"Nuevo abogado del General Cienfuegos afirma que Gobierno de México no le paga por defenderlo"
WASHINGTON._ Edward V. Sapone, abogado del General Salvador Cienfuegos Zepeda, aclara que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le está pagando para defender a su cliente de la acusación por narcotráfico y lavado de dinero en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.
“La familia del General Salvador Cienfuegos Zepeda lo quiere mucho y me ha contratado para representarlo en la acusación federal en su contra en Brooklyn. Recientemente, empecé a hacerlo. Esta representación es un contrato privado entre el General y yo”, aclara Sapone en entrevista.
La versión de que el gobierno de AMLO pudiera estar pagando por la defensa de Cienfuegos Zepeda fue una extrapolación de una mención en la biografía de Sapone en Internet que lo identifica como “abogado defensor para asuntos penales del gobierno de México a través de su Consulado en Nueva York”. Sapone explica que durante 19 años ha tenido una iguala con el Departamento de Protección de dicho consulado en Nueva York para defender a cientos de connacionales que han sido investigados o acusados formalmente de delitos menores o infracciones.
Sin embargo, reitera que el caso de Cienfuegos es aparte a su “relación institucional” con el Consulado. “El Consulado no me contrató para representar al General Cienfuegos, ni tampoco me paga. Son dos contratos separados y distintos. Uno no tiene nada que ver con el otro”.
Sin embargo, reitera que el caso de Cienfuegos es aparte de su “relación institucional” con el Consulado. “El Consulado no me contrató para representar al General Cienfuegos, ni tampoco me paga. Son dos contratos separados y distintos. Uno no tiene nada que ver con el otro”.
Sapone está listo a defender a Cienfuegos en un juicio que no se sabe cuando empezaría. “El General Cienfuegos se ha declarado no culpable en cada uno de los cuatro cargos. Tiene derecho a que se presuma su inocencia en las acusaciones en su contra. Soy abogado litigante y he formado un equipo que incluye a experimentados litigantes y personal de apoyo, pues me propongo defender enérgicamente al General Cienfuegos contra las acusaciones que se le hacen”, me dijo.
La mayoría de los consulados de México en Estados Unidos tienen igualas por lo general modestas con consultores jurídicos para defender a los connacionales más vulnerables cuyos derechos son o pueden ser violados; personas con mucha necesidad.
El caso de Cienfuegos Zepeda no encaja en esa categoría. Su familia al parecer tiene recursos para pagar un despacho como Sapone & Petrillo que no está entre las firmas elitistas que cobran 1,600 dólares por hora, tipo Quinn Emanuel. De acuerdo con Legal Trends Report, la tarifa promedio de un abogado en Nueva York era de 344 dólares la hora en 2017.
Traté de comunicarme con el Cónsul General en Nueva York Jorge Islas López, pero su asistente declinó pasarme la llamada. En lugar, me conectó con Jorge Tuddón, “consejero de prensa y medios”, quien de entrada me dijo que el Consulado no iba a decir nada sobre Cienfuegos Zepeda. Cuando aclaré que mi llamada era para tratar de corroborar la relación del Consulado con Sapone, prometió llamarme más tarde tras consultar al Cónsul. No llamó. Al día siguiente, insistí por Mensaje Directo vía Twitter. “Estamos preparando una respuesta. En cuanto la tenga, te la comparto. ¿A dónde te la podría enviar?”, me respondió. Fue la última comunicación. Hace 11 días.
Cienfuegos Zepeda fue arrestado el 15 de octubre en Los Ángeles, y trasladado a Nueva York dos semanas después. Una fuente en la SRE que pidió el anonimato me dijo que, ante su inminente llegada, Islas solicitó formalmente a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior “instrucciones precisas” sobre la asistencia consular que debería prestarse al detenido, en comunicado interno fechado 22 de octubre. Días más tarde, la referida Dirección respondió con un severo “extrañamiento” al Cónsul en Nueva York por haber pedido instrucciones sobre una materia que debería conocer: la protección consular.
EL PRESO NÚMERO 66454-112
Acusado de asociación delictiva para distribuir e importar drogas y lavado de dinero, Cienfuegos se declaró “no culpable” en la Corte Federal del Distrito Este, el 5 de noviembre. Enlazado desde el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, Nueva York, donde está recluido sin derecho a fianza, compareció ante el magistrado Steven Gold quien leyó los cargos a través de una interprete. La próxima audiencia, que por hora sería presencial, está agendada para este miércoles 18 de noviembre con la jueza federal Carol Amon.
De acuerdo con la ficha del mencionado Centro de Detenciones Metropolitana, Cienfuegos Zapeda es el preso número 66454-112, de 72 años de edad, raza blanca, sexo masculino y con fecha desconocida para salir libre.
Es el segundo secretario de Estado mexicano en enfrentar la justicia estadounidense en siete meses por cargos de narcotráfico después de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos están recluidos en la misma prisión.
