consideración.

Actualmente, la Fiscalía de la Corte conduce investigaciones sobre 17 situaciones (Uganda, República Democrática del Congo, Darfur/Sudán, Kenia, Libia, Côte d’Ivoire, República Centroafricana [I y II)], Mali, Georgia, Burundi, Bangladesh/Myanmar, Afganistán, Palestina, Filipinas, Venezuela I y Ucrania) y monitorea otras 3 situaciones bajo exámenes preliminares (Nigeria, Venezuela II y República Democrática del Congo II).

Durante estos años, la Corte ha condenado a 10 personas (5 de ellas por delitos contra la administración de la justicia) conocido 31 casos individuales (aún mantiene a 7 personas en custodia), emitido 40 órdenes de arresto (16 personas permanecen fugitivas) y girado 9 órdenes de comparecencia.

No obstante estos avances, el panorama global después de 25 años de la adopción del Estatuto de Roma ha cambiado radicalmente, y los retos para la Corte no son menores. En distintos momentos, líderes o funcionarios de Estados inconformes con el actuar de la Corte han amenazado a sus funcionarios, quienes además se enfrentan a profundas limitaciones presupuestarias y en materia de cooperación.

El último de estos deplorables episodios se dio en marzo, cuando la Corte emitió una orden de arresto contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su Comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por los presuntos crímenes de deportación o traslado ilegal de niños en territorio ucraniano ocupado por Rusia. En respuesta, funcionarios rusos anunciaron, entre otras amenazas, la apertura de una causa penal contra el Fiscal de la Corte y tres de sus jueces. Ante este panorama, y otros retos que enfrenta el sistema de justicia penal internacional, cobra especial relevancia el apoyo que distintos actores, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, pueden brindar a la Corte.

Desde la negociación y firma del Estatuto de Roma en 1998, la sociedad civil nacional e internacional ha jugado un papel fundamental para asegurar que la Corte sea un tribunal independiente, bien financiado y cercano a las víctimas. Entre otras cosas, las organizaciones que formamos parte de la Coalición por la Corte Penal Internacional hemos informado los procesos de selección de jueces y fiscales, participado en las discusiones de la Asamblea de Estados Partes y contribuido con información clave sobre los crímenes que documentamos alrededor del mundo.

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha organizado eventos paralelos en las Asambleas de Estados Partes, participado en las mesas redondas entre la sociedad civil y funcionarios de la Corte y, derivado de la crisis de violencia y violaciones graves de derechos humanos cometidos en México desde 2006, ha enviado continuamente información a la Fiscalía sobre crímenes cometidos en México que podrían ser competencia de la Corte. Estos crímenes incluyen alarmantes cifras de asesinatos, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias que permanecen en la impunidad.

En particular, hemos informado a la Fiscalía que, bajo la estrategia de militarización de la seguridad pública implementada en el marco de la llamada guerra contra las drogas, tanto agentes del Estado como actores no estatales -a veces actuando en complicidad- han cometido crímenes bajo la jurisdicción de la Corte en territorio mexicano. Según cifras oficiales, más de 100,000 personas han desaparecido desde 2006, más de 287,254 han sido asesinadas, más de 25,250 torturadas, y 5,545, fosas clandestinas han sido localizadas. Todo ello, con una tasa de impunidad que supera el 90 por ciento. Es por eso que, ante la falta de respuesta en foro interno, la CMDPDH ha argumentado que la Corte Penal Internacional es competente para investigar y enjuiciar a los más altos responsables de cometer dichos crímenes.

Ahora bien, para hacer frente a los retos del futuro, la Corte debe contar con suficientes recursos que le permitan investigar y enjuiciar a los más altos perpetradores de los crímenes más graves. Sólo así, y con la cooperación de los Estados para el funcionamiento del sistema, se podrá llevar justicia a las víctimas de atrocidades masivas en el mundo. La adopción de un presupuesto insuficiente, que no corresponda con la carga de trabajo de la Fiscalía y los Jueces de la Corte, puede derivar en una denegación de justicia.

En el 25 aniversario del Estatuto de Roma, no solo conmemoramos el hito histórico que supuso su firma, sino que reflexionamos sobre los desafíos pendientes y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia penal internacional. Los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión son atentados contra la dignidad humana que no deben quedar impunes. A pesar de las amenazas y obstáculos, la Corte Penal Internacional sigue siendo un baluarte para la lucha por la justicia internacional y el fin de la impunidad.

Si bien el papel de la propia Corte Penal Internacional es crucial, un tribunal de esa naturaleza necesita del respaldo y la cooperación de los Estados, así como de las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo. Este aniversario es una oportunidad para renovar nuestra determinación y para seguir trabajando, tanto a nivel estatal como desde la sociedad civil, con miras a asegurar que los más altos perpetradores de estos crímenes respondan por sus actos y que las víctimas reciban la justicia a la que tienen derecho. La lucha contra la impunidad a nivel internacional es un camino largo y difícil, pero es uno que, unidos, debemos recorrer.

* El autor Carlo Carvajal es Maestro en derecho internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Actualmente es Oficial de Incidencia en la CMDPDH.

Referencias

1. Según el Documento de política general sobre exámenes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

2. ICC, The Court Today, ICC-PIDS-TCT-01-135/23_Eng Updated: 16 June 2023, Disponible en esta dirección.

3. Idem.

4. ICC, Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comunicado de prensa de 17 de marzo de 2023, disponible en esta liga.

5. DW, CPI rechaza “amenazas” por ordenar la captura de Putin, 22 de marzo de 2023, disponible en esta liga.

6. CMDPDH, De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México.

7. Respuestas a solicitudes de información: FGR

8. Animal Político, México, territorio de impunidad, 3 de febrero de 2023, Disponible en esta liga.