"SCJN exige reabrir el Fideicomiso Río Sonora"
Ciudad de México (SinEmbargo).– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia sobre una de las tres solicitudes de amparo para reabrir el Fideicomiso Río Sonora, los cuales interpusieron las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en el año 2014.
De acuerdo con la organización PODER, que ha acompañado a las comunidades afectadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoció, por unanimidad, que la reparación del daño que hizo la minera de Germán Larrea Mota Velasco “no fue adecuada”.
“Ganamos por unanimidad el caso que cuestiona la reapertura del Fideicomiso Río Sonora. Es decir, la SCJN decidió que se reabra el Fideicomiso. Decidieron amparar a las comunidades y reconocer que la reparación no fue adecuada”, informó la organización.
El 6 de agosto de 2014, México sufrió un desastre ambiental por un derrame minero. Fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.
El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas.
Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificación publicada en el DOF el 22/11/2000), así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame.
Las medidas de restricción fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 pecuario; 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos) ubicadas a 500 metros de cada margen del río.
Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, planteó la organización PODER.
Desde agosto de 2019 se preveía que la Segunda Sala de la SCJN resolvería uno de los tres amparos sobre el uso y reapertura del Fideicomiso Río Sonora, por lo que ese mes miembros de los Comités de Cuenca Río Sonora exigieron afuera de la sede a los ministros fallar a su favor para que Grupo México repare los daños causados.
El monto del Fideicomiso destinado para atender las afectaciones en salud de las personas fue de 7 millones 805 mil 010 pesos (10 por ciento del total del rubro en salud), frente a los 32 millones 415 mil 798 pesos destinados en comunicación social como spots proyectados en Cinemex, propiedad de Germán Larrea, sobre la supuesta remediación de los daños en los ríos de Sonora.
El 90 por ciento restante del rubro de salud (71 millones 080 mil 280 pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”, ubicada en Ures, cuya operación estuvo en riesgo. El Fideicomiso también se comprometió a construir un Centro de Salud que operaría de 2015 hasta 2019. Pero quedó en obra negra.
De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora y PODER, siguen manifestaciones de enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer.
Los metales pesados que traían el derrame son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos por medio de agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer, por lo que PODER pide a las autoridades seguir monitoreando y atendiendo las afectaciones a la salud que irán creciendo con el tiempo.