La captura de Cienfuegos Zepeda sorprendió y aparentemente molestó al Gobierno de México. Por 14 meses, Washington mantuvo en secreto la investigación clandestina que realizó la DEA sobre el militar.
Documentos de la Corte revelan que los agentes de la DEA lo vigilaban 24 horas al día. No fue hasta que Cienfuegos estaba bajo la custodia de Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles que el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard finalmente se enteró e informó a la opinión pública a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo a filtraciones de la SRE, Ebrard se habría comunicado telefónicamente con el saliente Procurador General William Barr. Fuentes diplomáticas se limitaron a confirmar que la llamada tuvo lugar. No se informó si Ebrard reclamó a Barr el secretismo o le pidió compartiera el expediente penal del General.
La sorpresiva detención de Cienfuegos Zepeda pone en entredicho la presunta relación de confianza y amistad con el gobierno de Trump que ostenta López Obrador. Se desconoce si tendrá consecuencias en la cooperación en materia de seguridad en el corto plazo.
Entre las medidas que pudiera tomar el gobierno de AMLO se han mencionado redefinir el papel de las agencias policíacas y de espionaje, reevaluar la relación militar, frenar las extradiciones, y suspender el entrenamiento de militares y policías mexicanos en Estados Unidos.
El manejo de casos similares contradice la explicación del Embajador Christopher Landau, de que las reglas de secrecía del Gran Jurado que acusó a Cienfuegos Zepeda en agosto de 2019 lo obligaron a callar.
Estados Unidos sí avisó a México sobre la acusación cerrada de un Gran Jurado contra Tomás Yarrington casi un año antes de que la Fiscalía en Texas develara el encausamiento en diciembre de 2013.
No sólo eso, México fue invitado a cooperar en la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas.
“El gobierno de Estados Unidos también reconoce con agradecimiento la asistencia recibida por el gobierno de México en el curso de esta investigación, incluida la compartición de evidencia y conocimiento” (Former Gobernor of State of Tamaulipas, Indicted in Southern Texas, FBI, comunicado de prensa, 2/12/2013).
Gobiernos y embajadores estadounidenses han tratado de evitar sorpresas políticas que arriesguen intoxicar la interlocución.
Pero la historia muestra que la premisa de “no sorpresa” (no surprise) sobre investigaciones secretas, acusaciones penales cerradas y señalamientos de mexicanos prominentes en listas negras han sido más una buena intención que una guía en el trato bilateral.
En 1998, el operativo secreto “Casablanca”, que resultó en la aprehensión de ejecutivos de bancos mexicanos, indignó a Ernesto Zedillo. En 1990, el secuestro secreto de Humberto Álvarez Machaín por mercenarios pagados por la DEA, provocó un sisma en la relación que resultó en la reducción de los agentes de la DEA en México.
“Fue la molestia más grande en la relación, no sólo el punto más bajo. Fue un problema que estuvo presente durante todo el tiempo que permanecí en México”, me dijo John Negroponte, cuando le pregunté si el secuestro del médico mexicano había sido la peor crisis que enfrentó en cuatro años de embajador en México (Así Nos Ven, página 118, Planeta, 2019).
LA PRESUNTA NOTA DIPLOMÁTICA
Marcelo Ebrard dijo que expresó el “descontento verbal y por escrito” al gobierno de Trump. Según Roberto Velasco, su Director General para América del Norte, el reclamo se hizo a través de una nota diplomática. Declinó compartirla, aduciendo a que el “Canciller o el Presidente darán a conocer los detalles” después de los comicios presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre. No han vuelto hablar sobre la supuesta nota. Siguen esperando a que Donald Trump conceda su derrota.
En mayo, Ebrard hizo lo que ningún antecesor suyo había hecho. Leyó públicamente la nota diplomática pidiendo al gobierno de Trump “toda la información” sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
Estados Unidos respondió dos meses después, pero Ebrard no leyó el texto por video. De hecho, no ha dicho nada sobre su contenido. Velasco se excusa diciendo que fue remitida a la Fiscalía General de la República. Niega que haya inconsistencia en el manejo mediático de las notas diplomáticas.
En la última década, la DEA ha adquirido más poder de decisión y facultades operativas que las fuerzas nacionales. Ha subordinado a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional. Ha dado órdenes al personal de seguridad mexicano, arrestado, comprado testigos, infiltrado cárteles, e interceptado teléfonos y comunicaciones.
Todo en territorio nacional. Seguido ocurre que ni el embajador estadounidense en turno conoce el alcance de sus operaciones extraterritoriales. Lo mismo se puede decir del FBI, la CIA, el ICE, la ATF y los Alguaciles.
El tiempo dirá si la nota diplomática que Velasco dice Ebrard envió al gobierno de Trump es llamarada de petate para consumo mediático o si realmente el gobierno obradorista irá más allá de la retórica para tratar de impedir que el caso Cienfuegos Zepeda sienta precedente.
